POLITICA INTERNAS EN LA CGT

Moyano intervino en las sombras para desactivar un paro

El ex líder de Camioneros contuvo una rebelión encabezada por su hijo Pablo. Así encauzó la negociación con el Gobierno.

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Dibujos de Temes
Dibujos de Temes Foto:Pablo Temes

Hugo Moyano está en retirada, pero no retirado. El principal dirigente sindical de los últimos veinte años intervino esta semana para aquietar las aguas gremiales y encauzar la negociación con el Gobierno. El miércoles, en la previa al encuentro del triunvirato con Marcos Peña y Jorge Triaca, desactivó una rebelión que encabezaba su hijo Pablo Moyano, adjunto del gremio de Camioneros.

Pablo quería renunciar a su cargo en la CGT y coordinar acciones de protesta junto al bancario Sergio Palazzo y otros sectores, como las CTA y los movimientos sociales. Se barajó, incluso, la idea de regenerar el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), sigla que caracterizó a la resistencia moyanista en tiempos de Carlos Saúl Menem.

Moyano también envió señales a su tropa para alinearse tras el liderazgo del triunviro moyanista, Juan Carlos Schmid, líder de la Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte (CATT). Desde su designación como conductor cegetista, junto a Carlos Acuña y Héctor Daer, Pablo Moyano mantiene una relación tirante y amenaza con replegarse al gremio de Camioneros.

Hugo también dijo en privado que la CGT no podía decidir ir a un paro presionada por las CTA de Pablo Micheli y Hugo Yasky, que definieron la realización de una marcha el 4 de noviembre, ante la falta de aliados para una huelga. En una entrevista con América TV, había declarado, en la previa del encuentro CGT-Gobierno, que la conducción de la central “tienen la sabiduría y la prudencia necesarias para hacer las cosas cuando corresponda”. Y pidió: “No los apuremos, no los presionemos, ellos saben cuándo tienen que hacer las cosas”.

Más allá de la rebelión aplacada por Hugo, no se puede negar que existe tensión al interior de la CGT. De hecho, había una reunión de la comisión directiva prevista para el pasado jueves. Fue postergada para la próxima semana con el fin de dejar que se aquietaron las aguas.  

“El acuerdo por el bono de 2 mil pesos ofrece una referencia, pero se dejó en claro que cada sector puede ir por más”, aclaró a PERFIL un integrante de la conducción cegetista ampliada que participó del encuentro con el Gobierno. “Si Camioneros o Bancarios está en condiciones de pedir 4 mil pesos, pueden hacerlo”, insistió la fuente.

El acuerdo no impidió, sin embargo, las declaraciones con advertencias a los empresarios que deberán definir, sector por sector, cuál es el monto final del bono que llega al bolsillo de los trabajadores agrupados en cada convenio colectivo. Según indicaron a PERFIL desde los principales sectores de la CGT, a pesar de que se ha decidido no realizar una medida de fuerza general, cada sindicato podrá optar por implementar medidas de fuerza si no está conforme con el bono ofrecido por su contraparte empresaria.


Apoyo a la reforma de las ART

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el dirigente de la CGT Juan Carlos Schmid coincidieron ayer en señalar que se debe terminar la industria del juicio en casos de accidentes laborales. Ocurre tras la presentación ante el Senado este viernes de un proyecto para reformar el régimen de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART).

El texto establece la obligatoriedad de pasar por un proceso administrativo, previo a cualquier demanda judicial. El ministro defendió el proyecto impulsado por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) e indicó que “cuando un trabajador tiene que estar tres o cuatro años litigando para recibir esos beneficios, definitivamente no es un servicio como el que tiene que tener”.

Schmid, quien integra la conducción tripartita de la CGT, señaló en declaraciones radiales que “hay una actitud de coincidencia de que no le sirve ni al trabajador, ni al empresario, pero hay vivos que se están haciendo la América” con los juicios laborales. A su vez, reclamó “un endurecimiento de las leyes para los que no cumplen”.  

En paralelo a la preparación de la reforma, que altera las normas implementadas por el kirchnerismo en 2012, la SRT tejió acuerdos de cooperación con veinticinco sindicatos y mantuvo reuniones con los principales referentes gremiales.