POLITICA EN BUENOS AIRES


Se inaugura una cárcel para inmigrantes

Como en Europa, el gobierno de Cambiemos quiere detener el flujo migratorio y que mejor idea que “retenerlos” en una cárcel.


Foto:dyn

El próximo jueves 1 de setiembre se inaugura en la ciudad de Buenos Aires una cárcel exclusiva para inmigrantes “sin papeles”. Como en Europa, el gobierno de Cambiemos quiere detener el flujo migratorio y que mejor idea que “retenerlos” en una cárcel.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, Fernando Ocampo, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Horacio García, director Nacional de Migraciones celebraron un convenio por el cual se pondrá en funcionamiento esta nueva institución en el Pasaje Colmo N° 3860 del barrio de Barracas. Estará destinado “de manera exclusiva al alojamiento de las personas infractoras a la Ley 25.871 en carácter de comunicados y a disposición de Migraciones al sólo y único efecto de cumplir la orden de expulsión dictada respecto de un extranjero” dice el comunicado oficial. En tanto, la Policía Federal se ocupará del traslado y custodia de los extranjeros retenidos. En la fecha mencionada el director García tomará posesión de su triste cárcel migratoria pero aseguró que la pondrá en condiciones con “agua caliente y espacios recreativos”. Un mensaje alentador.

Cuando esta cárcel no sea suficiente, García, Bullrich y los funcionarios migratorios podrán instrumentar un “campo de refugiados” en algún predio adecuado. Tal vez el Parque Indoamericano en Lugano, que se encuentra abandonado, pudiera cumplir los requisitos necesarios para el armado de las carpas. O tal vez mejor, algún municipio del conurbano más alejado de la capital autónoma.

En este tema Donald Trump tiene los mismos criterios en cuanto a los inmigrantes “ilegales” en los Estados Unidos. La cárcel en primer lugar y campos de refugiados, por si se demorara el trámite de expulsión.

Este año el director de Migraciones Horacio García inauguró un estilo policial en la relación con los recién llegados. Terminó el programa Patria Grande de normalización documental, para pasar a un plan persecutorio que se manifiesta en los 12.700 inmigrantes fiscalizados en más de ocho mil operativos realizados con apoyo de la Policía Federal este primer semestre. En su página web la dirección de migraciones se ufana de que la persecución realizada este año “se produjo un aumento de 2.991 operativos; representando un incremento del 37,2% interanual en la actividad”. Para la segunda parte del año proponen incrementar las acciones punitivas. García dio por terminado el programa de regularización documental que se realizaba en los barrios. Ahora se busca a los inmigrantes para detenerlos, en lugar de ayudarlos a documentarse.

La ilegalidad de estas acciones quedan a la vista en el propio preámbulo de la Constitución Nacional donde se aseguran “los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.

Alvaro Fontana de la Defensoría de Inmigrante aseguró que “las distintas convenciones de derechos humanos de las Naciones Unidas para las políticas migratorias, de la que nuestro país es firmante, apuntan claramente que la detención de personas por motivos de regulación migratoria atenta contra el derecho a la libertad misma y la criminalización del derecho a la libre circulación”.

Estas medidas desproporcionadas que el gobierno nacional implementa tendrán pronta respuesta tanto de organismos internacionales como de las colectividades de residentes latinoamericanos en nuestro país.

Como si la represión fuera poca cosa, el director de migraciones aumentó por su cuenta y orden en un doscientos por ciento los aranceles para los trámites a los inmigrantes. Claro, si las tarifas de luz y gas aumentan al cuatrocientos ¿qué problema hay con esto?

Sería bueno recordar que no haber completado el papelerío de residencia, que la propia oficina de migraciones complica y demora, no implica delito alguno. Las detenciones y expulsiones que sueñan estos funcionarios xenófobos deberían alertar a la justicia y también al INADI. Pero este organismo se encuentra intervenido por el partido gobernante y sus empleados no se atreven a denunciar estos hechos.

No permitamos que la ola xenofóbica que enferma los países europeos y a nuestros vecinos de Norteamérica llegue a nuestro país.


* Presidente de SOS Discriminación Internacional, fundador del INADI.




Víctor Ramos*