POLITICA INVESTIGARÁN A LOS APORTANTES

La Cámara Electoral busca evitar lazos de narcos con campañas

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Foto:Cedoc

Por primera vez la Justicia reconoce en un escrito la preocupación ante el avance del narcotráfico y su posible conexión con la política local. La Cámara Nacional Electoral, máxima autoridad judicial sobre los partidos políticos, firmó un convenio de “intercambio de información para prevenir, detectar y sancionar el uso de fondos de origen ilícito, provenientes del lavado de activo, el narcotráfico u otras fuentes ilegales de financiamiento” en las campañas electorales.

El jueves, los camaristas Rodolfo Munné, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via dispusieron que, a partir de ahora, recibirán datos de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) sobre los aportantes de las campañas políticas y los cruzarán para investigar el origen de los fondos.

Además, comunicaron a todos los juzgados del país que informen a la Cámara “cualquier proceso judicial en que sea parte un partido político reconocido, sus apoderados, autoridades o candidatos participantes en la última elección”.

El caso más resonante en el que se logró conectar el narcotráfico con el financiamiento de una campaña es el de Sebastián Forza para el Frente para la Victoria en 2007. Forza fue asesinado en el triple crimen de General Rodríguez, hace ocho años. Estaba involucrado en el tráfico de efedrina con narcos mexicanos.

“La experiencia nacional y el derecho comparado muestran distintas modalidades de financiamiento ilegal, especialmente en las campañas electorales, por medio del fraccionamiento de recursos simulando donaciones de varias personas”, dice el texto de la acordada del jueves. También destaca otros métodos, como “el uso de cuentas paralelas que no figuran en los registros contables de las campañas y cuyo titular no es la agrupación política respectiva; la malversación de recursos de campaña; el reemplazo de aportes lícitos por otros de ilícita procedencia; así como la financiación con dinero proveniente del extranjero y de origen criminal”.

La Cámara también quiere sumar al intercambio de información a la AFIP, la Anses y la Inspección General de Justicia (IGJ), que cuenta con los balances y la composición accionaria de las empresas.

En la práctica, si la Justicia actúa conforme a esta acordada, cada vez que se detecte una irregularidad en el financiamiento de una campaña la fiscalía electoral que dirige Jorge Di Lello iniciará una causa penal contra los involucrados. En la práctica, también, la participación de la UIF, la AFIP, la Ansses, la IGJ y la Procelac, muchas veces identificadas con el Gobierno, podría generar suspicacias y críticas de la oposición.



Emilia Delfino