En los penales federales de Argentina se registraron 427 casos de torturas y malos tratos durante 2019 contra los presos. La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) Argentina informó que es la cifra más baja desde 2011.
"Hubo sentencias por torturas y por torturas seguida de muerte, cuando nunca se había tenido una condena de estas características por víctimas que estuvieran en cárceles federales", destacó el titular del organismo descentralizado añadiendo que en los últimos cuatro años consiguieron más de 150 procesamientos y más de 20 condenas.
En esa línea, siguió: "El hecho de un organismo indague en las vejaciones cometidas contra la población penitenciaria, lo que le permitió presentar 140 denuncias penales durante el año pasado, ha contribuido con toda probabilidad a que los reclusos muestren una mayor confianza hacia la institución".
"Cuando iniciamos este proceso, solo 7% prestaba conformidad para una denuncia penal, y hoy es el 40,9%, lo que demuestra que el procedimiento que es eficaz", planteó en diálogo con el portal Sputnik.
El organismo descentralizado identificó 321 episodios de violencia que involucran a 361 víctimas. Además, al menos 48 personas que fueron víctimas de malos tratos en más de una ocasión. En detalle, se trata de 390 casos de violencia física, 128 amenazas graves, 106 casos de aislamientos prolongados y 29 casos de escasa o nula alimentación.
De todas maneras, las agresiones detectadas en 2019 son inferiores a las de los años anteriores, siendo la más baja desde 2011. En ese lapso, se destaca el 2014 con el mayor número de casos: 820.
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Según consigna el informe, en pabellones o celdas ocurrieron el 44% de las agresiones; en patios, pasillos o zonas de tránsito sucedieron el 26% de los hechos denunciados; y en las salas de espera el 14%. Finalmente, las oficinas administrativas albergaron el 9% de los maltratos, y las celdas de aislamiento, otro 7%.
Por otro lado, se detectaron 27 casos de violencia física que tuvieron lugar en hospitales o centros médicos (el 7% del total), mientras que otros 11 (lo que equivale al 3%) ocurrieron en establecimientos de salud mental. También se contabilizaron 20 episodios en la vía pública o en el domicilio, 12 durante traslados, siete en comisarías, y cinco en institutos de menores.
En cuanto a las edades de las víctimas, el 44% tenía entre 25 y 34 años, otro 21% tenía entre 35 y 44 años, y 20% más se encontraba entre los 18 y 24 años. En esa línea, también se observaron 18 casos de torturas y malos tratos involucran a menores de edad y mencionan un episodio que sufrió un adolescente de 13 años, la víctima más joven dentro del registro de torturas de la institución.
Asimismo, el 89% de los reclusos golpeados o torturados son hombres (378), 8% son mujeres (34) y 3% pertenece a la comunidad LGTBI+ (15). En cuanto a la zona geográfica, la región metropolitana de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires (este) reúne el 48% de los casos denunciados, cuando alberga el 61% de la población penitenciaria.
El informe también destaca que en el 84% de los casos denunciados hubo más de un agresor. Y que 9 de cada 10 agresoresson agentes del sistema penitenciario federal, aunque en 18 casos los atacantes fueron personal del área de salud, como médicos o enfermeros (5% del total) o incluso, en cuatro casos, los denunciados son las autoridades máximas de la prisión (1%).
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En la mayor parte de los casos, las víctimas estaban reducidas al momento de la golpiza, pues el 63% refiere que estaba en el suelo, el 61% de espaldas, y el 56% esposados o atados.
Según el informe, los golpes de puño son lo más frecuente (79%) y las patadas, pisadas o pisotones (63%), pero también hubo casos de asfixias, cachetadas, golpes en los oídos, puente chino y varios otros considerando las múltiples posibilidades de ejercer violencia física.
El 39% de los agresores intentó silenciar a su víctima con amenazas, y el mismo porcentaje aisló de manera informal al detenido para encubrir lo sucedido. Otro 28% recurrió a falsificar actas médicas, 18% más coronó los maltratos con una sanción de aislamiento, y un 16% agravó las condiciones de detención de la persona detenida.
En cuanto a la situación de hacinamiento, destacaron que al término de 2019 había 14.067 personas privadas de su libertad en los 33 centros federales de Argentina, cuando la capacidad operativa utilizable es de 12.694 internos.
ED / DS
