El ex militar Alfredo Scilingo, condenado en España a 1084 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos durante los los “vuelos de la muerte”, habría recibido este martes un auto, a través de su letrado, el abogado -español- José Rafael Mariscal Reinoso Jiménez, para “formalizar” un recurso de revisión de su condena, previsto en el artículo 954 de la Ley de enjuiciamiento criminal española, según comentó el mismo Scilingo a PERFIL hace unas horas.
“El 31 de julio de 2017, coaccionado por la situación en que me encuentro, y dado que no tengo autorización ni del gobierno argentino ni de las autoridades judiciales españolas para hacer uso de los medios de prueba que incluyen documentación clasificada de las Fuerzas Armadas Argentinas y resoluciones judiciales argentinas respecto a mi persona, presenté una solicitud de autorización ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo para pedir un recurso de revisión de la sentencia, y adjunté dicha documentación clasificada”, explicó Scilingo a PERFIL en Madrid.
“Hoy mi abogado, me ha comunicado que ha recibido un auto y me lo ha mostrado y lo he leído, en el que dice que luego de ver esta documentación que he adjuntado, y que nunca había sido evaluada por la justicia española, el Tribunal Supremo solicitará una copia de la sentencia 798/2007, del primero de octubre, y cuando la tenga, comunicaría a mi letrado, que formalice el recurso de revisión de condena previsto en el artículo 954 de la Ley de enjuiciamiento criminal española, para lo cual le daría un plazo de diez días”, prosiguió Scilingo.
A la vez que reiteró y detalló que “la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que trata mi caso, le ha pedido copia de mi sentencia a la Sección Tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, y una vez que el Tribunal Supremo la tenga en su poder, es cuando informaría a mi abogado que formalice el recurso de revisión de condena”.
“La primera vez que he solicitado esta autorización al gobierno argentino para aportar a mi causa dicha información clasificada de las Fuerzas Armadas Argentinas, fue el 19 de mayo de 2011 ante el consulado argentino en España, pero al momento no se me ha dado una respuesta, ni tampoco autorización”, reiteró.
“Me he visto obligado a vulnerar las leyes argentinas y a presentar una solicitud de autorización ante la sala de lo penal del tribunal supremo, 31 de julio de 2017, al no recibir respuesta ni autorización para presentarla en mi caso”, agregó.
El Tribunal Supremo de España, ya había rechazado en otras tres oportunidades que el ex militar pudiera presentar un recurso de revisión de la sentencia que le condenó en 2007 a una pena de 1.084 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y detención ilegal durante la dictadura en Argentina.
En 2010, el alto tribunal español le denegó la autorización subrayando “la ausencia de fundamento legal para la revisión” de la condena al considerar que no había aportado datos probatorios nuevos que pudieran justificar la revisión, ratificando así la condena de prisión para Scilingo, luego de que también lo intentara el 13 de marzo de 2009, cuando su solicitud también fue rechazada.
La resolución judicial de 2010 que denegaba la revisión de la sentencia argumentaba “falta el carácter de novedad, pues el condenado insiste en argumentaciones y elementos probatorios que ya pudieron hacerse valer en el curso del proceso”.
“En 2016, a través de una abogada, he escrito solicitando autorización para presentar documentación clasificada y el recurso de revisión de mi condena. Pero en esa oportunidad, el Supremo me dijo que no tenía competencia para utilizar documentación clasificada de otros países”, agregó Scilingo.
El Supremo elevó en julio de 2007 de 640 a 1.084 años de prisión la condena que la Audiencia Nacional española había impuesto al ex capitán de la Armada argentina en abril de 2005.
La Audiencia Nacional había condenado a Scilingo por un delito de lesa humanidad con “causación” de 30 muertes con alevosía en relación con los dos “vuelos de la muerte” en los que participó, detención ilegal y torturas, por lo que lo sentenció a 30 penas de 21 años de cárcel, y otras 2 de 5 años cada una.
*Desde Madrid.
