POLITICA

Telefe recurriría a la Justicia si lo obligan a vender

El Gobierno decidió postergar hasta marzo o abril el tratamiento del plan de Telefónica para ajustarse a la Ley de Medios. Deben decidir si el grupo tiene que vender su canal insignia.

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Foto:Cedoc

Finalmente el Gobierno decidió posponer una definición sobre la situación de Telefe, el canal de TV abierta con más audiencia de la Argentina, que en los últimos años ha sido poco crítico con el kirchnerismo.

Lo hizo incluso luego de aprobar en tiempo récord el plan del Grupo Clarín para ajustarse (adecuarse) a la Ley de Medios, que presentó más de un año después que la compañía de capitales españoles.

La Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual (Afsca) había dejado trascender que el plan del Grupo Telefónica se trataría mañana, 24 de febrero, pero los directores no fueron convocados a la reunión y la adecuación tampoco se encuentra en el “temario” a resolver.

“Lo vamos a tratar entre febrero y marzo”, confirman fuentes del Afsca, pero dentro del Gobierno aseguran que ese tema se va a postergar hasta marzo o abril. Y confirman que Telefónica va a ser el último expediente que se apruebe.

La gran pregunta es qué cambió en las últimas semanas para que el oficialismo haya optado por pasar para más adelante la decisión. Sobre todo porque –según confían los técnicos del Afsca– el plan que presentó Telefónica posee algunas “inconsistencias” y podrían obligar a Telefónica a vender Telefe.

“Están zarpados”, sintetiza un altísimo funcionario del Gobierno que sigue de cerca el trámite que presentó la compañía. Y recuerda que la Ley de Medios le impide a una prestadora de un servicio público (Telefónica lo es) ser titular de una licencia de televisión.

El expediente de la compañía está “congelado” dentro del Afsca pero, en realidad, se trata de una cuestión política. Dentro del gabinete K coinciden en que la decisión de poner a la venta Telefe depende de una sola persona: Cristina Kirchner.

Telefónica estaría dispuesta a vender su señal si encuentra un comprador que pague lo que la compañía quiere. Esa cifra está muy lejos de los US$ 150 millones que costaría Telefe según fuentes del mercado. La empresa quiere al menos el doble.

Por eso, algunos directores de la compañía amenazan delante de empresarios que si son obligados a vender y no consiguen un comprador apetitoso, iniciarían una batalla legal en la Justicia del mismo vigor de la del Grupo Clarín. Aunque después del fallo de la Corte Suprema eso no sería tan simple.

Es real que son pocos los empresarios que podrían pagar lo que vale la compañía. El canal no es un gran negocio, coinciden empresarios de medios. Telefe factura mucho, pero gana poco: tiene 1.700 empleados, altos sueldos y personal con mucha antigüedad. Una reestructuración tendía un alto costo financiero.

Por eso, muchos empresarios apuntan a Cristóbal López, el “zar del juego”, como posible interesado en quedarse con el canal. Acaba de “robarle” a Telefe a Francisco Mármol, ex director periodístico del grupo. Esta semana debutó con el mismo cargo en Indalo, la empresa de Cristóbal que controla sus radios y su señal de cable, C5N. Cerca del empresario desmienten taxativamente su interés en el canal de Telefónica.

Uno de los grupos que se habría mostrado interesado es Turner, una de las mayores productoras de contenidos de la región, con señales como CNN, TNT, Warner TV, Space y Cartoon Network, entre otras.

El Gobierno podría haber decidido también postergar  el tratamiento de Telefe para no dar un mal mensaje a España, en medio de la oferta de US$ 5 mil millones que hizo a Repsol como compensación por haber expropiado sus acciones en YPF. Esta semana el Consejo Directivo de la compañía debe analizar si acepta la oferta. Presionar a Telefónica justo ahora no sería la mejor forma de tender puentes con España.

Mientras tanto, el Afsca se prepara para recibir la lista de accionistas que controlarán las seis empresas en las que se dividirá Clarín y creen que a fines de marzo se sabrán los nombres. Aseguran que ya convocaron a especialistas de la Comisión Nacional de Valores, de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Inspección General de Justicia (IGJ) para analizar la capacidad financiera de los nuevos dueños. Los directivos de Clarín, cuando escuchan esas versiones, apenas responden con una irónica sonrisa.



Lucas Morando