POLITICA A 37 AÑOS DEL GOLPE MILITAR

Hay 404 condenados por delitos de lesa humanidad

Unos 190 represores murieron antes de afrontar un juicio, según la Justicia. Otros 698 acusados esperan ser juzgados ante un tribunal oral. Ofrecieron ayer $ 4,6 millones por datos de prófugos vinculados con la represión.

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A 37 años del golpe, la Justicia corre contra el tiempo en busca de nuevas pruebas y testimonios para juzgar a los involucrados en crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Desde 2007 a la fecha hay 404 condenados por violación a los derechos humanos y más de mil procesados, pero las autoridades judiciales creen que falta mucho para que los juicios alcancen a toda la estructura que colaboró con el terrorismo de Estado.

En lo que va del año ya concluyeron tres juicios orales, con 34 condenas. Aún hay 13 juicios en curso y el tiempo es la verdad que escapa. Más de 190 procesados murieron y se llevaron sus secretos a la tumba.

Según la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, dependiente de la Procuración General de la Nación, “actualmente se registra un total de mil procesados (de las cuales se dictó al menos un auto de procesamiento). Según los datos actualizados en marzo, hay 601 procesados que ya cuentan con una o más causas elevadas a juicio. Otros 97 tienen alguna causa en la que la fiscalía solicitó la elevación a juicio. Por lo tanto, a marzo, 698 del total de los procesados cuenta con una causa elevada a juicio o con requerimiento de elevación a juicio presentado por el Ministerio Público Fiscal”.

Los datos suministrados por la Unidad que dirige el fiscal Jorge Auat indican que, hasta hoy, se han juzgado a 449 personas por delitos de lesa humanidad: 404 han sido condenadas y 45 han sido absueltas.

Entre los juicios que actualmente están en curso, hay tres megacausas: el segundo juicio de ESMA en Capital Federal, “La Perla”, en Córdoba, y el juicio por los hechos cometidos en el Arsenal Miguel de Azcuénaga y en la Jefatura de Policía, en Tucumán. “Estos tres grandes procesos suman un total de 150 imputados por delitos cometidos contra 1.500 víctimas. Estos juicios son el reflejo de la implementación de uno de los objetivos principales de esta Unidad Fiscal: promover la realización de juicios que comprendan un número significativo de acusados y de víctimas”, se lee en el último informe de la fiscalía.

Los datos sobre las medidas restrictivas de la libertad de los procesados y condenados reflejan la importancia del factor tiempo, sobre todo en hechos que llevan más de 30 años de impunidad. El relevamiento realizado por la Unidad Fiscal indica que “a marzo de 2013 hay 788 detenidos. Se encuentran alojados del siguiente modo: 59,4% en unidades penitenciarias, 37,7% en detención domiciliaria, 1,9% en dependencias de las fuerzas de seguridad y 1% en hospitales”.

Según un comunicado de Unión de Promociones, un grupo de retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, fallecieron 192 “presos” acusados por delitos de lesa humanidad. El presidente de la organización, Guillermo Viola, habla de “camaradas presos políticos fallecidos en cautiverio, privados de sus legítimas garantías y derechos constitucionales, y a los que sin estarlo aún, enfrentaban distintos procesos judiciales”.

En realidad, muchos de ellos ya estaban condenados. “Es posible que haya algunos sin condena, como tantos que están presos sin condenar y se mueren. Pasa que muchos de ellos eran muy ancianos, en ese sentido no hay nada que decir. Es más, ojalá que todos los presos que hay en la Argentina estén en la situación de los encausados por crímenes de lesa humanidad”, explicó a PERFIL el fiscal Félix Crous, que hace dos meses dejó de dirigir la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos, tras ocho años en ese cargo.

En el marco del 37° aniversario del golpe, que se recuerda hoy con distintos actos, el Ministerio de Justicia ofreció ayer una recompensa global de 4,6 millones de pesos por datos de 44 prófugos acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad. Según el jefe de esa cartera, Julio Alak, “el auténtico ‘Nunca Más’ llegará cuando se cierre el proceso impulsado desde 2003”.



Fernando Oz