POLITICA PODER JUDICIAL

Alejandra Gils Carbó dictaminó que la detención de Milagro Sala es ilegal

La Procuradora señaló que la dirigente social, detenida desde enero de 2016, debería recuperar su libertad.

Dibujos de Temes
Dibujos de Temes Foto:Pablo Temes
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó hoy que la prisión preventiva en que permanece la dirigente social jujeña Milagro Sala "es ilegal y debe ser dejada sin efecto".

En un dictamen presentado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la jefa del Ministerio Público subrayó, además, que la líder de la "Tupac Amaru" tenía inmunidad de arresto como legisladora electa del Parlasur y que no fue suspendida por los canales establecidos en la ley.

La presentación de Gils Carbó se produjo en el marco de sendos recursos extraordinarios interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia por la defensa de Sala, contra sentencias dictadas por el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy.

Gils Carbó sostuvo que la sentencia es arbitraria porque "tuvo por acreditada la probabilidad de que la recurrente entorpeciera la investigación de los hechos a partir de ciertas denuncias y declaraciones testimoniales que no tienen vinculación con la existencia de ese riesgo procesal".

Advirtió además que el tribunal jujeño omitió "tratar las impugnaciones sobre la falta de credibilidad y el interés de los denunciantes y testigos en los hechos aquí investigados". "La defensa enfatizó que ellos se presentaron colectivamente ante la fiscal de turno en circunstancias sospechosas, que habrían sido presionados para declarar en su contra y que sus declaraciones tendían a justificar su participación en hechos presuntamente ilícitos", explicó la procuradora general, según informó el sitio Fiscales.gob.ar.

La funcionaria judicial citó además el pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, que declaró “arbitraria” la detención de la dirigente luego de indicar que "pareciera que las acciones legales y procesales [en contra de la señora Sala] se aceleraron a partir de la protesta social iniciada en el mes de diciembre" de 2015 y que “se pudo observar que jueces y fiscales asignados para el conocimiento de las acusaciones, fueron seleccionados e iniciaron funciones para delitos que no se ajustan a los criterios de urgencia o que pudieron haber esperado a que concluyera la feria judicial”.