POLITICA EL FEROZ DESAPARECEDOR

Estremecedora confesión de Jorge Rafael Videla

En Disposición Final, de Ceferino Reato, Jorge Rafael Videla explicó por primera vez y en detalle el método por el cual el régimen militar detuvo y secuestró a miles de argentinos, los mantuvo cautivos en lugares clandestinos, los mató e hizo desaparecer sus cuerpos. Un documento único que reconstruye un pasado sangriento al que seguimos atados, pese a la muerte de quien fuera símbolo de aquellos años salvajes.

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Uno debería pensar que cuando decidieron tomar el poder, el 24 de marzo de 1976, los militares ya habían definido qué harían con los prisioneros considerados “irrecuperables”. Sin embargo, sostiene Videla que tanto él como sus colegas de la Junta Militar, el almirante Emilio Massera y el brigadier Orlando Agosti, protagonizaron el golpe sin saber bien qué hacer con esos miles de personas.

—Nosotros no tomamos esa decisión antes del golpe sino cuando se nos presentó el problema de qué hacer con esa gente, que no podía ser fusilada públicamente ni tampoco podía ser condenada judicialmente. Entramos a la guerra sin saber qué hacer con todas las personas que eran el costo necesario para ganarla. La solución fue apareciendo de una manera espontánea, con los casos de desaparecidos que se fueron dando. Casos espontáneos pero que, repito, no eran decididos por un joven oficial recién recibido; no, casos que eran ordenados por un capitán que, a su vez, recibía la orden del jefe de la brigada, que a su vez recibía la orden del comandante o jefe de zona.

Y agrega que, en realidad, “era una figura que venía de los gobiernos anteriores, del gobierno peronista, por ejemplo”, en especial luego de los decretos firmados durante el interinato del senador Italo Luder, a principios de octubre de 1975 (...).

Videla afirma que nunca se habló en Argentina de “Solución Final”.

—“Disposición Final” era una frase más utilizada; son dos palabras muy militares, y significan sacar de servicio una cosa por inservible. Cuando, por ejemplo, se habla de ropa que ya no se usa o no sirve porque está gastada, pasa a Disposición Final. Ya no tiene vida útil (...).

En la primera y hasta ahora única lista de desaparecidos encontrada desde la recuperación de la democracia, figura la sigla DF (Disposición Final) al lado de 195 de los 293 nombres de detenidos en la jefatura de la Policía de Tucumán. El documento fue aportado el 15 de junio de 2010 por Juan Carlos “el Perro” Clemente, un militante de la Juventud Peronista que luego pasó a colaborar con la represión ilegal, durante un juicio a policías y militares. La lista había sido confeccionada a máquina por los represores, y los nombres aparecen por orden alfabético, con su alias o presunto “nombre de guerra”; en la tercera columna figura el destino de cada uno de ellos: “DF”, “Libertad” o “Disp. PEN”, en alusión a los detenidos que eran “blanqueados” y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Según el Régimen Funcional de Logística del Ejército, la Disposición Final es “la actividad logística mediante la cual se determina el trámite a dar a los efectos finales irrecuperables, obsoletos o que han perdido sus condiciones antes de su baja del patrimonio”. Disposición Final ya aparece en Conducción para las Fuerzas Terrestres, de 1968, y continúa vigente en los cambios introducidos en los reglamentos por el gobierno de Cristina Kirchner.

La Junta Militar era la autoridad suprema del país, y estaba formada por los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Los tres elegían en forma unánime al presidente de la Nación, que debía ser un oficial superior de las Fuerzas Armadas, en actividad o retirado. Videla fue el primero, hasta 1981, y mantuvo el cargo clave de jefe del Ejército hasta mediados de 1978, cuando fue reemplazado por su aliado, el general Roberto Eduardo Viola. Videla asegura que la Junta Militar nunca se reunió para debatir el destino de los prisioneros “irrecuperables”.

—No hubo una reunión de Junta para decidir esto; cada Fuerza lo fue decidiendo a medida que se iban produciendo los hechos. La guerra contra la subversión no fue competencia de la Junta Militar sino de cada Fuerza a través de su comandante en jefe.

Luego del golpe de Estado, las desapariciones –que ya venían ocurriendo– aumentaron en forma exponencial, a tono con el grado máximo de autonomía que los militares habían adquirido respecto del resto de la sociedad argentina. No tenían que rendir cuentas a nadie, detentaban todo el poder político en sus manos. Videla se hace cargo de “todos esos hechos” y señala que los alentó de manera implícita, tácita.

