POLITICA

Los fallos que enfrentan a la Corte con el Gobierno

El kirchnerismo librará una nueva batalla contra el máximo tribunal para mantener en agenda el conflicto con Clarín. Guerra de estrategias judiciales.

Foto:Cedoc

Tras el duro revés que significó el rechazo del Per Saltum para el Gobierno en la causa que lo enfrenta al Grupo Clarín, y que mantendrá frenada la adecuación de oficio dictada por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual AFSCA, el oficialismo promete mantener en foco este tema durante el 2015 en plena campaña electoral.

Esta decisión pondría en evidencia la puja que mantiene el Gobierno con la cúpula judicial ya que, para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, las estrategias que se gestan en los tribunales federales de Comodoro Py, se avalarían desde el Máximo Tribunal del país, sentencian funcionarios judiciales.

Con la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, el Máximo Tribunal en el último acuerdo del año consideró que “la presentación efectuada carece del recaudo de fundamentación autónoma sobre la base de una tradicional jurisprudencia de la Corte ha sido contemplado”.

Con esta frase, los jueces dejan traslucir que la AFSCA no habría analizado la jurisprudencia y doctrina del Máximo Tribunal en la materia y que habría obviado fundamentar la “gravedad institucional” que amerita la habilitación del Salto de instancia.

En el último fallo del año 2014 y sin la intervención del ministro Eugenio Zaffaroni, la Corte Suprema expresó que la impronta de la AFSCA, omitió los requisitos de plazos y formas para la presentación de un per saltum, una aclaración que molestaría a cualquier abogado principiante, explican los especialistas consultados.

En tanto, la adecuación seguirá el proceso normal establecido en la normativa sin saltos de instancias y ante el juez Horacio Alfonso que el pasado 11 de diciembre ordenó frenar por seis meses la adecuación de oficio a través de una medida cautelar solicitada por Clarín.

Así, el proceso de adecuación quedaría supeditado a la vía recursiva ante todas las instancias ante cada resolución, lo que “judicializaría” el pleito que será foco en pleno año electoral y en el proceso de nombramiento del próximo ministro de la Corte, tras la vacancia que deja esta semana Eugenio Zaffaroni.

Fundamentos del “Maximo” rechazo. “Ello es así en la medida de que la recurrente ha dejado de efectuar todo relato de los antecedentes fácticos y jurídicos que conforman la sustancia del litigio, omisión que incluye el contenido de fundamentos y conclusiones, que la resolución administrada impugnada en sede judicial y el contenido de la resolución judicial recurrida por Salto de instancia que únicamente se conocen por las parciales fragmentadas”, continúan los fundamentos legales.

“Que ante estas graves inobservancias, el tribunal se ve impedido de verificar suficientemente no sólo la necesaria relación directa que en todo recurso extraordinario debe mediar entre lo decidido y las cuestiones que como, federales, se invocan”, relatan los ministros.

La inexistencia de una resolución de primera instancia como la inobservancia de la doctrina del Máximo Tribunal, sustentaban la inadmisibilidad del recurso, tal lo establece la Ley de Per Saltum que impulsó este Gobierno como la letra del Código Procesal, explicaron a Perfil.com allegados a los ministros.

La medida cautelar resuelta el pasado 11 de diciembre por el juez Horacio Alfonso que frenó por seis meses la adecuación de oficio del Grupo Clarín, ordenada por la AFSCA, habría puesto en evidencia los fundamentos de  “ilegalidad y falta de imparcialidad” interpuestos por los abogados del multimedio.

Además, para los ministros del Maximo Tribunal, la AFSCA estaría incumpliendo la resolución de la Ley de Medios que emitieron el año pasado al determinar las condiciones bajo las cuales debería efectuarse dicho proceso, aunque no podrían emitir opiniones ni adelantar fundamentos, sentencias quienes trabajan codo a codo con ellos.

La inexistencia de “gravedad institucional” que habilite la vía del Per Saltum, es decir saltear la instancia de la Cámara Civil y Comercial, habría sido otra de las razones para rechazar el recurso interpuesto por la AFSCA.

Para la mayoría de los jueces del Máximo Tribunal, la causa que enfrenta al Gobierno y Clarín, se trata de un “litigio comercial”, tal como lo expresaron el año pasado al resolver la “constitucionalidad de la Ley de Medios”, con la disidencia de Carlos Fayt quien si resaltó el “agravio a la libertad de expresión, como los derechos de propiedad que instó el multimedio y que habrían sustentado al Gobierno en la habilitación de este Per Saltum, explicaron especialistas.

Proceso a futuro. Así, la adecuación de oficio del Grupo Clarín continuará “frenada por seis meses” por la medida cautelar que el juez de primera instancia Horacio Alfonso resolvió el 11 de diciembre pasado.

Sin embargo, el rechazo de la Corte, significaría un obstáculo más para el Gobierno que durante el 2015 pretendería mantener como protagonista principal este tema.

Según voces del AFSCA, los abogados analizarían pedir el próximo lunes habilitación de la feria judicial ante el juzgado de primera instancia, aunque algunos  letrados que conforman el equipo jurídico de Martín Sabatella, habrían considerado la posibilidad de entablar una nueva estrategia judicial sustentada en recurrir la medida cautelar ante la Cámara de Apelaciones Civil Comercial de la Nación recién en el mes de Febrero.

Pero, los tiempos parecer urgir y el pedido de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, habría sido contar con un nuevo triunfo versus Clarín durante el 2015 que le permita dar mayor impulso a su candidato presidencial y a su futuro ante el Parlasur.

La cuestión de la medida cautelar que frena la adecuación de oficio podría volver a la Corte el próximo año. Previo a ello, debería resolver la supuesta “inconstitucionalidad” del nombramiento del juez subrogante del juzgado federal 1 de La Plata, Laureano Durán, cuyo impulso dio un grupo de partidos políticos opositores.

Aunque la Corte, en plena feria judicial, también podría intervenir en la causa impulsada por el radical Manuel Garrido, en la que la jueza federal contencioso administrativo, María José Sarmiento ordenó al Gobierno que en los próximos diez días hábiles brinde “ información sobre el acuerdo de YPF con Chevron para la explotación de Vaca Muerta”.



Natalia Aguiar