Las Conferencias Ministeriales de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y mucho más aún la Cumbre de Líderes del G20, son eventos considerados de alto riesgo. Una pesadilla para los servicios de inteligencia y seguridad y, en particular, para el país anfitrión, por los actores de peso internacional que convocan y el fantasma siempre presente que puedan sufrir un ataque. De ahí que sus coberturas periodísticas se rigen por severos controles aunque ninguno de ellos, al menos oficialmente, se ciñe a ideologías, militancia o creencias religiosas. Tampoco el uso que los periodistas hacen de sus redes sociales, forman parte de los datos recabados por la inteligencia argentina.
Argentina supo hospedar ambos bajo la presidencia de Mauricio Macri. Con una diferencia fundamental entre la ministerial de la OMC, en diciembre de 2017, y la Cumbre de Líderes del G20, un año después: en la primera, los criterios de acreditación y todo el proceso, se realiza ante el propio organismo mientras que no hay oficina o entidad burocrática supranacional en el club de los 20 y sus invitados. Al contrario, la responsabilidad de la seguridad, y la decisión de determinar quiénes pueden participar o no por fuera de las delegaciones, recae en el país anfitrión, por más intercambios que su gobierno haga con los ejecutivos extranjeros a partir de sus avanzadas en el terreno para determinar potenciales riesgos.
Las Conferencias Ministeriales de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y mucho más aún la Cumbre de Líderes del G20, son eventos considerados de alto riesgo
La OMC cuenta con una División de Información y Relaciones Exteriores que se ocupa de la tarea de acreditar a los medios de prensa en base a un conjunto de reglas establecidas con tal fin. Fija, por caso, los plazos que se deben respetar para inscribirse y los requisitos a cumplir por parte de los interesados. En todo momento, hace hincapié en aspectos profesionales y no personales, de su práctica laboral, contrariamente a lo que se vio en las fichas halladas en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con nombres de periodistas y otros referentes sociales y políticos que se inscribieron en estos eventos y descripciones sobre ellos, en muchos casos, con datos de su vida privada.
"La División de Información y Relaciones Exteriores debe tener la certeza de que las personas que piden ser acreditadas son profesionales auténticos y que representan a verdaderos órganos de información", estipula el documento MC11 Lineamientos de Seguridad con el que se rigió la conferencia de diciembre de 2017 en Buenos Aires y al que pudo acceder PERFIL. Su fecha corresponde a junio, siete meses antes de la ministerial. "La acreditación solamente se concederá cuando haya pruebas de que el solicitante tiene antecedentes de haber hecho trabajos para órganos de información sobre cuestiones relacionadas con el comercio", destaca.
"La División de Información y Relaciones Exteriores debe tener la certeza de que las personas que piden ser acreditadas son profesionales auténticos"
En ese sentido, el trámite solo fija la obligación del periodista de presentar una carta de asignación con membrete del medio y la firma del director responsable, para ser considerada su petición. Y en el caso de las productoras de televisión independientes, deben acompañar su solicitud con una carta de la organización de difusión que tiene previsto difundir sus programas.
Cuando se trata de un medio estrictamente digital, la OMC demanda que se identifique su pertenencia "a una empresa registrada" y que disponga de "una dirección no electrónica, especifica y verificable, y un número de teléfono". Y si es nuevo, "debe presentar datos lo más actualizados posibles sobre visitas al sitio y otros materiales sobre sus usuarios".
Asimismo, el documento aclara que "las divisiones de infomación de organizaciones no gubernamentales no son acreditadas como medios" y que una vez tomada la decisión, de acreditar o no, es "definitiva". En ningún lugar reclama datos que no correspondan con la verificación de la pertenencia a un medio real.
El trámite solo fija la obligación del periodista de presentar una carta de asignación con membrete del medio y la firma del director responsable, para ser considerada.
En el caso del G20, los criterios de seguridad son establecidos por el gobierno anfitrión. No hay un organismo propio sino que existe una troika, conformada por el país organizador, el que lo precedió y quien lo sucederá en la tarea, con interconsultas permanentes. El gobierno que pasa la posta es el más avanzado en la tarea porque cuenta con la evaluación de su desempeño en la cumbre anterior. Para la Argentina, ese asesoramiento provino de Alemania, con quien se establecieron fluidos canales de comunicación e, incluso, hubo funcionarios del gobierno de Cambiemos que viajaron hasta aquel país a recabar la información de primera mano.
No obstante, el gobierno de Macri tomó la cumbre de Hamburgo, en 2017, como el modelo de todo lo que no quería para Buenos Aires, esencialmente por los errores cometidos en materia de seguridad. Aquel encuentro concluyó con serios incidentes en las calles con organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas antiglobalización, y de ahí que estudiaran con detalle el caso para plantear una logística en las antípodas. La elección de Costa Salguero como sede central, en las márgenes de la Ciudad y con tres anillos de seguridad a su alrededor, fue el resultado.
Para la Argentina, ese asesoramiento en logística y seguridad provino de Alemania, con quien se establecieron fluidos canales de comunicación.
El Ministerio de Seguridad de la Nación, con Patricia Bullrich, se ocupó de diseñar y ejecutar en forma íntegra el operativo de custodia y toda su logística. Y el control de las acreditaciones formaba parte de esas tareas. Sin embargo, un funcionario que trabajaba en esa cartera remarcó a PERFIL que se siguieron estrictos protocolos internacionales que no solo corrían para los periodistas sino para todo personal involucrado, desde un chofer a una camarera de los hoteles involucrados y que, al igual que la OMC, "consistían básicamente en saber si estaban empleados en la empresa por las cuales se los acreditaban y si las empresas existían".
Para los medios, dicho protocolo se ajustaba a los criterios que aplican las Naciones Unidas para definir a los órganos de difusión periodísticos. Y así como Interpol cotejaba los perfiles de los extranjeros, la AFI se ocupaba de certificar las identidades. Recordó que "tardaban mucho" en definir que cada quién fuera quien decía ser en la acreditación. Y puso como ejemplo un error que finalmente fue subsanado, cuando una periodista que trabaja bajo un apodo, casi es vetada al no coincidir su nombre con el que figuraba en la empresa. Lo atribuyó a la equivocación de "un empleado que no ve ni televisión". "Esas cosas pasan", sostuvo.
