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El Gobierno blinda el acuerdo con el Correo y busca minimizar costos políticos

Referentes de Cambiemos salieron a defender el acuerdo. El plan de Aguad y el escepticismo radical y de la CC-ARI.

Aguad y Laspina
Aguad y Laspina Foto:cedoc
Luego del escándalo que provocó que se conociera que el Gobierno le perdonó una deuda millonaria al Correo Argentino, diferentes voces de Cambiemos salieron a defender el acuerdo.   

El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, afirmó que existe un error de la fiscal Graciela Boquín, quien rechazó el acuerdo por considerarlo abusivo. Según el funcionario, no se pueden actualizar las cifras de la deuda porque "la ley de quiebras lo impide".

Aguad también agregó que la posición que fue expresada en los dictámenes que se presentaron ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial parten de "un error de la fiscal". Asimismo, no dudó en señalar que Boquín es de "Justicia Legítima" y reemplazó a Alejandra Gils Carbó cuando asumió en la Procuración General. "No es un tema político, lo tenemos que resolver jurídicamente", sentenció según diálogo con radio Mitre Córdoba. 

Para aquietar el revuelo que generó en la oposición el acuerdo, el ministro de Comunicaciones -según informó Clarín-se comunicará con los referentes políticos parlamentarios para convocar a una reunión y aclarar cuestiones referidas a la condonación de la deuda con el Correo. 

Por su parte, Luciano Laspina, diputado nacional de Cambiemos, señaló que está seguro de que el presidente de la Nación "no tiene ningún conflicto de intereses" en la condonación de la deuda. Afirmó -al programa radial El primero de la mañana- que esta "se venía licuando, contrariamente a lo que dice la fiscal, que habla de una deuda que no está verificada. Es una deuda que la fiscal actualiza con algún método".

Laspina aseguró que "en algún momento había que resolverlo, porque hasta ahora el Estado no estaba cobrando ni un solo peso y la deuda se iba licuando".

En tanto, Juan Carlos Mocoroa, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, quien fue el encargado de defender la decisión adoptada por el Estado, afirmó que "a (Franco) Macri no se le perdonó un mango, ni siquiera los intereses".

En diálogo con Radio Nacional, detalló que hay que tener en cuenta que la ley de concursos y quiebras lo que prevé es que la acreencia no genera intereses. "Lo que se debe es un monto generalizado. Y muchas veces para arribar a acuerdos, se establecen planes de pagos. Y esos planes sí llevan intereses", especificó.

Escépticos. El que más cauteloso se mostró fue el diputado nacional por la Coalición Cívica ARI, Fernando Sánchez, quien señaló que están requiriendo toda la información necesaria del Poder Ejecutivo y de los organismos de control "para poder pronunciarnos con todos los elementos y tener una opinión clara sobre el acuerdo entre Correo Argentino y el Estado Nacional", según informa la agencia de noticias DyN.

Asimismo, detalló que tiene la obligación de asegurarse que no haya acuerdos perjudiciales para el Estado, que exista disponibilidad de toda la información para que este acuerdo quede claro. Además afirmó que el espacio hará un análisis de la negociación que también involucra a los gobiernos kirchneristas. 

Una de las voces más críticas fue la de Julio Cobos, senador nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), que cree que el acuerdo podría ser considerado nulo porque "hay que ver cuál es la competencia de este director. Para realizarlo se requiere un empleado de planta y con el respaldo de una resolución". 

El radical manifestó que estas cosas no pueden estar ajenas a un ministro o hasta al propio presidente. "Creo que la fiscal ha actuado bien diciendo esto no puede ser, esto es abusivo, veremos ahora cómo evoluciona este tema", sentenció.

El senador, en diálogo a radio El Mundo, mencionó que la salida de la convertibilidad originó reclamos porque había una salida de hecho pero no de derecho. Y agregó que era muy común que las empresas dejaran de pagar el canon porque no se les permitía subir las tarifas. Esto derivó en numerosos casos a juicios, los cuales la mayoría los perdió el Estado.