POLITICA


Se calienta la pelea política y judicial por la suspensión del fiscal del Lázarogate

El proceso contra Campagnoli motivó un pedido de juicio político a su jefa Gils Carbó y la posibilidad de que intervenga la Corte Suprema.

Las repercusiones por la suspensión de José María Campagnoli, se extienden a favor y en contra de quien fuera apartado de una de las causas que investigan los nexos entre el empresario Lázaro Báez y el matrimonio Kirchner. 

Según el exdiputado Ricardo Gil Lavedra -coordinador del equipo que patrocina a Campagnoli- se encuentran definiendo cuál es la vía jurídica más adecuada para subsanar la "enorme y evidente arbitrariedad" cometida por el Tribunal de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura contra ese funcionario judicial.

Esta mañana, el Gil Lavedra alertó que "el drama que tiene en este momento la Argentina, con la impunidad extendida, generalizada que hay en materia de corrupción, es que los fiscales no investigan, y al que investigan lo suspenden". El dirigente sostuvo que la decisión adoptada por el Tribunal de Enjuiciamiento no implica "solamente la suspensión de un fiscal de tan larga actuación, es un mensaje al resto de los fiscales".

Consultado sobre la posibilidad de que los defensores de Campagnoli recurran a la Corte Suprema mediante un per saltum, Gil Lavedra prefirió la cautela: "Vamos a ver; primero tenemos que reunir toda la documentación y haremos una reunión seguramente el lunes para evaluar las distintas alternativas". 

"Está muy mal que una decisión que provoca un gravamen de tanta magnitud no tenga ningún tipo de control; estas cuatro personas, en una decisión abiertamente arbitraria e insostenible, toman la resolución de suspender a un fiscal en sus funciones y no tienen control alguno", se lamentó, aunque aseguró que intentarán "encontrar un remedio jurídico, una vía jurídica para poder subsanarlo". Asimismo, el dirigente radical reconoció que, hasta el momento, todos los "intentos" para que la Justicia revisara las suspensiones decididas por el Tribunal de Enjuiciamiento "han fracasado", por lo que, admitió, "esto torna complejo el tema".

En idéntico sentido se expresaron desde el Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial, como así también desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. Para estas entidades, la suspensión de Campagnoli "solo tiene por objeto disciplinar magistrados". Las asociaciones criticaron la actuación de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que promovió la sanción, al señalar que "tiene por mandato legal la protección de la independencia de los integrantes del Ministerio Público Fiscal, por lo que cobra gravedad la suspensión expuesta, atento a que no hay causas que justifiquen la suspensión".

Por su parte, el senador radical Mario Cimadevilla advirtió que Gils Carbó -quien promovió el jury a Campagnoli- podría avanzar ahora contra el fiscal federal Guillermo Marijuán. "Es muy probable que eso que pasó hoy con Campagnoli, se extienda a otros fiscales", indicó Cimadevilla, para luego advertir que hay que estar muy atentos a ver qué hacen con Marijuán, que justo está investigando a la procuradora".

Marijuán investiga una denuncia penal que Cimadevilla presentó contra la Procuradora por presuntas irregularidades en el nombramiento de fiscales, por entender que no solo se incumplió con los procedimientos establecidos, sino que los designados "pasaban a intervenir en determinadas causas desplazando a los fiscales naturales".

Entre quienes respaldan la decisión adoptada por Gils Carbó, se encuentra el director nacional de Migraciones, Martín Arias Duval, quien se mostró sorprendido por la decisión del Tribunal de Enjuiciamiento contra Campagnoli, pero reiteró que "es falso" que su dirección le haya negado información respecto de Baéz. Arias Duval, es quien presentó una nota contra Campagnoli en la que desmentía haberle negado información sobre la causa. 

Gabriel Gandolfo, abogado de Lázaro Báez, criticó que "se pretenda instalar"  el discurso de "me quieren remover porque hago mi trabajo", a lo que agregó que Campagnoli trabaja e investiga mal porque lo hace sin respetar los límites y las reglas a las que está sometido en su condición de fiscal y que son las que impone el código de procedimiento".

Más juicios políticos. La diputada nacional del PRO, Laura Alonso, envió una carta al presidente de la cámara baja, Julián Domínguez, para que se constituya "urgentemente" la Comisión de juicio político a efectos de tratar los pedidos presentados contra la procuradora Alejandra Gils Carbó.

La legisladora indicó que "es de una gravedad institucional inusitada el accionar de la procuradora Gils Carbó, exigimos tratar los pedidos de juicio político por mal desempeño que ya fueron presentados". Al respecto, Alonso explicó que existen tres pedidos de juicio político contra la Procuradora, cada uno de ellos por motivos distintos, que "no sólo hablan de su mal desempeño sino fundamentalmente de una animosidad en contra de los principios republicanos de la Constitución Nacional".

En la misiva, Alonso exigió también la apertura de un sumario contra Gils Carbó, ya que considera que la suspensión de Campagnoli es grave "por su falta manifiesta de fundamentos, sus inadecuados términos y sus graves implicancias para la independencia de los fiscales de la Nación".

Incertidumbre. En la actualidad, Campagnoli se encuentra suspendido. Es fiscal, pero no puede ejercer el cargo hasta que resuelva su situación ante las autoridades disciplinarias. Luego de su suspensión, Campagnoli deberá someterse a un juicio disciplinario en el cual podría resolverse su remoción del cargo o la permanencia en el mismo.

El juicio aún no tiene fecha cierta y, los recientes cambios en la composición de las cámaras legislativas -de las cuáles provienen algunos de los miembros del Consejo de la Magistratura- demoran aún más los tiempos. Es precisamente por ello que el propio José María Campagnoli especuló días atrás con la posibilidad de promover un per saltum, en vistas de ahorrar tiempo y someterse directamente al criterio de la Corte Suprema. 



Redacción de Perfil.com


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