POLITICA

La Corte Suprema quiere luchar contra la corrupción en la Administracion Pública

Por Natalia Aguiar | El máximo tribunal lanzó un cuerpo de peritos especializados para investigar delitos realizados por funcionarios públicos.

Foto:Cedoc

En la Acordada de Ministros de hoy, la Corte Suprema de Justicia de la Nación lanzó un cuerpo de Peritos especializados para investigar delitos de corrupción contra la Administración Pública.

Con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, el Máximo Tribunal impulsa esta medida “preocupados por la cantidad de delitos de lavado de activos, defraudación, cohecho y enriquecimiento ilícito con fondos del erario público”, explicaron voces cercanas a los jueces. Eugenio Rául Zaffaroni, el ministro que anunció su renuncia para el 1 de enero de 2015, es el único miembro del tribunal que no firmó el texto.

Entre los fundamentos para concretar esta medida, la Acordada 34/2014 invoca el objetivo de “afianzar la justicia y lograr una mayor eficacia en el caso de los delitos contemplados en la Convención Interamericana contra la Corrupción y en la Convención de la Organización de la Naciones Unidas contra la Corrupción, de las cuales la República Argentina es parte”.

Asimismo, la Corte Suprema hizo hincapié en el preámbulo de esa convención del Sistema Interamericano que establece que los actos de corrupción comprometen “la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia” y el artículo primero que dice que el objetivo de esa convención es “promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos; y promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos".

Para los ministros, “es tarea de todos los poderes del estado y, en particular, de los jueces agilizar los procesos en los que se combate la corrupción, como facilitar los procesos.”, sentenciaron cercanos a los magistrados. El cuerpo de peritos especializados en casos de corrupción y delitos contra la administración pública, se conformará a través de concursos públicos, será parte del  Poder Judicial de la Nación con supervisión de la Corte Suprema.

El mecanismo de funcionamiento se activará “a requerimiento de los magistrados judiciales con competencia criminal y deberá elaborar informes de su especialidad en un tiempo razonable y sobre la base de actuaciones transparentes”, explican especialistas. Se seleccionarán diez expertos que conformarán el órgano anticorrupción con profesionales, de reconocida solvencia y experiencia en las disciplinas científicas requeridas para el cumplimiento de aquellas funciones, elegidos mediante un concurso abierto de evaluación y antecedentes, ratificaron asesores del Máximo Tribunal.

En tanto, en el día de hoy los ministros revocaron un fallo del Superior Tribunal de Jujuy que había desestimado el reclamo de un legislador provincial, en donde pretendía que el Ejecutivo local le informara sobre la constitución de organismos vinculados al desarrollo turístico.

De esta forma, la Corte Suprema indicó que los jueces de la provincia, contrariaron la legislación interna al no cumplir con la  revisión de la ley local 4444, “que reconoce a toda persona física o jurídica el derecho a acceder a las fuentes de información pública, sin tener que explicar las razones de su pedido, y se aparataron de lo establecido como parámetro en la causa “asociación Derechos Civiles c/ PAMI y Cippec”, del 4 de Diciembre de 2012 y 26 de marzo de 2014, respectivamente, emitidos ambos por este mismo Tribunal”.

(*) Especial para Perfil.com.



Natalia Aguiar