—Frente a esas situaciones, había dos caminos para mí: sancionar a los responsables o alentarlas de manera tácita como una orden superior no escrita que creara la certeza en los mandos inferiores de que nadie sufriría ningún reproche. No había, no podía haber, una Orden de Operaciones que lo dijera. Hubo una autorización tácita. Yo me hago cargo de todos esos hechos.

Y agrega que, en el contexto de aquella época, fue “la mejor solución” que encontraron.

—No había otra solución; estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra, y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta. Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la Justicia ni tampoco fusiladas. El dilema era cómo hacerlo para que a la sociedad le pasara desapercibido. La solución fue sutil –la desaparición de personas–, creaba una sensación ambigua en la gente: no estaban, no se sabía qué había pasado con ellos; yo los definí alguna vez como “una entelequia”.

Por eso, para no provocar protestas dentro y fuera del país, sobre la marcha se llegó a la decisión de que esa gente desapareciera; cada desaparición puede ser entendida ciertamente como el enmascaramiento, el disimulo, de una muerte. Los jefes militares que tomaron el poder estaban dispuestos a utilizar todos los medios a su alcance para vencer a las guerrillas. Ya lo había anticipado Videla el 23 de octubre de 1975 en Montevideo, durante la Undécima Conferencia de Ejércitos Americanos: “Si es preciso, en la Argentina deberán morir todas las personas necesarias para lograr la paz del país”.

—La libertad de acción derivó en grupos que se manejaron con demasiada autonomía. Había una finalidad, que era lograr la paz, sin la que hoy no habría una república (...).

El giro en la opinión pública norteamericana y la situación electoral en Estados Unidos fueron dos de los factores que inclinaron a Videla y los militares hacia la Disposición Final. No querían levantar protestas en Estados Unidos. En sintonía, los colaboradores de Videla presentaban al nuevo presidente como el líder de la facción moderada dentro de los militares, las “palomas”, a quien había que respaldar porque era el único que podía mantener a raya a los “halcones”, partidarios de una represión feroz. Al principio, la dictadura logró confundir a los diplomáticos estadounidenses y de otros países destacados en Buenos Aires (...).

Desde un punto de vista estrictamente militar, el otro motivo de las desapariciones fue, como veremos en el próximo capítulo, el protagonismo de las tareas de inteligencia en la lucha contra la guerrilla, según Videla.

—La inteligencia siempre actúa en secreto, sea para prevenir que se infiltre el enemigo como para sembrar incertidumbre en las filas del enemigo; de allí la importancia de la figura de los desaparecidos (...).

La represión fue capilar, y la decisión de qué hacer con cada prisionero quedó en manos de cada fuerza y, en el caso del Ejército, del comandante de cada una de las cinco zonas en las que el país fue dividido. Como sucedía con los señores feudales, estos “señores de la guerra” se manejaban con autonomía en sus territorios. Videla asegura que los jefes de las zonas no tenían que pedirle permiso, ni siquiera informarle sobre cada caso en particular, salvo aquéllos que consideraran tan importantes o relevantes que debían ser conocidos por el comandante en jefe.

—La responsabilidad de cada caso recayó en el comandante de la zona, que utilizó el método que creyó más apropiado. Cada comandante tuvo autonomía para encontrar el método más rápido y menos riesgoso. Nadie estuvo en contra de eso en el Ejército ni en las Fuerzas Armadas; no generó ninguna discusión. Hubo problemas en algunos casos por la resonancia del personaje. A mí, los comandantes o jefes de zona no me pedían permiso para proceder: yo consentía por omisión. A veces me avisaban. Recuerdo el caso de una visita a Córdoba; el general Luciano Menéndez me recibe con esta novedad: “El hijo de Escobar andaba en malas juntas y los liquidamos anoche”. Era el hijo de un coronel que había sido compañero nuestro de promoción; entonces, yo ya sabía que si Escobar venía le tenía que decir: “De ese tema no quiero hablar”. Pero el padre no me preguntó nada. Los casos de hijos de militares que se habían convertido en guerrilleros o simpatizaban con la lucha armada fueron traumáticos para las Fuerzas Armadas.

