POLITICA

Denuncian una licitación millonaria en el Consejo de la Magistratura

Compraron por más de 270 millones de pesos un software que ya era propiedad del Poder Judicial. Quién está detrás de la empresa.

Foto:complementos.jus.gov.ar

Las repercusiones sobre supuestas “irregularidades” en el manejo de fondos del poder judicial a través del Consejo de la Magistratura, que fueron reveladas en Perfil, elevó al máximo la temperatura del ámbito judicial.

La Magistratura -además de seleccionar, sancionar o remover jueces- es el órgano encargado de administrar el presupuesto del poder judicial que para el 2015 ascenderá a más de 15 mil millones de pesos. La última de las “ilegalidades” apunta a la “simulación” de una licitación “millonaria” para adquirir un Software que ya pertenecía al poder judicial, según denunciaron abogados, jueces y funcionarios judiciales enojados ante el proyecto de “Informatización” del servicio de Justicia en todo el país habría “fracasado”.

El software se adquirió a partir de una licitación millonaria que costó $70 millones con gastos adicionales de $200 millones de pesos en adquisición de computadoras e insumos, aunque el monto final de instalación, adecuación, capacitación de personal, horas trabajadas, y mantenimiento resultaría “incalculable”. Perfil.com accedió a documentación que permitiría comprobar que la maniobra millonaria encubriría una “simulación” además de haber sido realizada a través de “normas derogadas”.

La licitación se hizo a través de la Comisión de Administración Financiera y con la firma del Administrador General, Germán Krieguer (quien negó las irregularidades ante las consultas de Perfil.com), sin título habilitante, tal como lo denunciaron la Coalición Civica, a través de la diputada Paula Oliveto Lago y el abogado Ricardo Monner Sans en la justicia federal. “Lo significativo en el caso es que el Poder Judicial ya era propietario por adquisición oportuna de sus códigos fuentes”, explica Athos Aguiar, ex asesor de la magistratura quien impugnó el proceso licitatorio desde 2006 incluso ante la Corte. “Vender lo ajeno tiene una calificación penal específica; cuando un administrador compra lo que sabe que ya es de su administrado, también”, advirtió el abogado.

“Ante un trámite muy oscuro que evitó observaciones, la ambigüedad de esta propuesta es dar una carta blanca para un plan informático que o no existe, o no saben, o no pueden, o no quieren explicar en qué consiste”, advirtió Aguiar a Perfil.com. “Esta proceso debió incluir el estudio diagnóstico organizacional y sistémico pero lo concreto es que el consejo advirtió una posibilidad ante los sobrantes presupuestarios disponibles e implementó un plan de infraestructura informática que significa un retroceso.”

“Entre todas las irregularidades que fueron surgiendo en el proceso licitatorio, se advirtió que el proyecto de Unitech – Indra se basaba en un aplicativo cuya replicación se había prohibido por una Resolución 2008, por su ineficacia. Unitech Indra corría con el caballo del comisario, hasta que súbitamente fue desbancada. Presentó una serie de impugnaciones muy bien desarrolladas, que después retiró”, continuó el abogado. “En tanto el de la empresa ganadora Atos Origin – Base 100 usaba el mismo aplicativo, reformulado que había sido instalado en el fuero civil (Multilex) fuertemente criticado por sus graves deficiencias y limitaciones”, explica el jurista.

Aggiornado. Desde el año 1996, la empresa española Transtool S.A, cuyo accionista mayoritario es el empresario Eloy Gómez Gutiérrez, estaba a cargo del sistema informático de la Cámara Civil. Lo señalan en tribunales como el pionero en suministrar soportes informáticos a través de excesivos contratos con organismos estatales. En el año 2000 el poder judicial en una operación “inaudita y millonaria” le compra a la empresa española el “Código fuente” o su “Know how” del software. Es decir, la “llave” para “acceder a información sensible con la posibilidad de modificar el sistema, o manipularlo” explicaron varios de los informáticos que denunciaron “irregularidades en sus salario” con el aval de Julio Piumato. Tras varios intentos fallidos posteriores como fueron los proyectos informáticos Projum, patrocinado por el Banco Mundial que habría tenido un costo de cinco millones , o el Unisys, o el “juzgado virtual” impulsado por una sociedad civil sin costos para el estado, en el 2008 el poder judicial lanza su “plan de Informatización”.

