POLITICA

El diario La Nación, el nuevo presidente y el retroceso en derechos humanos

El futuro de los juicios a los represores y un pedido de amnistía que crece frente al cambio de gobierno.

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Foto:Cedoc

Argentina se ha convertido en un actor protagónico en materia de derechos humanos en el mundo. Ningún otro país ha logrado reconvertir la tragedia de los crímenes de lesa humanidad en un auspicioso proceso de memoria, verdad y justicia. No existe otro antecedente que defina mejor al aporte que la Argentina puede hacerle al mundo. Esto es reconocido por intelectuales, diplomáticos, juristas y representantes de organismos internacionales y organizaciones civiles de todo el sistema internacional. Pero este auspicioso paradigma está siendo cuestionado.

El diario La Nación ha publicado en las últimas semanas editoriales que van en ese sentido. El primer texto apareció el 16 de agosto y se tituló “Memoria y reconciliación”, donde se menciona un encuentro realizado en la Universidad Católica Argentina (UCA). Sin reparar en que la jurisprudencia nacional e internacional no tiene dudas acerca de los distintos niveles de responsabilidad sobre la violencia reciente, donde el terrorismo de Estado es infinitamente superior al ejercido por las organizaciones guerrilleras, La Nación equipara a las “víctimas de la represión y la acción terrorista”, habla de una “guerra interna” durante la dictadura y reclama “una amnistía amplia que permita luego mirar hacia adelante y construir el futuro en paz y confraternidad”.

La Nación dio luego un paso más y el 21 de agosto tituló “Reconciliación, indultos y amnistía”. Esta editorial proclama inquietud por la sanción de una reciente ley que “prohíbe amnistiar, indultar o conmutar las penas” para delitos de genocidio. Pero también manifiesta entusiasmo porque “después de más de una década de siembra constante y perversa de resentimientos, odios, divisiones y enfrentamientos entre los argentinos, nuestro país tendrá pronto una oportunidad para promover la reconciliación”.

En ese marco, los principales investigadores del Conicet, académicos y docentes de las principales universidades del país sobre Historia Reciente han difundido un documento titulado “La democracia se construye con verdad y con justicia” donde advierten su “preocupación” por las intervenciones que “relativizaron la magnitud y cualidad de los crímenes y la represión estatal durante los años setenta en la Argentina, cuestionaron los juicios penales en curso contra perpetradores de violaciones a los derechos humanos y propusieron a los procesados y condenados por estos abusos como víctimas de un poder arbitrario”. Son sectores, señalan los investigadores, que “han demandado la reconciliación y el perdón como fruto de una negociación entre verdad e impunidad”, aunque “como lo demuestra la experiencia argentina, cuando la impunidad reina la verdad no aflora”.

En pocos días, más de cuatrocientos intelectuales, investigadores y docentes de la Argentina y países de la región que han sufrido dictaduras, como Uruguay, Chile y Brasil, y de representantes de universidades de Estados Unidos, México, España, Reino Unido y Francia, se han sumado a la proclama para oponerse a la revisión de un proceso que se inició con la Conadep y el Juicio a las Juntas de los ochenta y continuó con los juicios contra la impunidad de la actualidad. (El documento se puede ver aquí)

En una reciente conferencia dictada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, la docente Marina Franco, doctora en Historia e investigadora del Conicet, se refirió a dos argumentos que se pretende instalar:

a) La supuesta oposición entre verdad y justicia, para lo que se recurre al antecedente sudafricano post apartheid sin reparar en que es un caso inviable de comparar con el argentino: el modelo africano tuvo que ceder a las presiones impuestas por el régimen racista a la nueva democracia tutelada, que solo concedió verdad (que se conozcan los crímenes) pero sin justicia (los criminales no fueron acusados);

b) La idea de dos bandos: el diálogo entre víctimas o el juicio de todos los culpables. “El efecto es la anulación de responsabilidades y de la posibilidad de comprensión histórica de lo sucedido. Es decir, bloquea la posibilidad de entender el terrorismo de Estado como un proyecto y un sistema que se abatió sobre la sociedad en su conjunto, y cuyo objetivo fue disciplinarla y refundar las relaciones Estado-sociedad”, concluyó Franco.

Los investigadores no lo dicen en su documento, pero los sectores que intentan detener este proceso abierto desde el retorno de la democracia parecen estar convencidos de que el próximo presidente torcerá el rumbo en materia de derechos humanos para abrir una “nueva coyuntura”.

En el caso del PRO es evidente la decisión política de poner un freno al avance de los juicios contra represores. Destacadas figuras del espacio liderado por Mauricio Macri se opusieron públicamente a ese proceso y son muchos los líderes del macrismo que bregan decididamente por un cambio. El propio Macri declaró que si llega a ser presidente “se terminan los curros en derechos humanos”.

Pero el caso más paradójico es el del candidato del oficialista Frente para la Victoria. Daniel Scioli aún no se ha definido claramente al respecto –como suele hacerlo en el resto de la agenda pública–, pero basta recordar que fue muy crítico con la reapertura de los juicios en los primeros años del gobierno que se inició en 2003. El entonces vicepresidente de Néstor Kirchner dijo en 2003 que “en un país serio, las leyes no se anulan” cuando el Congreso declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, tal como lo recuerdan Santiago O’Donnell y Mariano Melamed en Derechos humanos. La historia del CELS, un excelente trabajo de reciente aparición que relata la historia del principal movimiento de derechos humanos en la Argentina.

Los principales expertos de derechos humanos del mundo señalan a la Argentina como un emblema y se refieren a su antecedente como un rumbo a seguir. Tal es el caso de la politóloga estadounidense Kathryn Sikkink, referencia obligada sobre justicia internacional y genocidio, que acuñó el término de “cascada de la justicia” para recordar el ejemplo que Argentina le otorgó a los países que deben reparar violaciones a los derechos humanos.

Se trata, hay que decirlo, de un legado argentino para el mundo que ahora se ve seriamente amenazado.



Rodrigo Lloret