POLITICA SECRETOS DE LA DECISION QUE TERMINÓ EN ESCANDALO

Oyarbide frenó todo y luego se dedicó a escuchar ópera

El juez estaba en el teatro cuando recibió la llamada de Liuzzi. Antes había ordenado pinchar teléfonos.

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Foto:Gaston Renis

El juez federal Norberto Oyarbide se disponía a disfrutar de la ópera cuando recibió el llamado de Carlos Liuzzi, número dos del secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini. Fue la tarde del jueves 19 de diciembre de 2013. El funcionario lo anotició de que su juzgado había ordenado un allanamiento a la financiera Propyme y que su brigada de confianza estaba pidiendo sobornos exorbitantes, contaron a PERFIL en el entorno del magistrado.

El juez suspendió su momento maravilloso, opacado por el llamado. Se comunicó con su mano derecha y hasta entonces secretario letrado: Carlos Leiva. Era quien investigaba la causa. Esa misma mañana, el propio juez había firmado la orden para allanar 22 financieras en una causa de supuesto lavado de dinero. Por teléfono y desde la ópera, Oyarbide dio la orden de parar todo. Leiva llamó al subcomisario Fabio Ascona, a cargo del operativo. Era, hasta entonces, el policía de confianza para los allanamientos del juzgado en causas de lavado.

Ascona no quiso parar el allanamiento. Llamó al celular de Oyarbide. Atendió un tercero. El juez no estaba disponible. Al rato volvió a marcar su número. El juez jamás le contestó, según reveló el subcomisario en un escrito que presentó el jueves ante la Justicia. El juez no se trasladó al lugar de los hechos ni envió a un miembro de su juzgado. Directamente tomó por hecho lo que Liuzzi le había manifestado y siguió en la ópera.

Al día siguiente, a las 8 de la mañana, Ascona estaba en la puerta del juzgado federal número 5, esperando que el juez lo atienda. Fue ignorado. Mientras él esperaba, puertas adentro, Oyarbide dialogaba con Guillermo Greppi y su abogado Fernando Torres.

Yo le solucioné un problema, ahora usted ayúdeme a mí”, le pidió el juez al dueño de la financiera allanada. Oyarbide necesitaba ser él quien iniciara la denuncia contra su propio juzgado. Así demostraba que él no había sido parte de la maniobra y echaba toda la responsabilidad sobre su secretario letrado, Leiva, su mano derecha desde hace veinte años. El juez tomó nota de los testimonios de los denunciantes e inició una investigación en contra de su propio juzgado.

Pecado original. La causa que originó este escándalo se inició el 3 de mayo de 2013 por un llamado anónimo que recibió el subcomisario Ascona, de la División de Investigaciones Federales de Organizaciones Criminales (Difoc). Una persona dijo temer por su vida y denunció a Juan Pablo Barduil, como un “supuesto contador” que creaba sociedades anónimas para lavar dinero. La Difoc, que trabaja con el juzgado de Oyarbide en las causas de lavado, dio intervención al juzgado. En vez de mandar la causa a sorteo para que sea investigada por otro juez, como obliga una resolución judicial, Oyarbide se quedó con la causa y ordenó tareas de inteligencia: pinchó teléfonos, y la Difoc comenzó a hacer seguimientos de personas supuestamente ligadas a Barduil, según consta en el expediente al que accedió PERFIL. Debían investigar si esas financieras, a través del cambio de cheques y creación de sociedades y facturas truchas, lavaban dinero negro o evadían impuestos.

De los 22 allanamientos, sólo se “concretaron” nueve, según consta en la causa. PERFIL reveló ayer que dos de los financistas allanados y un estudio contable admitieron que pagaron a la Difoc alrededor de 2 millones de pesos cada uno para frenar los “daños”.

Pero en uno de los allanamientos, Greppi se negó a pagar 300 mil dólares, primero, y 3 y 2,5 millones de pesos después. La financiera había empezado a ser investigada tres días antes. En las escuchas, habrían detectado que en la caja fuerte tenían 5 millones de pesos.

El subcomisario Ascona entregó por escrito su versión de los hechos al juez Rodríguez. Aseguró que durante el allanamiento, Greppi mostró la pantalla de su celular a la policía y les ofreció ponerlos al teléfono con Zannini, que figuraba en su lista de contactos. Greppi lo niega.

Hay otro dato llamativo que resalta Ascona, para demostrar la incidencia del poder político en el caso. El día del allanamiento en el que la Difoc hizo el supuesto pedido de coima en nombre del juez, a las 20 horas fue puesto a disponibilidad, es decir, fue sancionado por su desempeño en el procedimiento.



Emilia Delfino