POLITICA EL FUTURO DEL VICEPRESIDENTE

En el Gobierno admiten que si Boudou es procesado deberá tomar licencia

El juez a cargo de la investigación por la compra de la imprenta de billetes lo llamaría a declaración indagatoria tras el Mundial. Un sector del kirchnerismo promueve su alejamiento.

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Foto:Cedoc Perfil

“Más que el límite para Amado, es el límite para Cristina”. Con esa frase, un funcionario de la Casa Rosada de diálogo con el vicepresidente reconoció que si Boudou es procesado tendrá que dar un paso al costado del Gobierno. Si bien la Presidenta lo eligió como compañero de fórmula, el escándalo de la compraventa de la imprenta Ciccone Calcográfica le está haciendo pagar un costo político importante al kirchnerismo. Sobre todo en un momento donde la fortaleza institucional no está en sus más altos niveles.

En la Casa Rosada fijan el procesamiento como límite para su continuidad. La última palabra la tendrá la presidenta Cristina Kirchner. Para conocer el futuro de Boudou, hay que esperar a los primeros días después del Mundial. El juez Ariel Lijo podría llamarlo a indagatoria en las primeras semanas de agosto, pasada la feria judicial de julio. Sería uno de los pasos previos a un procesamiento. En el Congreso existen, además, varios pedidos de juicio político contra el vicepresidente.

Las posturas en el Gobierno están divididas. Hay sectores duros que creen que es necesario que Boudou dé un paso al costado si llega a ser procesado. El objetivo es doble: por un lado, se daría un mensaje de “purificación” al electorado justo unos meses antes del último año de gestión del cristinismo. Y por el otro, se “oxigenaría” la administración –despegándola del escándalo Ciccone– justo en el momento que empieza la campaña electoral para 2015. Después del Mundial, todo el aparato del oficialismo se volcará con fuerza a demostrar en la mayor cantidad de distritos posibles los “éxitos del modelo”. Varios ministerios ya están trabajando en la estrategia que lanzarán.

Pero otro sector del oficialismo piensa que Boudou debe acompañar a Cristina Kirchner hasta el final de su mandato, porque la condena social ya está instalada y porque, por más que pida licencia, la oposición va a seguir esmerilando la imagen de Cristina Kirchner con el “escándalo Ciccone”. Este mismo sector piensa que no es importante que se aparte, porque el fantasma de los negocios cuestionados no desaparecerá. “Si Macri está procesado y no pidió licencia, por qué lo haríamos nosotros”, repiten como un mantra.

La verdadera causa. El juez Lijo investiga al vicepresidente por negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y lavado de dinero. Además, en un anexo, estudia si Boudou se enriqueció ilícitamente. Cerca suyo aseguran que no hay elementos en la causa para perjudicarlo. Todo lo contrario: que debería ser sobreseído. Para ellos, este año habrá un largo proceso de testimoniales y no habrá medidas contra el vice.

Diversos funcionarios K, sobre todo los que vuelven a definirse como peronistas más que kirchneristas y piensan cómo rearmarse post 2015, creen que después del Mundial van a llegar las malas noticias para el vicepresidente. Creen que después de la marea de cambios post Mundial, un procesamiento lo obligará a salir formalmente del esquema gubernamental.
 
“Necesitamos eliminar el estigma de la corrupción y eliminar todos los vestigios del caso Ciccone”, confío uno de ellos a PERFIL. En el corazón del Gobierno, Amado Boudou tiene varios enemigos. El más poderoso es el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, que pretende sacarlo del gabinete desde hace rato. Por lo pronto, el vice no tiene diálogo con Cristina Kirchner desde hace tiempo, lo convocan para roles protocolares, para presidir las sesiones en el Senado y para las reuniones de labor parlamentaria.

Algunos funcionarios aseguran que la idea de quedarse con Ciccone Calcográfica no fue de Amado Boudou sino de Néstor Kirchner, que pretendía controlar una imprenta clave para la emisión de papel moneda. De hecho, después del escándalo, el Gobierno la expropió porque la considera un negocio estratégico.

Camino judicial. La Cámara de Casación Penal le denegó a Boudou el 16 de mayo un pedido para que lo sobreseyeran de la causa. Los abogados del vicepresidente sostenían que no había indicios o pruebas suficientes para investigarlo por el caso Ciccone. Pero la sala IV del máximo tribunal penal del país consideró lo contrario. El voto no fue unánime. Los camaristas Gustavo Hornos y Juan Carlos Geminiani entendieron que el vicepresidente utilizó una vía no idónea. Pero Mariano Borinsky apoyó los argumentos de Boudou: “Se le viene negando el derecho de discutir si la conducta por la que lo están persiguiendo judicialmente es delito o no lo es”.

La estrategia de los abogados de Boudou sería, al igual que ocurrió con Daniel Rafecas, tratar de apartar a Lijo. Sería un golpe fuerte para la causa. Hasta ahora, los fundadores de Ciccone y sus familiares involucraron directamente a Boudou en la compra de la imprenta así como también al socio de Boudou, José María Núñez Carmona. La Cámara Federal debe definir si anula o valida esas declaraciones.

Lo cierto es que, más allá del camino en los tribunales, la verdadera decisión de mantenerlo en el esquema de poder es política y depende de una sola persona: Cristina Kirchner.



Mariano Confalonieri / Lucas Morando