POLITICA LA JUSTICIA ORDENO ABRIR UNA CAUSA

Punteros y negocios detrás de las tomas

Ocupan tierras, las venden y extorsionan a los vecinos. El juez Casanello puso en la mira una cooperativa de la Villa 31 que hace obras para la Ciudad y recibe planes de Nación.

Foto:Gastón Renis

El juez federal Sebastián Casanello ordenó iniciar un expediente contra las autoridades de la Cooperativa de Trabajo El Salvador Limitada, con vínculos políticos, que recibieron fondos públicos del macrismo y el kirchnerismo para obras y programas en la Villa 31. En esta causa, deberá investigarse cómo funciona el negocio de la toma de tierras para el alquiler o venta de terrenos a los vecinos de la villa, y la consecuente extorsión para quitarles dinero y desalojarlos.

Casanello procesó a Juan Luis Agüero, Cristian Coronel, Yanina Coronel, Marcelo Gutiérrez y Patricia Yampa por la ocupación del predio que se ubica en la intersección de la Autopista Illia y la avenida Ramón Castillo. Los acusa de usurpar tierras para luego alquilarlas o venderlas a otros vecinos de la villa. Los testigos hablan de coacción y amenazas. Los vecinos señalan como responsables de la maniobra a los representantes de una de las cooperativas de trabajo que realizan obras de urbanización de la villa con fondos públicos de la Ciudad y son beneficiados con programas del gobierno nacional, como Mi PC, del Ministerio de Industria.

Los testigos, muchos de los cuales compraron tierras usurpadas y luego fueron coaccionados para entregar más dinero bajo amenaza de desalojo, señalan a Roberto Esteban Castillo, alias “el Gordo Daniel”; Víctor Castillo; Patricia Beatriz Yampa; José Alberto Coronel; y Graciela Beatriz Herrera. Para el juez, “estarían asociados ilegalmente con la finalidad de organizar ocupaciones de predios y así cobrar dinero del Estado –por la liberación de los terrenos y realizar obras dentro de esos asentamientos–, empleando para la usurpación a otras personas que se encuentran en situación habitacional precaria”.

El 20 de agosto de 2010, un grupo ingresó “de manera organizada” al predio, propiedad del Belgrano Cargas. Una de las vecinas contó a la Justicia que, luego de la ocupación, una de las procesadas le ofreció uno de los terrenos por 8 mil pesos. Incluso, presentó ante la Justicia un comprobante de la compra. Pero, al igual que otros vecinos, la mujer luego sufrió amenazas de desalojo. Nunca pudo dejar su casilla a solas desde entonces. La maniobra de este grupo es usurpar, vender y, una vez que el vecino paga y se instala, reclamarle más dinero bajo presión de desalojo.
 

Omar Benítez, titular de la Cooperativa de Trabajo Vecinos Históricos de Villa 31, declaró en 2010: “Víctor Castillo es titular de la Cooperativa El Salvador, a quien el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Espacio Público y Medio Ambiente, cuyo titular es Diego Santilli, le ha otorgado infinidad de obras para ser realizadas tanto en la Villa 31 como en la Villa 31 bis, cobrando por ello cifras millonarias”. Para Benítez y otros testigos, Castillo estaría detrás de esta maniobra de toma de tierras. PERFIL consultó al senador Santilli. En su entorno, aseguraron que durante su gestión decidió que cada cooperativa de la villa hiciera las obras de sus manzanas, y que tanto la de los Castillo, como la de Benítez y otras, recibieron fondos para la urbanización de la 31. Negaron tener vínculo con Castillo y aseguraron que la posición de Santilli es que el que usurpa vaya preso.

“Los gobiernos no quieren que la villa se erradique, porque se termina el curro. Acá, todo se reparte para arriba. Acá hay cooperativas que tienen un monopolio de la obra pública, y gente con vínculos con La Cámpora, que maneja Juan Cabandié. En el entorno de Castillo hay gente trabajando en la Anses en la villa. Y después está el PRO, que maneja las obras”, dijo Benítez a este diario. PERFIL intentó comunicarse con Víctor Castillo. No obtuvo respuesta.

Casanello habló en su fallo de “lugares de excepción –en referencia a la 31–, auténticos guetos donde rige la ley del más fuerte y el retiro del Estado da lugar a la creación de códigos de convivencia propios”, y sobre los procesados dijo “que se aprovechan de la inacción estatal para someter a otros. En ellos, el reclamo habitacional es tan solo una excusa para evadir la ley”. Pidió protección para los testigos al Ministerio de Justicia de la Nación.


Redacción de Perfil.com


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