—Una vez, nos avisan de la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA: “Lo tenemos al hijo de Laplane; está metido hasta la cabeza y es irrecuperable. ¿Qué hacemos? ¿Lo fusilamos o qué?”. Yo ordené que se lo entregaran a Harguindeguy; le avisamos al padre y lo hicimos salir del país, a Israel, país que él eligió porque su esposa era judía. Una cosa era matar al hijo del coronel Escobar, y otra cosa al hijo del general Alberto Numa Laplane, que había sido jefe del Ejército. Otro caso: el hijo del general Julio Alsogaray. Un día, él vino y nos dijo: “Sé que mi hijo está en la guerrilla; yo no puedo hacer nada, no lo puedo controlar; sólo les pido que me entreguen su cadáver”. Es decir, él calculaba que en algún momento íbamos a matarlo, y veía lo que estaba pasando con los desaparecidos. Alsogaray también había sido comandante en jefe del Ejército, entre 1966 y 1968, durante la dictadura del general Juan Carlos Onganía. Uno de sus hijos, Juan Carlos, “el Hippie” o “Paco”, sociólogo recibido en Francia, era “oficial” de Montoneros y tenía 29 años cuando fue muerto, el 13 de febrero de 1976, en un tiroteo en el monte tucumano. El cuerpo del primo de María Julia Alsogaray fue entregado a sus padres a fines de aquel mes por el general Antonio Domingo Bussi, comandante de la Quinta Brigada y jefe del “Operativo Independencia”, contra la guerrilla, que se desarrolló en Tucumán por orden del gobierno peronista. Según el hermano mayor del guerrillero, Julio Alsogaray hijo, Bussi les mostró a sus padres una carpeta con fotos; la madre, Zulema, largó un sollozo cuando reconoció a su hijo menor. “Señora, no voy a permitirle que llore en mi presencia. Si va llorar, retírese, porque usted sólo ha perdido un hijo y yo todos los días pierdo hijos en esta guerra”, le gritó el general. Pero Bussi, que murió el 24 de noviembre de 2011, afirmaba que no hubo  ningún reto: “Yo le mostré al general Alsogaray las planillas que se hacían de muerto por muerto y él no reconoció al hijo. La intuición de la madre sirvió para reconocerlo, porque figuraba con otro apellido”. Bussi fue gobernador de la dictadura y durante la democracia de Tucumán; terminó condenado por delitos de lesa humanidad y sin su grado militar. Los jefes de cada una de las porciones en las que fue dividido el territorio argentino tenían tanto poder que, según Videla, cuando por ejemplo “había que hacer un procedimiento en otra zona, se pedía al responsable de esa zona la autorización de ‘zona libre’, que era siempre por una cantidad determinada de horas; se realizaba la operación y se retornaba a la zona propia”. En ese marco, Videla asegura que él “no preguntaba” el destino de los desaparecidos.

—Sabía que no iba a tener respuestas si preguntaba. No tenía sentido buscar respuestas donde no las había.

La forma de ocultar el cuerpo de cada una de estas personas quedaba a criterio del jefe de zona, que decidía si habría un “vuelo de la muerte”; si sería arrojado a un dique o a un arroyo; si lo enterrarían en un lugar secreto, o si lo quemarían en un horno o rodeado de gomas de automóviles. El general Ramón Genaro Díaz Bessone fue jefe de la Zona 2 (Santa Fe, Chaco, Formosa y el Litoral) hasta septiembre de 1976, cuando fue nombrado ministro de Planeamiento por Videla. A los 86 años, está siendo juzgado en Rosario por violaciones a los derechos humanos. Dice que “la modalidad era la que imponía cada comandante. Mi primera decisión fue traer tres regimientos y traer blindados, tanques, que hice desfilar por el centro de Rosario y por otros pueblos para enviarles un mensaje a los guerrilleros: yo los iba a hacer pelota a cañonazos. Esto tuvo un poder disuasivo tremendo; la guerrilla se achicó. Traje tanques y cinco mil hombres del Ejército. Nosotros interrogábamos, pero nunca torturábamos sino que, luego de las declaraciones de los detenidos, los enviábamos al Consejo de Guerra.

Yo no hice desaparecer a ninguna persona. No había directivas del Ejército sobre hacer desaparecer a personas. Nosotros nunca vendamos a un tipo. Las cárceles eran custodiadas por Gendarmería”. Díaz Bessone asegura que lo que sucedía durante la represión en cada zona del territorio nacional era tratado sólo con el comandante en jefe del Ejército, es decir con Videla (...).

