POLITICA EL KIRCHNERISMO Y LA JUSTICIA

El Gobierno enfrenta en Tribunales la peor cara del fin de ciclo

Se multiplican las investigaciones abiertas contra funcionarios. En la Rosada quieren “ordenarlas” antes de las elecciones.

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Foto:Marcelo Silvestro

El Gobierno esperó hasta último momento para delinear una estrategia frente a su fin de ciclo jurídico. Con causas en todos los frentes, que involucran a funcionarios del Gobierno y hasta al vicepresidente, el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, tomó nota de que las causas tienen que estar “ordenadas” antes de que se inicie la carrera presidencial en 2015, para que eso no afecte el proceso electoral. Aunque esto implique que en el interín Boudou sea procesado. Zannini es el principal lobbista jurídico del kirchnerismo desde que Javier Fernández tomó distancia de la Casa Rosada y el procurador Esteban Righi fue removido de su cargo.

“Como siempre, se deja todo para lo último”, dijo un vocero de un ministro a PERFIL. Es que lo que hizo caer en la cuenta al Gobierno de que está ante un final de ciclo jurídico fueron el embate del juez federal Ariel Lijo contra Boudou y la posibilidad real de que sea procesado. “La Justicia es una corporación, y si se siente atacada, contraataca. Lo que hay que hacer es garantizarles ciertas condiciones”, graficó un funcionario en diálogo con este diario. También es cierto que a medida que un Gobierno pierde poder, también resigna influencia en todos los frentes, incluso el judicial.

En este momento, además del caso Ciccone, en la Justicia se investiga al vocero presidencial, Alfredo Scoccimarro, al actual jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, al ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, al ministro de Planificación, Julio de Vido, a Aníbal Fernández y a dos ex secretarios de transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, estos dos últimos por la tragedia de Once.

Para armar el fin de ciclo jurídico, el Gobierno ya apeló a introducir fiscales y jueces de la agrupación Justicia Legítima, que surgió tras la declaración de inconstitucionalidad de la reforma judicial que impulsó Cristina Kirchner en el Congreso. Pero también apuestan a tener poder de negociación desde el Congreso. “Los gobernadores van a tener que entregar las listas de legisladores, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Eso te da una cuota de poder”, explicó un funcionario en diálogo con este diario.

Con Boudou se notó el cambio de estrategia y la idea de ordenar las causas. El vice tiene la intención de apelar su procesamiento a la Cámara Federal y luego a la de Casación Penal, y si es posible, llegar a la Corte, que no tiene plazos para dictaminar. La estrategia anterior era no apelar ninguna decisión que dispusiera un magistrado, pero el volantazo vino de la Casa Rosada. Con esto se podrían dilatar los plazos. Algunos se esperanzan con llegar a final de 2015 sin ninguna condena firme para Boudou.



Mariano Confalonieri