SOCIEDAD EN LA FRONTERA CON BOLIVIA

Las estancias de un capo narco serán administradas por dos universidades

Pertenecen a Delfín Castedo, un terrateniente salteño que está preso desde el año pasado. La UBA y la casa de altos estudios de Salta fueron propuestas por un fiscal y la Procunar.

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default Foto:Cedoc
Los gendarmes traspasaron, el último 8 de diciembre y por segunda vez, el portón de El Pajeal con orden de allanamiento en mano. Contabilizaron 534 vacas, 96 terneras y 77 terneros en los corrales, el número se duplicaría con la cantidad de animales que pastan a cielo abierto, entre ellos 26 toros. Con un drone, lograron retratar las siete silobolsas con granos de trigo. También encontraron diversas herramientas en tinglados, un container, tres acoplados sin identificador y una topadora sin uso. Para la Justicia, toda una pantalla que cubre la verdadera actividad de su dueño: el narcotráfico.
Detrás de esa estancia y la finca El Aybal hubo un cerebro. Y no fue el de Delfín Castedo, sino el del ex diputado del PJ, por Salvador Mazza, Ernesto Aparicio. Tras la muerte del dirigente, en 2013, el hombre de mayor confianza “heredó” las 29 mil hectáreas del paraje Madrejones, lindantes con Bolivia, la mayor puerta de entrada de cocaína al país.

Las tierras no tienen mayor valor debido a que una ley las protege del desmonte y tampoco son demasiado aptas para el cultivo. Toda esa inmensidad será administrada por universidades, o al menos, eso pretenden los diferentes actores judiciales que investigan a la organización.

A través de las fincas, Castedo que, entre otros, abastecía a Carlos Salvatore, el narco más poderoso de Argentina y se codea con diferentes clanes salteños; posee el control de 40 y 50 kilómetros de frontera. Delfín también cobraría peaje y a otras bandas narco y de contrabando que requieren sus servicios. “Funciona como una aduana paralela”, indicó un detective que sigue de cerca los pasos del narcotraficante.
El tiempo presente es el correcto, debido a que pese a que el jefe narco fue capturado a mediados del año pasado y permanece preso en la cárcel de Güemes, en Salta, junto a su hermano Ula, la actividad narco en las estancias continúa inmune. Eso es lo que aseguran el fiscal federal de Orán, Eduardo Villalba, y Diego Iglesias, a cargo de la Procunar.

“La extensión de los campos es tan grande que es imposible establecer una guardia permanente en su totalidad”, explicó una fuente de la causa, que también investiga el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. Creen que Delfín continuó la aduana paralela a través de su ex mujer, quien se encuentra detenida con el beneficio de prisión domiciliaria.  Según un informe de la Unidad Especial de Operaciones Antidrogas de Gendarmería, en la actualidad, El Pajeal posee “un camino de tierra de grandes dimensiones y en buen estado, el cual va desde lo que sería el casco de la estancia, hasta el límite internacional terminando en un portón (…) el camino se adentra en territorio extranjero, constituyendo un paso no habilitado”.

Por la imposibilidad del Estado nacional de controlar el total de la extensión de los campos de Castedo, la Procunar junto al fiscal federal subrogante de Lomas, Leonel Gómez Barbella solicitaron el urgente embargo sobre las fincas El Aybal y El Pajeal, y que “se designe a la Secretaría de Fronteras del Ministerio de Seguridad de la Nación, como depositaria judicial de los bienes que en ellas se encuentren y para que proceda a asegurar la presencia efectiva del Estado en ambos inmuebles”.

En el oficio enviado en marzo de este año, Iglesias, junto a los fiscales Villalba, José Luis Bruno y Carlos Amad, pidió a Green que evalúe la posibilidad de otorgarles un destino de utilidad pública y social a las fincas.

Villena, quien concedió el embargo y ordenó el allanamiento de las dos estancias, se adelantó y solicitó la intervención de los campos por parte de la Sociedad Administradora de Campos de la Universidad de Buenos Aires (SAU). Requirió que la entidad “ejerza los actos de conservación y administración respecto de los bienes inmuebles rurales en cuestión, como lo allí plantado, bienes muebles, construcciones, mejoras y semovientes, según inventario, que previamente deberá realizar”.
La Procunar, a la espera de la respuesta de la Secretaría de Fronteras, pedirá en el expediente que tramita en Orán una medida similar que involucre a una Casa de Altos Estudios de la zona. La Universidad Nacional de Salta podría ser la mejor opción.


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