En Argentina, en abril de 2020, se registraban un total de 3.881 refugiados y 8.044 solicitantes de asilo. Foto: ACNUR

Día Internacional

Refugiados en Argentina: se dispararon sus pedidos de ayuda social por la pandemia

ACNUR y las agencias asociadas pasaron de atender un promedio de 150 casos mensuales a 1600 desde marzo, luego de que muchos migrantes, que sobreviven en la informalidad, perdieran sus trabajos y hasta sus casas.

por Mariano Beldyk

20/06/2020

La pandemia arrasó con todo. Proyectos, vidas, hasta economías, con un impacto difícil de cuantificar. Y como en toda tragedia, los más vulnerables dentro de cada sociedad absorben la peor parte, entre ellos, los refugiados, los que aún peticionan por esta condición y los migrantes en general que subsisten en la informalidad y hasta la irregularidad. Argentina no fue la excepción: a punto de alcanzar los 100 días de cuarentena y restricciones fronterizas, los pedidos de ayuda social por parte de estos grupos creció 10 veces entre marzo y mayo.

Los números son elocuentes. La oficina regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a la par de sus organizaciones y agencias de la sociedad civil asociadas pasaron de atender un promedio de 150 pedidos de socorro por mes a 1600. Lejos de menguar, la tendencia en junio apunta en la misma dirección y temen que el invierno solo recrudezca más las carencias entre estos sectores.

"La pandemia tiene que ser vista como una crisis sanitaria, socioeconómica pero también una crisis de protección por su impacto desproporcionado sobre los solicitantes y refugiados en tanto que la mayoría de ellos trabajaba en la informalidad y han visto cómo se perdían sus empleos, sus medios de vida y muchos han quedado sin ingresos que les permitan sufragar siquiera sus necesidades básicas en términos de alojamiento, comida y otras necesidades fundamentales", comentó a PERFIL Juan Carlos Murillo, representante regional de ACNUR para el Sur de América latina.

Un informe elaborado por el colectivo Agenda Migrante 2020 reveló que el 58 por ciento de ellos dejó de percibir un ingreso desde el arranque de la cuarentena, lo que derivó en que uno de cada tres de los consultados informaran algún tipo de dificultad para pagar el alquiler, situación que es aún más dramática si se considera que el 65 por ciento convive con dos o más personas. Hubo quienes perdieron su techo y sufrieron desalojos mientras el Gobierno nacional exhortaba a quedarse en las casas.

En respuesta, tanto ACNUR como la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), la Fundación Mirares y la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref) debieron montar operativos de emergencia junto al Gobierno nacional y las autoridades locales para la entrega de kits de limpieza y alimentación. En los casos más extremos, incluyó transferencias de efectivo para hacer frente a los costos de alojamiento. Refugiados con cuatro a seis años en la Argentina, que habían construido una base de sustentación, debieron acudir de nuevo a los programas de asistencia.

En Caref, por caso, pasaron de atender un promedio de cincuenta consultas por semana por parte de refugiados, solicitantes y migrantes a más de 200 desde abril. Unas 590 exclusivamente relacionadas con dificultades para acceder al sistema de salud, tanto a tratamientos para enfermedades oncológicas, HIV, diabetes y problemas neurológicos, como a medicamentos para tratar la hipertensión, asma, artrosis y presión arterial, entre otros. A las primeras semanas de junio contabilizaron 26 situaciones que requirieron atención específica en lo concerniente a su salud mental.

En gran medida, esto se explica por las condiciones previas a la pandemia, ya de por sí complejas, que solo empeoraron con el abrupto vuelco de la normalidad. Trabajos en el sector informal —muchos de ellos en servicios, como la limpieza, o las changas, paralizados con la pandemia— y situaciones particulares que los dejaron afuera, incluso, del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por incumplir con requisitos como los dos años mínimos de residencia en el país. Acorde al sondeo de Agenda Migrante 2020, el 80 por ciento no accedió a este salvavidas mínimo de 10 mil pesos, porque no pudo registrarse (47%) o no se lo otorgaron (33%)

Luego, otros obstáculos surgieron de forma inesperada. Cuestiones de documentación precaria —como se conoce la identificación temporal—, que estaban salvadas con la atención personalizada en oficinas públicas, emergieron a raíz de la brusca digitalización de la vida. Sin DNI no pudieron activar una clave fiscal mientras la AFIP operó de forma remota. Tampoco tramitar los permisos de circulación ya que muchos de ellos se desempeñaban, o comenzaron a hacerlo, como mensajeros. En este contexto, el temor a contagiarse Covid-19 (50%) quedó relegado frente al miedo a sufrir "problemas económicos" (75%).

