POLITICA DEPOSITOS EN EL EXTERIOR

Suiza se prepara para devolverle a Lázaro más de 10 millones de euros

Son fondos que habían sido bloqueados tras las denuncias contra el empresario. La Justicia helvética dice que no tiene pruebas de ilícitos.

PERFIL COMPLETO

Desde Ginebra
El Ministerio Público de la Confederación Suiza (MPC) va a devolver a sociedades cuyo control se atribuye a Lázaro Báez entre 10 y 20 millones de euros, saldo que la justicia federal de este país pudo bloquear de los 55 millones supuestamente sacados ilegalmente de la Argentina en 2011. Así lo conformó una fuente cercana a la fiscalía helvética.   
Los suizos alegan que la decisión se debería a la falta de respuesta del juez argentino, Sebastián Casanello, a lo requerido por Suiza en dos oportunidades. La Justicia suiza necesita pruebas del presunto origen criminal de estos fondos. Las autoridades helvéticas corroboraron que estos fondos fueron depositados en diferentes bancos suizos y abrieron una investigación penal por blanqueo de dinero el 25 de abril de 2013.
Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan, que investigan a Báez, aseguraron en cambio que enviaron a Suiza el 16 de junio varias piezas de la causa: las imputaciones del fiscal, las declaraciones indagatorias de Federico Elaskar y Leonardo Fariña y los autos de mérito, en los que consta las pruebas, calificación legal, hipótesis y respuestas de las defensas. También se enviaron las cautelares patrimoniales y la lista de causas en Argentina contra Báez, en varias de las cuales podrían estar los indicios del supuesto origen ilícito de los fondos de Lázaro en Suiza: sospechas de sobreprecios en la obra pública.
Suiza le había reclamado a Casanello el “modus operandi” criminal de Lázaro Báez y otros implicados enumerados por el juez en su exhorto de principios de junio pasado, al solicitar el bloqueo y la notificación de cuentas. Y por exhorto del 26 de marzo de 2014, le añadieron que enviara “los documentos esenciales” de la causa. La Cancillería confirmó esta semana que una copia de la misma fue despachada a Suiza el 26 de junio pasado. Pero el portavoz helvético, Folco Galli, afirmó no haberla recibido.
Este incidente se agrega a que inicialmente Suiza invitó a Casanello a viajar a Berna para “clarificar” la situación. La Corte Suprema pidió hacerlo por videoconferencia. La defensa del clan Báez se opuso y finalmente Suiza retiró su invitación. En ese contexto, una misiva de protesta de un abogado del clan, dirigida al presidente suizo, Didier Burkhalter, denostando a su embajador en Buenos Aires, Johannes Matyassy, por su presunta locuacidad ante el periodismo, precedió a que fuera relevado de su cargo.
En el juzgado de Casanello se considera que lo requerido por Suiza es “excesivo”. Tal vez algo de razón tenga. Si el “delito previo” estuviera probado, Casanello elevaría el caso a juicio sin más trámites. Es paralelamente cierto que la Justicia suiza necesita al menos una “sospecha fundada” de corrupción de Báez y su entorno, y un dialogo interactivo con el juez, que no ha podido articularse en un año y medio.
El Ministerio Público suizo no puede eludir sus propias responsabilidades en este desencuentro. Parece refugiado en la lógica de un “servicio mínimo”, es decir, hacer lo obligatoriamente indispensable sin esforzarse demasiado, preludio que facilita el cierre de las actuaciones. La magistrada a cargo del expediente, Angele Wellauer, viene de ser criticada por su actitud de “servicio mínimo” en el tratamiento de la fortuna ilícita descubierta en Suiza del ex dictador de Túnez, Ben Ali, según detalló Agathe Duparc, periodista francesa radicada en Ginebra, especialista en reportajes de “dinero sucio”.  
El clan Báez retiró hace muy poco su recurso contra el Ministerio Público ante el Tribunal Federal suizo, semejante a la Corte Suprema en Argentina. Eso anticiparía un desenlace inminente de devolución de fondos.
El 26 de marzo pasado, el Ministerio Público de la Confederación Suiza citó entre la legislación aplicable para desbloquear información el artículo 67 de la ley interna de Suiza. Ese artículo habilita, sin contrapartida, la “transmición espontánea de medios de prueba y de informaciones” a otro país, si “puede facilitar el desarrollo de una investigación en curso”. Hasta ahora, no fue el caso.
* Autor de “La bóvedas suizas del kirchnerismo”

Juan Gasparini*