POLITICA LA RUTA DEL DINERO

Preocupación y contactos entre el Gobierno y Lázaro por el futuro judicial

A través de intermediarios, la cúpula del kirchnerismo y el empresario acuerdan la estrategia frente a las indagaciones por los fondos en el exterior. Máximo Kirchner es un nexo constante.

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Foto:Cedoc

“Si Lázaro está preocupado, Cristina debería estar más preocupada”, deslizó un funcionario del Gobierno. Mientras los fondos buitre y la Justicia argentina avanzan en causas que involucran a Lázaro Báez por presunto lavado de activos, en la Casa Rosada crece la preocupación porque los negocios de Báez incluyen a la presidenta Cristina Kirchner. Ni el caso Ciccone desvela tanto a la Presidenta como éste, porque Lázaro se hizo multimillonario en pocos años gracias a la familia Kirchner.  Y se sabe que, aunque la Justicia local sea lenta, la obsesión por desnudar negocios “sucios” por parte de los holdouts es voraz. La jefa de Estado y el empresario K mantienen contactos telefónicos. La relación de Báez también se extiende a Máximo, el hijo presidencial: el empresario lo conoce desde que era chico y las comunicaciones no se limitan sólo a relaciones comerciales.

La conexión entre la máxima autoridad de la República y Báez la reconoció el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, cuando afirmó que, si bien “técnicamente no son socios” mantienen vínculos comerciales. La aclaración del titular del ente recaudador desnudó que existe una estrategia común entre el empresario K y el Gobierno para hacerle frente a la tormenta judicial. “La estrategia judicial está consensuada. Este hombre (por Lázaro) no hace nada sin consultarlo con Cristina”, explicó un funcionario del Ejecutivo. 

“El consenso en la estrategia judicial se hace a través de intermediarios, porque cuando ellos hablan no tocan los temas judiciales”, sugirió otro funcionario del Gobierno.

Báez está imputado en la causa que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello después de las declaraciones de Federico Elaskar y Leonardo Fariña, en las que dijeron haber lavado dinero para él. También es investigado por la Justicia suiza. Lázaro tiene allí contratado a un estudio de abogados. “El Gobierno busca apuntalar la estrategia judicial, por eso Echegaray termina blanqueando algo que no podía ocultar”, advirtió a PERFIL un diputado K de buena llegada a la Casa Rosada. Lo que termina blanqueando son los negocios hoteleros que mantienen juntos. Pero la sospecha es que detrás puede haber más cosas. Una investigación de La Nación descubrió que Báez alquilaba a precios altos habitaciones de los hoteles de los Kirchner en el sur para los empleados de su imperio Austral Construcciones. Entre los ejemplos, destacaba que rentaba noventa habitaciones para 13 empleados, en una maniobra más que sospechosa.

En su edición del sábado pasado, PERFIL reveló que el empresario Lázaro Báez habría echado mano a empresas que utilizarían facturas truchas para evadir impuestos. Después de eso, Echegaray advirtió que esas empresas hacía tiempo que eran investigadas por la AFIP. Según publicó este diario, en 2007 un equipo de la DGI comprobó más de 500 millones de pesos en facturaciones truchas de la empresa Gotti SA, de Báez, pero el fisco nunca lo denunció. La Casa Rosada habría ordenado detener la investigación.

La causa de Casanello avanza. El magistrado pidió medidas de prueba para conocer los movimientos de cuentas en Suiza y Liechtenstein. La sospecha es que Báez giró dinero a Suiza por más de 55 millones de euros. Los fondos buitre revelaron un mapa en el que mostraban la compleja ruta del dinero: decían que los fondos habían pasado por Nevada y las islas Seychelles, y luego habrían desembocado en Suiza para después blanquearse en la Argentina. Dijeron que para eso el empresario habría utilizado 123 empresas fantasma. Pero fuentes cercanas a él lo negaron.

“Pueden revisar todas esas empresas y no van a encontrar plata de Báez. Van a encontrar de cualquiera menos de él. Báez no tiene cuentas en Estados Unidos”, afirmaron. El abogado que representa a las 123 empresas también negó representar a Báez. “Las empresas demostraron que no tienen ninguna vinculación con el dinero argentino que está buscando el fondo NML Elliot”, afirmó Jason Wiley. Agregó que representa a las 123 firmas porque todas están en una “situación similar y recurrieron a los servicios de management de Aldyne LTD”. Más allá de la causa de Lázaro Báez, el Gobierno enfrenta otras complejas, como la que involucra al vicepresidente, Amado Boudou. Y espera un año electoral acompañado de fallos judiciales adversos.



Mariano Confalonieri