POLITICA REVÉS PARA EL CASO SAEIGH


El Gobierno dejó la querella en una causa de un civil contra la Dictadura

La secretaria de DDHH decidió abandonar el reclamo del empresario, secuestrado y torturado por una presunta situación irregular en un fideicomiso.

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Foto:Saiegh

En el marco de una serie de declaraciones que aportan definiciones sobre la postura del Gobierno respecto a la última dictadura argentina -la indefinición de Mauricio Macri sobre el número de desaparecidos y la referencia a una "guerra sucia", el Gobierno decidió esta semana retirar su co-querella del caso Saiegh, donde se investigan delitos perpetrados por un grupo de tareas de represores ligados a la Policía Federal, con la connivencia de civiles y funcionarios del Banco Central de la República Argentina.

Se trata del caso de Eduardo Saiegh, secuestrado el 31 de octubre de 1980 por un grupo de tareas de la División Bancos de la Policía Federal, junto a otros directivos del Banco Latinoamericano de Inversión que había fundado años atrás, según la causa. Saiegh aseguró que durante su cautiverio en varias dependencias de la Federal le aplicaron distintos métodos de tortura, con el fin de que "confesara delitos inexistentes" en el banco del que era directivo.

En base a su denuncia, el objetivo era despojarlo del banco, que tenía en caución acciones por varios millones de dólares de la aerolínea Austral, y que según su entender eran pretendidas por el entonces vicepresidente del BCRA, Alejandro Reynal y otros funcionarios, como el ministro José Alfredo Martínez de Hoz (ya fallecido) para supuestamente concretar un negociado con la estatización de esa empresa de aviación.

Saiegh denunció el hecho tras la recuperación de la democracia, pero su causa judicial tuvo numerosos obstáculos hasta convertirse en emblema. Recién con la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, se reactivó la vía judicial del reclamo. El denunciante aseguró que los hechos "resultaron un manifiesto acto de terrorismo de Estado enmarcado en un plan sistemático de desapoderamiento de bienes a integrantes de la comunidad judía en Argentina, por lo que constituyen crímenes de lesa humanidad y por ende imprescriptibles".

El abogado Alejandro Rua, defensor de Saiegh, explicó a Perfil.com los alcances de la medida del Gobierno: "Los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos presentaron un escrito afirmando que por instrucción del secretario (Claudio Avruj) desisten de la querella".

"Saiegh va a seguir con su lucha. Desde que la dictadura el Estado estuvo en su contra, él denunció esto durante esa época. Y la seguirá ahora. El luchó antes de la existencia de la Secretaría de DDHH y continuará ahora, sin ella", dijo. Y advirtió: "El retiro de la coquerella no puede ser entendido fuera del contexto. Sobre todo porque este caso involucra a más gente más allá de los nombres que están siendo acusados penalmente. Hay una acción civil que involucra a supermercados La Anónima y a la familia Braun. Ellos era también accionista con Reynal de la sociedad controlante de Austral. Contra ellos está dirigada la reparación económica buscada. Pero esta causa civil está supeditada a la penal".

Rua lamentó que el Estado abandonara la causa: "Para una víctima era importante no sentirse solo. Pero ellos eligieron ponerse del otro lado. Tal vez Braun tampoco querría sentirse solo".

Desde la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación explicaron a Perfil.com los motivos por los cuales se tomó la decisión de bajarse de la querella. Una alta fuente del organismo remarcó a este medio que “el objetivo principal, primordial y único de la Secretaría es, en su rol de querellante en las causas de lesa humanidad, la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia. Es el exacto mismo objetivo que la gestión anterior”.

“Lo que no queremos es nada que enturbie esta situación. Surgieron en este caso puntual elementos que contaminaron esto. Una web registrada por Saiegh hace promoción pública de un fideicomiso en donde se coloca al Estado argentino y a la Secretaría de DDHH como garante de los negocios allí ofrecidos. Se la puso en virtud del rol que la Secretaría tenía como coquerellante”, justificaron desde el área a cargo de Avruj.

Perfil.com ingresó a la web mencionada desde la Secretaría y comprobó, mediante el sistema de consultas públicas de Nic.Ar., que el sitio fue registrado en 2014 por “Eduardo Saiegh”. El sitio responde a las siglas “Fondo Fiduciario Latinoamericano de Inversión y Desarrollo Socio-Económico”. En su portada se publicita un “fondo de inversión de cien millones de dólares para proyectos productivos”.

“En la página de ingreso a la web, hay un apartado llamada ‘Seguro’ en donde se afirma que 'el BCRA es el deudor y el Estado Nacional respalda jurídicamente los derechos patrimoniales que estructuran el Fondo FLIDES, ya que dicha deuda es imprescriptible, y el Estado el responsable final’”, explicaron desde la Secretaría.

En la web hay un folleto descargable en PDF que subraya en varias instancias la figura del Estado como respaldo para la inversión. “La garantía del presente fideicomiso radica en el reconocimiento de los derechos patrimoniales que se reivindican por haberse constituido el Estado Nacional como co-querellante desde 2011”, señala el documento. “Esto nos alertó. Evaluamos que es inconveniente mantener el rol de querellantes. Esto no influye en absoluto en el proceso judicial porque tanto la querella del señor Saiegh y el fiscal mantienen y garantizan la normal prosecución del proceso”, consideraron.

“Pero entendemos que la situación cuando menos es inconveniente. Se busca Memoria, Verdad y Justicia y no otra cuestión ligado a lo económico, lo que no quita la validez o legitimidad en el reclamo que él hace. Pero no queremos ser parte de esta situación. Nos preocupa que se mezclen las cosas”, subrayaron.

La Secretaría de DDHH fue aceptada en octubre de 2011 como parte querellante de la causa y la decisión corrió por cuenta del entonces juez federal Norberto Oyarbide "con el objetivo de que se profundice la investigación".

El caso Saiegh es uno de los paradigmas de la responsabilidad civil y financiera en el terrorismo de Estado perpetrado por el gobierno militar, pero aún no tiene condenas.