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Investigan a Aníbal Fernández por enriquecimiento ilícito

A partir del robo de su BMW, un juzgado actuó de oficio y pidió informes. Las dudas sobre su declaración patrimonial.

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El robo de la BMW del senador kirchnerista Aníbal Fernández le trajo un nuevo dolor de cabeza: la Justicia estaría en las etapas preliminares de una investigación por enriquecimiento ilícito. 

El Juzgado Federal de Quilmes a cargo del Dr. Luis Armella envió el jueves 22 de mayo un oficio a la Municipalidad de Quilmes en el que solicita que se remita al Juzgado toda documentación existente referente a las declaraciones juradas del legislador y presidente del Quilmes Atlético Club, Aníbal Domingo Fernández, en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito. La denuncia fue realizada luego del robo de su automóvil BMW que el legislador sufrió en el mes de abril y el cual no se encontraba en su última declaración jurada.

El pedido del Juzgado revolucionó el área legal del Municipio de Quilmes. Corrían por los pasillos abogados cargados de grandes cajas llenas de documentos. El oficio llegó el jueves por la tarde y fue a pedido de la causa FLP 17673/2014 que tramita la Secretaria Penal Nº 1 a cargo del Dr. Fernando José Arturi, que depende del Juzgado Federal.

La respuesta desde el ejecutivo quilmeño fue remitida a la Secretaría Penal cerca del mediodía del viernes y en la misma se deja expresa constancia que no existe ninguna documentación referida a tal persona. Textualmente la respuesta legal fue “que no obran antecedentes sobre lo solicitado sobre la persona Aníbal Domingo Fernández”. El Juzgado no insistió.

La denuncia contra quien es también el presidente del Quilmes Atlético Club y de la Confederación Argentina de Hockey sobre Césped fue presentada luego de las sospechas que generó el robo de su automóvil, BMW –modelo 2013-, en abril del corriente. El mismo no figuraba en su última Declaración Jurada, lo que representaría una irregularidad.

El roboEl sábado 19 de abril, Fernández dejó el Estadio Centenario cerca de las 21, luego de haber estado presenciando el encuentro entre Quilmes y Olimpo de Bahía Blanca por la decimoquinta fecha del torneo final. Era el primer partido al que acudía después de casi dos años.

Alrededor de las 23.30, cuando circulaba por la localidad de Gerli fue interceptado por otro vehículo del que se bajaron dos personas armadas, lo amenazaron y le sustrajeron su automóvil. El rodado fue encontrado una hora y media más tarde en el barrio porteño de Constitución.

El hecho generó la atención de varios cuando el Senador explicó que el automóvil de alta gama que maneja, lo había adquirido con los réditos de su actividad privada –es abogado y contador público- y no con su sueldo de senador nacional (en declaraciones radiales agregó que pudo acceder a un BMW luego de haberlo cambiado por un AUDI A4). Se llamó así mismo “asesor de empresas”, sin embargo no se conoce hasta el momento ninguna empresa que Fernández haya asesorado. Es más, según una información que se hizo pública de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el exministro está inscripto como autónomo bajo la categoría de hasta 15 mil pesos anuales.

Como el auto no aparecía en su declaración jurada, Fernández se defendió diciendo que el cambio fue posterior a la entrega de su documentación. “No tengo testaferros, el BMW está a mi nombre y no tengo por qué esconderme”, había dicho a una radio en ese momento.

Sus declaraciones juradas y las dudasEl Juzgado Federal no dejó trascender quién realizó la denuncia en contra de Fernández y eso sembró dudas en la trastienda política. Cómo senador, Aníbal no está obligado a hacer pública su declaración jurada, más allá que después del robo se había comprometido públicamente a entregarla a los medios. Eso quedó en el olvido.

Una persona no puede ser investigada dos veces por el mismo hecho. Si la investigación que lleva adelante la Secretaría Penal Nº1 del Juzgado Federal de Quilmes no encuentra irregularidades en la adquisición de un automóvil BMW modelo 2013 por parte de un autónomo que factura a la AFIP menos de 15 mil pesos anuales, ya no se podría volver a investigar a Fernández por el mismo hecho.

En los años en que el senador fue intendente de Quilmes, donde se envió el pedido de Armella, todavía no era obligatorio para los funcionarios públicos de determinada jerarquía declarar sus bienes. Fue recién en 1999 con la sanción de la Ley Nº 25188 de Ética en la Función pública que esto se regularizó. El capítulo tercero de dicha norma establece el Régimen de Declaraciones Juradas.

Sin embargo, desde ese 1999 y hasta el año pasado en el que entró en vigencia la ley Nº 26.857 - a través de la cual la oficina Anticorrupción debe recibir la información de los funcionarios públicos para para que esté a disposición en su página web-, Fernández ocupó una importante lista de cargos. Fue secretario General de la Presidencia, durante el mandato de Eduardo Duhalde; ministro del Interior en la gestión de Néstor Kirchner; ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos y posteriormente, jefe de Gabinete en el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, para luego ser electo senador durante el segundo. A todos estos estamentos deberían llegar las peticiones del Juzgado Federal de Quilmes, así como también a los Ministerios provinciales –Trabajo y Desarrollo Social- donde estuvo nombrado durante los años noventa.

(*) Especial para Perfil.com



Ezequiel González