POLITICA

Los jueces del Tribunal Superior de Santa Cruz, sin límite de edad

Por Pablo Manuel | Una magistrada del máximo tribunal tiene 85 años. Cómo los defiende la Constitución provincial reformada por Néstor Kirchner.

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Foto:Cedoc Perfil

A diferencia de lo que sucede con Carlos Fayt, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Clara Salazar, no representa un problema para el kirchnerismo. Salazar tiene 85 años y ningún problema con su jubilación. La Constitución provincial, reformada en épocas de Néstor Kirchner como gobernador (1995), no establece límites de edad para quienes conforman el máximo tribunal de la provincia.

Es que el artículo Nº 128 establece, como único requisito, que el cargo será ocupado “mientras dure su buena conducta no pudiendo ser removidos sino por juicio político”. Nada dice e cambio de la edad.

“La señorita”, como llaman en los pasillos del Poder Judicial santacruceño a Salazar debido a su condición de soltera, asumió el cargo en épocas en las que gobernaba la provincia su vecino de Perito Moreno, Arturo Puricelli, ex ministro de Defensa de la Nación.

El Tribunal Superior está compuesto por otros cuatro magistrados, “a la medida del kirchnernismo”, según denuncia la oposición. Estos son los vocales: Enrique Osvaldo Peretti, Paula Ludueña Campos, Daniel Mauricio Mariani y Alicia de los Angeles Mercau. Estos tres últimos adhieren a Justicia Legítima, la asociación de la procuradora Alejandra Gils Carbó, que enrola a fiscales y jueces que respaldan al gobierno nacional.

Los cargos en la Justicia de Santa Cruz son un enredo de pases entre prácticamente los mismos personajes. Y en eso no hay diferencia entre juzgados provinciales y federales. De hecho, la conformación del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, creado hace pocos años, situó a Jorge Chávez, el único juez que encontró inocente al ex funcionario Daniel Varizat por haber atropellado a manifestantes con su camioneta.

En el Juzgado Federal de Río Gallegos recayó la doctora Andrea Askenazi Vera (2013), propuesta entre 21 conjueces que reemplazó a la jueza subrogante Cecilia Alvarez, que no era del agrado del poder político. Ese juzgado debería investigar la causa Hotesur, si ésta fuera derivada a Santa Cruz, como pide Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner.



Pablo Manuel