POLITICA BOLETíN OFICIAL

Meta cumplida para el Gobierno: aceptó oficialmente la renuncia de Gils Carbó

Tras casi dos años tratando de desplazarla de su cargo, finalmente se logró su apartamiento.

Alejandra Gils Carbó, titular del Ministerio Público Fiscal.
Alejandra Gils Carbó, titular del Ministerio Público Fiscal. Foto:Facundo Iglesias

El Gobierno nacional aceptó formalmente la renuncia de Alejandra Gils Carbó como Procuradora General de la Nación a partir del 31 de diciembre. Desde la llegada de Mauricio Macri al poder que desde distintos sectores del Ejecutivo se expresó el deseo de que la jefa de los fiscales diera un paso al costado y, luego de casi dos años, finalmente se logró su apartamiento.

La medida fue dispuesta a través del decreto 898/2017, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Macri y el ministro de Justicia, Germán Garavano. El lunes de la semana pasada la funcionaria comunicó la decisión de su salida al Presidente en una carta: "Estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del ministerio público fiscal", escribió Gils Carbó.

"Acéptase, a partir del 31 de diciembre de 2017, la renuncia presentada por la señora doctora D. Alejandra Magdalena Gils Carbó al cargo de procuradora general de la Nación", ordena el artículo 1° de la resolución.

Cambiemos buscaba desplazar a Gils Carbó desde su llegada al poder en diciembre de 2015 por estar vinculada a la agrupación kirchnerista Justicia Legítima. La jefa de los fiscales había asumido en el cargo en agosto de 2012, cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidenta. 

Una semana antes de la decisión de la procuradora general de dar un paso al costado y ante un fallo judicial que había avalado su remoción sin obligación de recurrir al juicio político con intervención del Congreso, el Poder Ejecutivo Nacional había descartado la posibilidad de echarla por decreto.

Gils Carbó afronta un procesamiento por supuesta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por la compra para la Procuración del edificio de la calle Perón 667, donde funciona su propia oficina. El juez federal Julián Ercolini ordenó además un embargo sobre sus bienes por 7 millones de pesos.