SOCIEDAD


Denuncian a la obra social de Moyano por no cumplir con la ley de obesidad

La Justicia, incluso, condenó a la prestadora de salud a hacerse cargo de la cirugía bariátrica para una mujer de 180 kilos. Seis meses sin respuesta.

José María Campagnoli, el fiscal suspendido por “abuso de poder” y “mal desempeño”.
José María Campagnoli, el fiscal suspendido por “abuso de poder” y “mal desempeño”.
Foto:DYN

Desde junio del año pasado rige en el país la ley de obesidad, que obliga a las obras sociales a hacerse cargo de los tratamientos para bajar de peso, e incluye los distintos tipos de cirugía bariátrica. Sin embargo, la obra social de camioneros, que lidera Hugo Moyano, no da respuesta al pedido de una mujer de 44 años, que mide 1,50 metros y pesa 180 kilos, pese a que la Justicia ya obligó a la prestadora de servicios de salud a realizarle la intervención quirúrgica.

Se trata del caso de Nancy Ocampo, que interpuso un amparo de salud por obesidad contra OSCHOCA en 2007, cuando aún no había sido sancionada la ley de obesidad. La sentencia, firme y consentida, fue en noviembre del año pasado. Seis meses después, la obra social no dio respuesta alguna, pese a los insistentes pedidos de cumplimiento por parte del abogado de Ocampo, Gastón Mucci.

 

“Esto puede demorar años... y yo tengo miedo de que se me muera en el camino”, se sinceró Mucci en diálogo con Perfil.com. Y asegura, que según los peritos, por su estado de salud, Ocampo “tiene 48 veces más posibilidades de caerse muerta que cualquier otra persona de su edad”. Es que, además del sobrepeso, la mujer de 44 años, esposa de un camionero, se encuentra “con un cuadro de depresión, tirada todo el día en la cama”.

 

“A su edad, ya le fracasaron todos los métodos convencionales para adelgazar”, asegura Mucci. Y cuenta que, aunque la sentencia en contra de la obra social de Moyano es firme, para obligarla a pagar la intervención quirúrgica “se requiere de un mandamiento, en el que el juez determina el monto de dinero exacto que debe otorgar” para tal fin, pero como se trata de una operación cuyo costo exacto no está definido, el juez no quiere firmar ese mandamiento.

 

Sin embargo, “se supone que entre 48 y 72 horas después de la sentencia, la obra social tendría que haber dado los instructivos para tramitar la operación, pero hasta ahora no hizo nada ni nos informó de nada”, señala Mucci.

 

“No creo que que 40 o 50 mil pesos le vaya a cambiar la vida a la obra social. No tengo idea por qué no responde, pero no responde, y ese es el principal problema. Así podemos estar tres años, y yo tengo miedo que (Ocampo) se me muera en el camino”.

 

Consultados por Perfil.com, desde el entorno del camionero dijeron desconocer el caso.



Redacción de Perfil.com


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