POLITICA RR.HH., CON INFLACION

Más lugar para cargos políticos en el último año de gestión de CFK

La incorporación de dirigentes del kirchnerismo a la estructura del Estado, y sobre todo de los más puros cristinistas, es una tendencia que se consolida. Y el aumento en la planta de empleados que se evidenció en los últimos años se profundizará a partir de iniciativas ya aprobadas o que están avanzando en el Congreso.

Algunos son cargos justificados, otros más controvertidos, pero lo cierto es que el Gobierno contará con nuevos espacios para ser completados por soldados propios. Esta semana se conoció, por ejemplo, que el Ejecutivo echó de su cargo al titular del Anmat (Carlos Chiale) y designó en su lugar a un ex funcionario del organismo. El lugar del vice fue ocupado por Federico Kaski, dirigente de La Cámpora.

En el mismo rubro, hay un proyecto que ya tiene dictamen de comisión y estaría pronto a ser votado en Diputados, que es el de la creación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Además de promover la investigación y el desarrollo científico, establece la creación de cinco nuevos cargos, designados por el Ejecutivo.

Hace unas semanas generó mucho debate la votación de tres proyectos vinculados a la defensa del consumidor, entre las que se destacó la Ley de Abastecimiento. Otro proyecto votado es el que establece el “sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo” que crea unidades porteñas, provinciales y federales. Serán ocupadas por auditores designados por el Gobierno y avalados por un jurado de seis miembros con representantes de tres ministerios y de ambas cámaras parlamentarias. Durarán siete años, un período extenso si se lo compara con otras áreas del Estado.

Las nuevas universidades nacionales que promueve el oficialismo generan controversia. Ya fueron creadas dos nuevas por una ley aprobada el miércoles y otras seis recibieron media sanción. Justificadas por la posibilidades de acceso a la educación de sectores de bajos recursos, son criticadas por no contar con estudios técnicos adecuados y, sobre todo, por convertirse en cajas políticas para la distribución de cargos y contratos que suelen controlar intendentes y rectores en los distritos donde se crean.

También el nuevo Código Procesal Penal prevé nuevos cargos: se nombrarán 17 fiscales, se crearán veinte defensorías y se contratarán 1.713 empleados nuevos.



Gabriel Ziblat