En 2010, en pleno proceso licitatorio, previo a varias impugnaciones de las empresas competidoras Lex doctor e Unitech que resultaban previsibles ganadoras por cumplir con las bases y condiciones del proceso, hubo un giro inesperado. De repente, resultó adjudicataria la UTE compuesta por las empresas Atos Origine Argentina y Base 100 por 70 millones de pesos, explican los denunciantes.

La Ute triunfante está vinculada a Eloy Gómez Gutiérrez, propietario de Transtool S.A y de Base 100, según documentación a la que accedió Perfil.com a partir de fuentes de España que facilitaron la información. Gómez Gutiérrez, mantendría un férreo vínculo con el Secretario Legal y Técnico, Carlos Zanini.

El mismo, que habría dado la orden de adjudicar a Atos Origine Argentina S.A y Base100, explicaron altas fuentes judiciales. El acceso al “Código fuente” le permitiría al Gobierno el “manejo de información de extrema sensibilidad en la justicia” y la “manipulación” de los sorteos en causas federales, sentencian los técnicos que trabajan día a día con el sistema.

Los sorteos de la justicia federal desde la implementación del último software dependen de la Corte Suprema. Antes, las Cámaras Federales respectivas de cada fuero, eran las responsables, explican altas voces judiciales. Esto ha permitido que desde hace un tiempo Carlos Zanini marque territorio en la Justicia Federal a la que llegaría a través de un “topo”, Sergio Vargas, asesor legal del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, ratifican fuentes preocupadas.

Falta de controles. Según la denuncia de la diputada de la Coalición Civica, Paula Oliveto, desde el 2009 se “desmantelaron los mecanismos de control en el Consejo de la Magistratura y se limitó el manejo de fondos a la Comisión de Administración Financiera, presidida por el camarista laboral Mario Fera, y al Administrador General del Poder judicial, Germán Krieguer, sin título que lo habilite a sus funciones”. En tanto, Oliveto planteó la existencia de una “ingeniería financiera sustentada en un Comité de Inversiones creado en el año 2011 por Acordada de los ministros, que es manejado entre Corte Suprema y Consejo”.

Para la implementación del Plan de Informatización Judicial, que se lanzó en 2008, se creó una Unidad Ejecutora del Proyecto de Informatización conformada por cinco directores. Gabriel Mehlman, de Tecnología, Carlos Tate, de Seguridad Informática, Juan Carlos Cavo, Alejandro Falcone y Jorge Nasisi dedicados a la parte contable.

Impugnaciones. En el 2010, veinte organizaciones de la sociedad civil y la consultora especializada en Transparencia Institucional, Equity Group, observaron las “inconsistencias” del proyecto. También fueron observados los pliegos por la Cámara Laboral a través de su presidente el camarista, Ricardo Guibourg, la empresa INDRA, Equity Group, COS Manenimiento SA, BGH y otra empresa de Eloy Gómez Gutiérrez, denominada Sercobe.

Luego, Equity Group, inició un pedido de información ante el Consejo de la Magistratura que le fue “denegado” en varias oportunidades en sede administrativa. Ante la negativa, por primera vez se judicializa un pedido de acceso a la información contra el poder judicial que es rechazado en primera y segunda instancia del fuero contencioso.

Equity Group presentó un recurso extraordinario ante la Cámara y ahora la Corte deberá resolver si avala o no la “transparencia en el poder judicial”. “Con la negativa del consejo de dar información convalidada por el poder judicial, en los hechos se consolida un secreto de estado sobre el proceso informático”, explica Aguiar. “Nuestra Corte no cumple con los parámetros de control de convencionalidad a los que estamos obligados por pertenecer al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y esto es lo que hay que develar, porque pone en riesgo la seguridad jurídica de un país,
la libertad de expresión, los derechos de coparticipación y la vida de los habitantes” sentencia el abogado.

(*) Especial para Perfil.com.



Natalia Aguiar