Es probable que, antes de la Disposición Final, algunos comandantes hubieran ensayado en su zona otras tácticas, como la aplicación de la llamada ley de fuga, es decir, matar a los detenidos simulando que habían intentado escaparse, por ejemplo en un traslado de presos. O informar sobre muertos en enfrentamientos con guerrilleros que no habían ocurrido. Pero eran trucos muy evidentes como para ser efectivos con el paso del tiempo. Para el Mundial de Fútbol, en junio de 1978, antes de que Videla fuera reemplazado en la jefatura del Ejército y pasara a retiro, la “guerra contra la subversión” –y por ende la Disposición Final– estaba “prácticamente terminada”, dice el ex presidente de facto.

—Siguiendo con el cronograma que le habíamos prometido al presidente Luder, a fines de 1977 la guerrilla estaba controlada; no derrotada, pero era cuestión de tiempo. Para el Mundial, la guerra estaba prácticamente terminada. Quedaron sí algunos remanentes, por ejemplo células que en la Contraofensiva de los montoneros, en noviembre de 1979, volvieron a entrar al país y mataron a [Francisco] Soldati y atentaron contra [Guillermo Walter] Klein y contra [Juan] Alemann. Luego volvieron a salir, y al año siguiente entraron pero ya no pudieron salir; no bien cruzaron por Paso de los Libres, a los pocos días cayeron; ya sabíamos todo sobre estas células.

La dictadura no sólo hizo desaparecer a los prisioneros “irrecuperables”, sino también los cuerpos de guerrilleros que habían muerto en tiroteos, como el máximo jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), el contador santiagueño y “comandante” Mario Roberto Santucho. Una patrulla encabezada por el capitán Juan Carlos Leonetti lo había sorprendido en un departamento en Villa Martelli, en la zona norte del Gran Buenos Aires, el lunes 19 de julio de 1976. En el tiroteo murieron Leonetti (que nunca supo que había matado al jefe del ERP), Santucho y el número dos del ERP, José Benito Urteaga. Leonetti se convirtió en un héroe: fue ascendido post mórtem y media docena de escuelas en todo el país llevaron su nombre; pasó el tiempo y ahora sólo una de esas escuelas continúa llamándose así.

Según la periodista María Seoane, autora de una biografía de Santucho, Liliana Delfino –la mujer del jefe del ERP– y Ana María  Lanzillotto –embarazada de ocho meses– fueron detenidas vivas y continúan desaparecidas. Urteaga estaba con su hijo José, de dos años, que fue entregado por los militares a su familia paterna. Videla dice que la decisión sobre el ocultamiento del cuerpo de Santucho fue tomada por él, pero compartida por la Junta Militar.

—Era una persona que generaba expectativas; la aparición de ese cuerpo iba a dar lugar a homenajes, celebraciones. Era una figura que había que opacar. Fue una decisión mía, pero compartida por las tres fuerzas en la Junta Militar. No sé qué pasó con su cuerpo.

Decían que estaba en Campo de Mayo, pero hicieron excavaciones y no encontraron nada. Eso dependía de Institutos Militares, del general Santiago Riveros, en cuya jurisdicción ocurrieron la operación de su captura, la muerte de Santucho y de otras personas, y se supone que el entierro secreto de esas personas.

 

Una cama y un crucifijo

Yo no conocía a Videla. Para mi libro anterior, me había contestado algunas preguntas por escrito; para el que estaba preparando, pensé en repetir la táctica, pero las respuestas se demoraban. Un sábado, cuando salía de la prisión luego de entrevistar a militares, me crucé con él: estaba despidiendo a su esposa, Alicia Hartridge.

—Ah, usted me envió unas preguntas. ¿Hacemos como la otra vez?
—Sí o, si no le molesta, vengo a visitarlo y me las contesta a mí.
—Mejor lo hacemos así: cara a cara. ¿Cuándo puede venir? Prefiero un miércoles, que es cuando no viene mi esposa.

Videla ocupaba una celda pequeña, la 5, con una cama de una plaza, un crucifijo sobre la cabecera, un placar, un ventilador, una estufa y una cómoda con una foto de su esposa cuando tenía 15 años. Cortinas azules tapaban la única ventana. Recortes de Gaturro decoraban las paredes a la manera de una guarda: “Los heredé del preso que estaba antes; se los había pegado un nieto”.



Ceferino Reato