SOCIEDAD

Igualdad de oportunidades

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En 2010 una jueza local ordenó a la Ciudad que garantice transporte escolar gratuito a los niños y niñas de la Villa 31/31 Bis que asisten a escuelas de nivel inicial y primario ubicadas a más de diez cuadras de sus casas.

En ese barrio, miles de niños se ven obligados a transitar más de veinte, treinta y cuarenta cuadras para poder asistir a la escuela. A ello se agregan las dificultades derivadas de la falta de urbanización y del deficiente acceso al transporte público, lo que genera enormes problemas para sostener la escolaridad.

Esta situación contrasta con lo que ocurre en otras zonas de la ciudad, en las cuales la mayoría de los estudiantes de escuelas estatales no deben recorrer más de diez cuadras.

La jueza tuvo en cuenta que el derecho de acceso a la educación comprende, como uno de sus elementos esenciales, la cercanía geográfica de las escuelas.

Más allá de las necesarias medidas inmediatas para asegurar la provisión de transporte, uno de los problemas de fondo que deben remediarse con urgencia es la falta de escuelas cercanas. La situación descripta es discriminatoria, ya que profundiza las desigualdades sociales y económicas que la educación está llamada a remediar.  

Si bien el Poder Ejecutivo tiene atribuciones para definir la política educativa, debe hacerlo en el estricto marco de lo que establecen los derechos constitucionales, que demandan asegurar una igualdad real de oportunidades y de trato, y la priorización de zonas desfavorecidas.

*Codirectora de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij).



Dalile Antunez