POLITICA


La "Revolución Randazzo", a la Justicia: investigan subsidios y contratos públicos

El juez Luis Rodríguez requirió información sobre los vínculos entre el Estado y las empresas del sistema de transporte de pasajeros. A quiénes involucra.


Foto:Cedoc
El juez federal Luis Rodríguez impulsó una serie de medidas de prueba con el objeto de investigar supuestas irregularidades en concesiones de la terminal de ómnibus de Retiro, otorgamientos de subsidios a concesiones y operadores ferroviarios, “inconsistencias en contrataciones públicas y el otorgamiento de subsidios ferroviarios en general, como de gasoil para transporte, realizadas desde el Ministerio de Interior y Transporte”,  a cargo del titular de la cartera, Florencio Randazzo.

La denuncia fue impulsada el abogado Ricardo Monner Sans, presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, que tomó como sustento un informe elaborado por la Auditoría General de la Nación donde se observaron “deficiencias y debilidades ” en el sistema de control efectuado por la Secretaría de Transporte y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, como en el otorgamiento de subsidios a través del sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) y en el suministro de gasoil a precio diferencial a favor de operadores de transporte automotor de pasajeros.

El fiscal Federico Delgado requirió la apertura de la investigación y el impulso de la acción penal con sustento además en la “extracción de testimonios” de dos causa.

Una de ellas en la que se investigaba al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por el supuesto delito de “abuso de autoridad” y otra en la que se investiga al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi por “malversación de caudales públicos” en la que se intenta determinar el destino otorgado a los subsidios al gasoil que recibían las empresas “San José S.A” y “Nueva Chevallier S.A” por la quita realizada en 2012.

Para el abogado de las empresas, Román Alberto Uez, existirían “maniobras tendientes a llevar a la quiebra a sus representadas –prestatarias de un servicio público de transporte- y expulsadas ilegítimamente del régimen de transporte automotor público de pasajeros de larga distancia”, según el texto de su denuncia.

Delgado advirtió en su requerimiento que resultaría relevante “determinar cómo funciona el sistema de subsidios” y destaca que “otorgar subsidios para favorecer ilegítimamente intereses privados, es un delito”.

En este contexto, el magistrado solicitó personal a la División Delitos Federales de la Policía Federal Argentina para que requiriese hoy al Ministerio de Interior y Transporte como a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte la entrega de varios expedientes y un informe detallado de la situación de Antonio Eduardo Sícaro, ex interventor de la CNRT, imputado en el juicio por la “Tragedia de Once”.

Asimismo, solicitó la entrega de las filmaciones del Restaurante Happenning de Puerto Madero, del día 14 de julio de 2014 para determinar una reunión “clave” que se concretó esa noche entre las 20 y las 24.

Por otro lado, Rodríguez pidió a la Auditoría General de la Nación copias certificadas del informe realizado a la Secretaría de Transporte y la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, respecto de los subsidios otorgados a través del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SIATAU) y del suministro de gasoil a precio diferencial, a favor de operadores de transporte automotor de pasajeros.

El juez analizará las pruebas y podrá decidir si impulsa pericias o testimoniales que colaboren en la “reconstrucción de los hechos” para determinar “los delitos” y los “responsables” de la supuesta “malversación de fondos”, según fuentes con acceso a la pesquisa.



Redacción de Perfil.com


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