POLITICA ESCRITO ANTE EL JUZGADO

Los nuevos dueños de Indalo reclaman al Estado una deuda de $ 1200 millones

Ignacio Rosner, CEO de OP Invesment, dijo que a Indalo le deben pauta oficial, certificados de obra pública y pagos por la venta de energía eléctrica.

Foto:Cedoc

Los potenciales nuevos dueños del Grupo Indalo solicitaron a la justicia que se acelere la autorización de la operación comercial a través de la cual el fondo de inversión OP Invesment pasará a controlar las empresas de medios de comunicación, petróleo y construcción que hasta ahora estaban en manos del empresario Cristóbal López

Ignacio Rosner, CEO del fondo inversor, que ya figura como presidente de Oil Combustibles (la petrolera que tiene una deuda multimillonaria con la AFIP), reclamó al Estado una deuda de más de 1200 millones de pesos en concepto de “pauta oficial”, certificados de obra pública y venta de energía a Cammesa. 

Rosner, en un comunicado, elogió el cambio de las condiciones para invertir en la Argentina y anticipó que su objetivo es mantener más de 4 mil puestos de trabajo directos y 11 mil indirectos. También reveló su decisión de aliarse a la petrolera rusa Lukoil -un anticipo de Clarín- y de traer al país 300 millones de dólares para compensar la debilidad financiera del grupo y lograr una reactivación.

Rosner advirtió que las sociedades del grupo empresario no tienen acceso al sistema financiero, lo que pone en riesgo “el pago de salarios, contribuciones previsionales y planes de regularización y cancelación de las deudas impositivas, lo que profundiza innecesariamente la crisis de la empresa”. Según un documento al que pudo acceder PERFIL, el empresario consideró que la autorización de la operación judicial puede destrabar el cobro de las acreencias y el ingreso de fondos para estabilizar la situación del grupo, que pasará a llamarse OCSA.

Cristóbal López firmó el traspaso de las acciones de todo Indalo a OP, pero la transacción tiene que ser avalada por la justicia y el fisco, porque el grupo empresario tiene una inhibición general de bienes y es además objeto de una investigación judicial por la retención del impuesto al combustible.