SOCIEDAD ENTRE RÍOS


La Iglesia le pidió a la Justicia que respete la libertad religiosa de las personas

La Conferencia Episcopal Argentina emitió un comunicado cuestionando el accionar de las autoridades que investigan a dos monjas por castigar a dos exreligiosas.

Convento Nogoya
Convento Nogoya Foto:Captura
La entidad más importante de la Iglesia, la Conferencia Episcopal Argentina, criticó el allanamiento que se realizó hace un mes en el Convento de Nogoyá, Entre Ríos, tras las acusaciones a dos monjas que vivían allí por torturas. "Esperamos que la Justicia respete la libertad religiosa de las personas".

 Luego de que la revista Análisis Digital publicara el testimonio de dos exreligiosas que fueron castigadas y retenidas por dos monjas de este convento de las carmelitas, un fiscal dispuso el allanamiento hace un mes del establecimiento y esto provocó la reacción de la Iglesia, que cuestionó la forma del procedimiento a través de un comunicado.

"Llamó la atención el modo de proceder de las autoridades intervinientes. No había ni hay ningún motivo para presumir que un monasterio conocido y de extendida presencia necesitara ser allanado de ese modo. Esa forma de actuar, que sería igualmente poco adecuada en una casa de familia, ofende especialmente a la consideración que merece una casa de oración legítimamente constituida, y al sentimiento religioso de la comunidad católica", dice el comunicado.

Por otro lado, la Conferencia Episcopal Argentina aclaró que "queremos dejar en claro que la Iglesia Católica no busca ningún privilegio frente a la legítima acción del Estado en la investigación y sanción de los delitos que puedan cometerse en cualquier ámbito. Si efectivamente se hubieran cometidos delitos, la Iglesia es la primera interesada en que se haga justicia".

Sin embargo, defendió a las monjas acusadas: "La forma de vida de las monjas contemplativas, que se dedican a la oración y el trabajo silencioso, puede ser difícil de comprender en nuestro tiempo".

Por último, el comunicado afirma que esperan que "la Justicia se expida con prontitud, que lo haga en base a elementos objetivos y respetando en toda su amplitud la legislación vigente y la libertad religiosa de las personas y de la Iglesia misma".

Mirá el comunicado completo:

En las últimas semanas han circulado noticias y comentarios respecto de la investigación penal que involucra al monasterio de monjas carmelitas de la ciudad de Nogoyá (Entre Ríos). Consideramos oportuno decir una palabra al respecto.

En primer lugar, queremos dejar en claro que la Iglesia Católica no busca ningún privilegio frente a la legítima acción del Estado en la investigación y sanción de los delitos que puedan cometerse en cualquier ámbito. Si efectivamente se hubieran cometidos delitos, la Iglesia es la primera interesada en que se haga justicia.

Pero en este caso concreto llamó la atención el modo de proceder de las autoridades intervinientes. No había ni hay ningún motivo para presumir que un monasterio conocido y de extendida presencia necesitara ser allanado de ese modo. Esa forma de actuar, que sería igualmente poco adecuada en una casa de familia, ofende especialmente a la consideración que merece una casa de oración legítimamente constituida, y al sentimiento religioso de la comunidad católica.

La forma de vida de las monjas contemplativas, que se dedican a la oración y el trabajo silencioso, puede ser difícil de comprender en nuestro tiempo. Queremos reafirmar la especial estima, valoración y agradecimiento que los obispos y el Pueblo de Dios tenemos hacia la vida religiosa contemplativa. Se trata de un testimonio luminoso que nos ayuda a descubrir la presencia de Dios. Los monasterios son lugares de oración y de paz, que hacen mucho bien a la Iglesia y a la misma sociedad.

Esperamos que la Justicia se expida con prontitud, que lo haga en base a elementos objetivos y respetando en toda su amplitud la legislación vigente y la libertad religiosa de las personas y de la Iglesia misma. Acompañamos al obispo del lugar y exhortamos a los fieles a unirse en oración por todos quienes ejercen un grado de autoridad en este caso, para que lo hagan con los necesarios recaudos jurídicos que requiere un hecho que presenta instancias canónicas que deben ser tenidas en cuenta.