Asistencia

La Argentina no dispone de una política específica de atención de emergencia destinada a los refugiados o solicitantes sino que existen dos vías para atenderlos en la adversidad: los programas sociales a nivel nacional y local, para los que no todos califican, y luego están las acciones que desarrollan ACNUR y sus socios. En el último año, se sumó la Fundación ACNUR, una entidad autónoma que trabaja en sus propias campañas de recolección de fondos. Desde las organizaciones de la sociedad civil reconocen que hay receptividad por parte de las autoridades nacionales y locales para solucionar estas problemáticas.

"Estamos trabajando en un contexto donde se visibiliza con mucha más claridad que los solicitantes de asilo, los refugiados y la población migrante en general, dentro de los sectores vulnerables, tienen una accesibilidad muchos más tardía a sus derechos que otros grupos", explica Gabriela Liguori, directora ejecutiva de Caref. "Los grupos que históricamente vienen con más dificultades para acceder a su documentación son también los más vulnerables en este contexto donde todo se exacerba. No pueden acceder a las políticas de asistencia por falta de documentación y las cuestiones vinculadas a la discriminación no han cesado", subraya.

La Argentina no dispone de una política específica de atención de emergencia destinada a los refugiados o solicitantes

Senegaleses y dominicanos —en su mayoría mujeres, dentro de esta última nacionalidad—son poblaciones que, en el Gobierno, describen como "casos manifiestamente infundados", solicitantes que no encuadran dentro de la categoría de "refugiado" para el Estado argentino. También los haitianos se encuentran en un limbo similar: el 79 por ciento, en la encuesta citada, no dispone de DNI. Muchos de ellos sobreviven en una irregularidad que los pone en la mira de las autoridades. Tal como ocurrió en La Plata, en plena cuarentena, donde un grupo de vendedores ambulantes senegaleses fue reprimido por la policía, según denunciaron miembros de esta comunidad en las redes sociales.

Los venezolanos atraviesan una problemática propia. Una tercera parte de los consultados no consiguieron aún radicarse por la imposibilidad de conseguir ciertos certificados como el de antecedentes penales. Ya en 2018, se había octuplicado el pedido de asilo de su parte. Ahora, un número cada vez mayor piensa en retornar a su país.

 

Fronteras

A diferencia de Uruguay, que específicamente habilitó el cruce de fronteras invocando el derecho a la protección internacional, el decreto argentino de restricciones fronterizas no lo contempla en su letra aunque, desde el Gobierno, aseguran que Migraciones nunca dejó de analizar cada caso en particular en base a los protocolos sanitarios. La petición de la condición de refugiado se debe realizar dentro del territorio argentino o al ingresar.

Quien se ocupa en la Argentina de resolver cada solicitud, o revocar el beneficio, es la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), que nuclea a representantes de cinco ministerios, Acnur y la sociedad civil, además de un plantel administrativo y su Secretaría Ejecutiva. Esta semana se volvió a reunir por segunda vez en el año, desde marzo, pese a que debería hacerlo una vez por mes. Como todo durante la pandemia, debió readaptarse al trabajo remoto. Resolvieron avanzar en la elaboración de un protocolo para estandarizar la atención de los solicitudes cuando se presentan en las fronteras.

A diferencia de Uruguay, que habilitó el cruce invocando el derecho a la protección, el decreto argentino de restricciones fronterizas no lo contempla en su letra

Tras unas semanas en las que no operaron, en abril habilitaron la recepción de peticiones en forma remota, uno de los pocos países de la región en hacerlo. Al igual que con los pedidos de ayuda, se detectó un incremento significativo, de un promedio de 150 solicitudes mensuales en los primeros meses de 2020 a más de 200 en mayo y una idéntica tendencia en junio.

En base a los registros de Naciones Unidas, en abril de 2020 había 3.881 refugiados en la Argentina y 8.044 solicitantes. En cuanto a los migrantes venezolanos, el número trepaba a 173.343. Unidos a otros 443 apátridas, carentes de nacionalidad, el número total de personas consideradas como parte de la población de interés por su condición de fragilidad alcanza los 185.702, solo en este país.

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