POLITICA LA JUSTICIA EN LA MIRA

Informe interno fue clave para suspender al fiscal acusado de encubrir narcos

Luego de tres años de denuncias, la Corte bonaerense envió una comisión a evaluar a Julio Novo, investigado por un supuesto pacto con traficantes colombianos.

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Foto:Cedoc Perfil

Pasaron más de tres años desde las primeras denuncias ante la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires contra el fiscal general de San Isidro, Julio Novo, por supuestos nexos con el narcotráfico, y más de seis desde los primeros reclamos ante la procuradora general bonaerense, María del Carmen Falbo. Esta semana, Novo fue suspendido por 120 días junto a dos de sus principales colaboradores, los fiscales Eduardo Vaiani y Rodrigo Fernando Caro. Un hecho pocas veces visto en la Justicia.
La suspensión se basó en el avance de la causa penal contra Novo, pero también tuvo en cuenta un informe interno de la Subsecretaría de Control de Gestión de la Corte, al que accedió PERFIL. Durante tres días, los enviados de la Corte visitaron el área donde trabaja el principal denunciante de Novo, el fiscal Luis Angelini, se entrevistaron con funcionarios y revisaron registros de expedientes, manejo de documentación, recursos y condiciones de trabajo. La conclusión del informe describe un método utilizado con frecuencia en la Justicia para amedrentar a los “funcionarios rebeldes”.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado ya indagó al jefe de los fiscales de San Isidro y a su equipo, acusados por el fiscal federal Fernando Domínguez de encubrir una supuesta red de narcotráfico. La jueza debe decidir si los procesa en los próximos días.
Según la investigación, Novo viene enfrentando a uno de los fiscales que trabajan bajo su área, Angelini, desde que el fiscal conectó dos casos narco con los Juliá. Además de sancionarlo con numerosos sumarios administrativos, la Corte detectó que el método fue sobrecargar de trabajo a Angelini y quitarle recursos para que no pudiera cumplir con las metas. En un lapso de sólo 12 días le asignaron cinco causas a su colega, la fiscal María del Carmen Gigante, y más de 650 a Angelini. Además, Angelini debía asistir a todas las audiencias del fuero de familia y de menores.
El fiscal ni siquiera tuvo un despacho propio hasta abril, a pesar de que Novo le asignaba oficinas privadas al personal de menor jerarquía. En la fiscalía no hay registro informático ni libro de movimientos de los expedientes.
Después de tres años y a días de las elecciones, la Corte bonaerense decidió que Angelini se dedique exclusivamente a investigar los crímenes que había comenzado a indagar en 2008 junto al fiscal Diego Grau: los de los colombianos de Unicenter y de otro colombiano en San Fernando; la conexión con el cartel de Norte del Valle y una red que conecta el tráfico de cocaína, de efedrina y el sicariato. Las pruebas que enumeró el fiscal federal Fernando Domínguez a la jueza Arroyo Salgado hablan de un plan orquestado desde adentro de la Justicia para proteger a varios implicados en narcotráfico y sicariato que conducirían al cartel colombiano de Norte del Valle. Uno de sus principales exponentes sería Henry López de Jesús Londoño, alias “Mi Sangre”.
La Corte ordenó a Falbo sancionar y suspender a otras dos funcionarias investigadas como miembros de una red de protección judicial: Melisa Fernanda Rey y Mariana Busse. La última es la esposa del abogado de uno de los hermanos Juliá, detenidos en España por intentar ingresar casi mil kilos de cocaína, y del narco colombiano Mi Sangre.

La Justicia bonaerense de los barones
El escándalo judicial alrededor del jefe de los fiscales de San Isidro, Julio Novo, y un supuesto pacto narcojudicial, que involucra a carteles de droga, abogados de narcos y funcionarios judiciales, desnuda más que nunca el sistema judicial de la provincia de Buenos Aires. “La Justicia bonaerense es diseñada no sólo por el gobernador sino también por los intendentes”, explica un funcionario. Los fiscales generales tienen jurisdicción sobre varios municipios y su relación con los intendentes se hace inevitable. Sergio Massa –ex intendente de la jurisdicción de Novo– y María Eugenia Vidal llegaron a un supuesto acuerdo que puede reformar el sistema de raíz: si los intendentes dejan de tener reelecciones indefinidas, dejarán de ser los barones de sus territorios. Eso le daría más poder a la gobernadora electa, pero también liberaría a los jueces y fiscales de la Provincia. Son los intendentes los principales promotores de los nombramientos de los judiciales locales. Favor con favor se paga.



Emilia Delfino