SOCIEDAD 50 HECTÁREAS


Un megabasurero minero en San Juan, en el centro de polémica por contaminación

Una minera chilena instaló una escombrera de 100 hectáreas de las cuales la mitad está en territorio argentino. Allí volcaron más de 55 millones de toneladas de residuos entre 2007 y 2012. Reclamo de ambientalistas y la respuesta del gobierno provincial.

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Foto:www.radiominera.com

La minera chilena Pelambres, instalada a pocos kilómetros de la frontera con San Juan, instaló la escombrera Cerro Amarillo en un predio que alcanza las 100 hectáreas. La mitad de este "megabasurero" donde se arrojaron más de 55 millones de residuos peligrosos entre 2007 y 2012, se encuentran del lado argentino. El hecho generó presentaciones judiciales cruzadas, denuncias por impacto ambiental y hasta la intervención del Gobierno provincial.

En 2014, Pelambres fue denunciada por la otra minera: Pachón -controlada por la suiza Glencore- la cual tenía planeado instalarse del lado argentino y al querer hacerlo se encontró con los desechos de la escombrera, la cual mide 105 hectáreas y tiene unos 70 metros de altura.

"Hay un acuerdo que firma la provincia de San Juan para que el basurero quede ahí, en una especie de control de 10 años y esto dura cientos de años. Ellos llaman roca estéril pero de estéril no tiene nada, porque en realidad después del proceso de sacar los minerales quedan un montón de escombros, y  contienen otras sustancias que mezclados con lluvia forman el denominado 'drenaje ácido'. Esto se ubica cerca del río Carnicería que termina siendo afluente después de pasar por otro río, del San Juan, el más importante de la zona", explica en detalle el abogado ambientalista, Enrique Viale

A su vez, el especialista remarca que fue el senador Fernando 'Pino' Solanas quien trató el tema en la Comisión de Ambiente del Senado que preside. Y el lunes 6 de septiembre viajó a San Juan donde presentó ante el Juzgado Federal N° 1 de San Juan un escrito denunciando penalmente la violación de la Ley 24.051 y solicitó la inconstitucionalidad del acuerdo entre el gobierno de San Juan y la minera chilena por violar el último párrafo del artículo 41 de la Constitución Nacional.

"Lo increíble de esto es que el hermetismo minero, sobre todo en San Juan, se rompe porque la minera que trabaja del lado argentino quería que se sepa esto, por eso ellos pagaron un estudio donde dice que es una barbaridad lo que sucede. Se viola la ley de residuos peligrosos", insiste Viale.

Respuesta oficial sobre el acuerdo. El ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel, explicó a Perfil.com su versión sobre el convenio. "En 2014 Pachón inicia una demanda judicial contra minera Los Penambres, que se tramita ante el Juzgado Federal N° 1 de San Juan, a cargo del doctor Miguel Ángel Gálvez. En esa demanda se reclama por la presencia de la escombrera". "En esa acción se exigue el retiro de los escombros, que son incluso sobrantes estériles del proceso minero. Se exige una indemnización por daños, y tengo entendido también que se reclama una especie de pago por el tiempo que ha transcurrido desde que estuvieron ocupando parte del territorio del titular superficiario que sería Pachón", agrega el funcionario. 

"Tomando conocimiento en la provincia que existía este reclamo, a través del fiscal de estado de la provincia de San Juan, se toma intervención en la causa judicial sobre la base de la preservación de los derechos de la incidencia colectiva de la población, que es justamente el derecho de la población de gozar de un ambiente sano. Es una cuestión constitucional, independientemente de la discusión de carácter patrimonial que se esta ventilando en la causa judicial", precisa Hensel. El funcionario comentó que el juez convoca a una audiencia. Las partes buscarán llegar a una acuerdo lo cual no obsta de medidas preventivas de carácter ambiental.

"Aprovechando que en la causa judicial había un planteo de medida cautelar solicitada por Pachón, pidieron monitoriar los puntos críticos. Sobre la base de esa cautelar, lo que hizo la provincia de San Juan en el acuerdo fue no solo contenerla sino ampliarla significativamente", sentencia. "Lo que se hizo fue lo siguiente: cuando yo llego al ministerio (en diciembre de 2015) nos encontramos con un decreto que sobre la base de lo que se había planteado en la órbita judicial, crea una comisión de verificación del aislamiento de la escombrera Cerro Amarillo, dado que la provincia reclama el aislamiento total, absoluto, sustentable de la escombrera, más allá de cualquier otro tipo de discusión que pudiese haber en la causa", relata el titular de la cartera de Minería.

"La provincia de San Juan pidió que se le otorgara la participación en defensa de  los intereses de la provincia. Eso fue consentido por Pachón y por minera los Penambres. Tras esto, el juez requirió una serie de medidas: un plan de trabajo conceptual, con la ingeniería de detalle para el aislamiento ambiental, el monitoreo de guas superficiales y subterráneas en diversos puntos de la zona de la escombrera con una frecuencia mensual y por un período de 5 años", explicó Hensel.

"Lo que se acordó es eso, la minera Pelambres tiene que realizar el aislamiento, que una vez finalizado deben ser fiscalizadas las obras y los monitoreos de aguas. Después se deben tramitar los permisos y las autorizaciones para dejar habilitados los pasos ocasionales, porque allí hay además de ese material estéril de roca, alrededor de 500 neumáticos de camiones fuera de ruta, entonces para eso otra de las exigencias es el retiro de los mismos. Por ello y también para el aislamiento, es necesario habilitar pasos ocasionales y allí interviene Cancillería, Ministerio del Inteiror y Aduana. En este momento tenemos todos otorgados para comenzar desde septiembre con el retiro de neumáticos, es decir que los van a tener que llevar a Chile", detalló.

"Con este aislamiento lo que se pretende justamente es que se le de una solución inmediata para que la provincia no esté como en un partido de ping pong viendo como se juega el partido, dado que un juicio puede llevar años. Todo este acuerdo es sin prejuicio de lo que se pueda resolver por parte de un órgano bilateral o supranacional o lo que se resuella en la cuestión de fondo que es lo que se está debatiendo en el juzgado, eso es la síntesis del convenio que se ha suscrito", informa el ministro. "Nos importa la parte ambiental, dado que es una cuestión que tenemos que preservar antes que nada. Este convenio ha sido comunicado formalmente a Cancillería, a la secretaria de Minería de la Nación y ha sido presentado en ele expediente judicial", concluyó Hensel.