POLITICA CONTRABANDO EN LA ADUANA


Más de 70 imputados, pérdidas millonarias y conexión oficial

La causa busca probar cómo funcionaba la red de complicidades en el organismo. Inhibición de bienes y prohibición para salir del país.

Bermúdez. El abogado de Stiuso defiende a un imputado.
Bermúdez. El abogado de Stiuso defiende a un imputado.
Foto:cedoc
La causa por supuesto contrabando que originaron la Procelac y el desplazado titular de Aduana, Juan José Gómez Centurión, avanza dentro de un complejo entramado que involucra a más de setenta imputados, decenas de sociedades y cientos de contenedores apilados en depósitos fiscales. Sobre estos últimos es que los investigadores se tienen que adentrar para relevar la mercadería que hay guardada. “Es la exhumación de años de manejo obsceno”, resumió una fuente a PERFIL. En el marco de esta causa, durante uno de los más de cien allanamientos que se hicieron, se encontraron 500 mil dólares en la casa del ex jefe de la Aduana de Buenos Aires, Eduardo Bernardi. La Justicia llegó al ex funcionario porque su número telefónico estaba en una agenda de los hermanos Paolantonio, sospechados de ser jefes de la organización encargada de haber contrabandeado a gran escala.

El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, que interviene en la causa, ya dispuso la prohibición de salir del país a cuarenta de los investigados en la causa y dictó la inhibición general de bienes a los más de setenta imputados. Entre ellos los Paolantonio, representados por Maximiliano Rusconi, quien presentó una de las dos denuncias contra Gómez Centurión. Rusconi pidió a comienzos de este mes la nulidad de la causa y Aguinsky ya corrió vista a las partes de ese pedido pero, como adelantó PERFIL, quienes conocen de cerca al magistrado afirman que “difícilmente declare la nulidad de sus propias decisiones”, por lo que Rusconi deberá apelar a otras instancias judiciales.

Los acusados habrían burlado el control aduanero para ingresar mercadería de contrabando por el puerto. Por eso, en el marco de la investigación, la fiscal Gabriela Ruiz Morales imputó a un grupo de importadores, a siete funcionarios de Aduana y a dueños de depósitos fiscales, por adulterar documentación y falsear información ante el organismo en el ingreso al país de mercadería de China. Además, para que ese mecanismo fuera posible, la maniobra implicaba el pago de coimas a miembros de la Aduana que actuaban como cómplices de los importadores.

La causa está dividida en dos grupos de imputados. El primero incluye a las empresas que traían de China materiales textiles, artículos de bazar, cosméticos, electrónicos, productos de iluminación y ferretería, entre otras importaciones, pero declaraban relojes de pared, flores de plástico, velas y otros productos de menor valor arancelario. Y así pagaban decenas de miles de pesos menos de impuestos por cada contenedor y no declaraban lo que realmente ingresaban, por lo que las pérdidas para la Aduana fueron millonarias.

En el segundo grupo están los responsables de los depósitos fiscales, las grandes superficies al aire libre que alojan los containers que ingresan al puerto. Gómez Centurión se presentó con un grupo de aduaneros para corroborar que lo que estuvieran alojando fuera lo declarado en la Aduana. Cuando comenzaron a abrir los contenedores, se encontraron con el mismo fraude.

Aguinsky ya ordenó el remate anticipado de aquellas cargas que están “en flagrante estado irregular o abandonadas, porque nadie las fue a buscar”.


Cecilia Devanna