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La Corte Suprema suspende un fuero judicial tras las irregularidades del Consejo de la Magistratura

El Máximo Tribunal avaló la feria judicial para Seguridad Social por el extravío de información. La preocupación de los ministros. El adelanto de Perfil.com

Foto:Cedoc

Tras las “irregularidades” en una licitación millonaria que concretó el Consejo de la Magistratura para la adquisición de un software que ya pertenecía al Poder Judicial y que no funciona ni responde a las demandas del trabajo diario, tal como reveló Perfil.com, la Corte Suprema debió avalar la “feria judicial” en el Fuero de la Seguridad Social.

Con la firma de la ministra Elena Highton de Nolasco, el Máximo Tribunal consideró la solicitud de la presidente de la Cámara de Seguridad Social, Néstor Alberto Fasciolo, “en atención a la interrupción total del servicio informático”, detalla la resolución de la Corte a la que accedió Perfil.com. “Que en atención a que se trata de una situación excepcional, en tanto resulta necesaria la adopción de medidas adecuadas para evitar perjuicios en la prestación del servicio de justicia”, sostiene.

El fallo “resuelve, declarar inhábil el día 29 de Octubre de 2014” para la Cámara Federal de la Seguridad Social y los Juzgados Nacionales de Primera Instancia del fuero, sin perjuicio de la validez de los actos procesales cumplidos”, detalla la resolución que suscribió la ministra Highton de Nolasco.

Malestar. En tanto, las paredes de los juzgados nacionales, laborales y penales, se encuentran con leyendas en contra del software LEX 100 que no funciona y que ha generado la pérdida de la información como plazos procesales de extrema sensibilidad para los abogados que litigan en todo el país, explican voces judiciales.

En el fuero penal preocupa la “efectividad del sistema informático” para llevar a cabo el seguimiento de las “prisiones preventivas”, encargadas al Consejo de la Magistratura como órgano administrador del poder judicial ya que los reclamos llegan de todos los juzgados del país, explican funcionarios provinciales.

En los fueros federales, en los que se investigan causas de corrupción y resultan sensibles al Gobierno, jueces, fiscales y secretarios plantean la “lexcienización del expediente”, cuando se perciben ciertas “inconsistencias” en el “debido proceso”, sentenciaron las fuentes consultadas.

Empleados y funcionarios judiciales como abogados independientes armaron un perfil en Facebook denominado “Decile no al Lex 100 del Poder Judicial de la Nación” en el que todos los fueros vuelcan las problemáticas para el trabajo cotidiano.

La denuncia. Las irregularidades que se desarrollarían en la administración judicial encargada a la Magistratura, el órgano que maneja tanto los fondos, como la selección y sanción de jueces, preocuparía al Máximo Tribunal. Incluso, en  diversas oportunidades fue la Corte quien debió cederle fondos en préstamo al Consejo para “cubrir” los sueldos, sentencian voces judiciales. 

Por ello, la ineficacia del servicio informático ahora inquieta a los ministros que atraviesan una etapa “sensible” ante la renuncia del ministro alineado al Gobierno Raúl Eugenio Zaffaronni y la “urgencia” reclamada por sectores oficialistas de nombrar el quinto ministro “cuanto antes”. De hecho, fue Highton de Nolasco quien advirtió la reglamentación que determina un máximo de 30 días para designar un ministro una vez que Zaffaroni deje su cargo el 31 de diciembre próximo.

Sin embargo, será el senado “juez de los jueces”, quien deberá nombrar al nuevo ministro de la Corte Suprema, sentencian especialistas. Carlos Fayt, el juez “aferrado a derecho”, como lo señalan sus asesores, también avaló el nombramiento del quinto miembro del Tribunal pero en el marco de lo establecido por la ley vigente para honrar la “institucionalidad”, esbozaron quienes trabajan con él cada día.

Software aggiornado. El software se adquirió a partir de una licitación “simulada” y “millonaria” que costó más de $300 millones de pesos. El primer paso consistió en aprobar el proceso licitatorio a través de una resolución que autorizó gastos por $70 millones.

Sin embargo, el supuesto “fraude” estaría relacionado a los gastos adicionales de más de  $300 millones de pesos en adquisición de computadoras e insumos, aunque el monto final de instalación, adecuación, capacitación de personal, horas trabajadas, y mantenimiento resultaría “incalculable”.

El proceso licitatorio  se realizó a través de la Comisión de Administración Financiera a cargo del camarista laboral Mario Fera y con el aval del  Administrador General, Germán Krieger, sin título habilitante para ejercer su cargo, según los denunciantes.

Ante la consulta de Perfil.com a Krieger, éste negó “ilegalidad alguna” como lo hizo “Fera” en varias oportunidades. La denuncia penal por “desvíos de fondos”, la formularon la diputada de la  Coalición Civica, y UNEN,  Paula Oliveto Lago y el abogado Ricardo Monner Sans en la justicia federal.

Actualmente la causa está a cargo del juez federal Luis Rodriguez y el fiscal Federico Delgado quien hace unos días solicitó “medidas de pruebas y la indagatoria de los responsables de la designación de Krieger sin título habilitante”

Según Oliveto Lago, desde el 2009 se “desmantelaron los mecanismos de control en el Consejo de la Magistratura y se limitó el manejo de fondos a la Comisión de Administración Financiera, presidida por el camarista laboral Mario Fera, y al Administrador General del Poder judicial, Germán Krieger.

 “Lo significativo en el caso es que el Poder Judicial ya era propietario por adquisición oportuna de sus códigos fuentes”, explicó a Perfil.com. Athos Aguiar, ex asesor de la magistratura quien impugnó el proceso licitatorio desde 2006 incluso ante la Corte. “Vender lo ajeno tiene una calificación penal específica; cuando un administrador compra lo que sabe que ya es de su administrado, también”, advirtió el abogado.

Durante el proceso, los pliegos fueron observados por la Cámara Laboral a través de su presidente el camarista, Ricardo Guibourg, la empresa INDRA, Equity Group, COS Manenimiento SA, BGH y Sercobe.

Equity Group, consultora especializada en Transparencia Institucional, inició un pedido de información ante el Consejo de la Magistratura que le fue “denegado en varias oportunidades en sede administrativa. 

Ante la negativa en primera y segunda instancia judicial por primera vez se efectiviza un pedido de acceso a la información contra el poder judicial. Equity Group presentó un recurso extraordinario ante la Cámara y ahora la Corte deberá resolver si avala o no la “transparencia en el poder judicial”, explicó Aguiar a Perfil.com.

(*) Especial para Perfil.com. En Twitter: @Slataguiar.



Natalia Aguiar