La pobreza menstrual y su impacto en la educación

Según Naciones Unidas, hay 2.000 millones de personas menstruantes en el mundo. En 2022 en Argentina, de acuerdo a un informe del antiguo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, eran 12 millones. Y, de acuerdo con la Primera Encuesta de gestión menstrual de la Defensoría de Buenos Aires (2020), el 55,1% manifestó haber dejado de ir a la escuela o a la facultad durante su período. Los motivos iban desde los malestares físicos y la vergüenza hasta la falta de un espacio privado e higiénico y de productos de gestión menstrual.

La organización Argentinos por la Educación, si bien no detalla el ausentismo escolar según sexo, destaca en su último informe que “1 de cada 4 estudiantes tiene al menos 20 faltas por año en secundaria” y que “el ausentismo estudiantil es el principal problema para el proceso de enseñanza y aprendizaje”. Por otro lado, señalaron la falta de estadísticas públicas sobre el tema.

En el informe titulado “La gestión menstrual como derecho. Herramientas para su abordaje desde la perspectiva de género y diversidad” (2022), el disuelto Ministerio señalaba que “los productos de gestión menstrual más utilizados, como los tampones y las toallitas descartables, pueden ser hasta un 50% más costosos que el promedio de los valores de los productos de la canasta básica”. Y, “si las personas tienen dificultades para acceder a los productos de la canasta básica, el costo de menstruar pesa mucho más en proporción a sus ingresos. Quienes utilizan tampones, destinan más de una Asignación Universal por Hijo en el año a comprar estos productos”.

En un diagnóstico anterior (2021), había relevado los siguientes datos: el 73% de las personas encuestadas había tenido que modificar alguna vez sus hábitos de uso de productos de gestión menstrual por temas económicos, y casi el 50% comentó haber dejado de asistir a la escuela o a centros de estudios durante su período.

Con el cambio de gestión, los programas de género pasaron a depender de Justicia, que la semana pasada anunció el cierre de 13 de ellos. “Eliminamos 13 programas ideológicos del Ministerio de Justicia, entre ellos un programa que se llamaba ‘MenstruAR”. Este último fue calificado por el propio ministro Mariano Cúneo Libarona como “insólito” en un posteo en la red social X, en la que comparte la decisión. Fue creado en 2023 con el objetivo de trabajar en conjunto con gobiernos locales en la capacitación y entrega gratuita de productos de gestión menstrual.

En el comunicado oficial, afirmaron que muchos de estos programas “eran innecesarios” y “otros no contaban con criterios claros de evaluación y no había control alguno de sus resultados”. También aseguraron que “la eliminación de estos programas representa un ahorro de más de $ 6.000 millones de pesos por año para todos los argentinos de bien”.

Lucia Cirmi fue Subsecretaria de Políticas de Igualdad y detalló a PERFIL que “el programa MenstruAR acompañó a 90 municipios en constituir líneas de gestión menstrual, educación sexual comunitaria, y distribuyó 17.968 copas menstruales” en el tiempo en el que estuvo en funcionamiento, desde su creación en 2023 y hasta que se discontinuó. “Estos 13 programas ya estaban cerrados de facto, no tenían presupuesto, y no tenían tareas, ni gente asignada desde la asunción de Milei. Cuando funcionaban, con muy poco presupuesto, porque eran muy pocos los presupuestos que tenían, hacían mucho”, explicó. Sobre el programa MenstruAR agregó que “tener esa copa y acceder a la información les permitió a las personas beneficiadas manejarse con más autonomía y ahorrar: tenía un impacto sobre pobreza. Y así todos los otros programas, los que trabajaban con mujeres rurales, los que apoyaban a personas trans, a personas en situación de violencia”. Sobre el dinero asignado aclaró también que “había programas que no tenían presupuesto propio, como es el caso del Igualar, donde ayudábamos a las empresas a ser más igualitarias, y eso no era con presupuesto”. Y aclaró que, cuando se habla de los $ 6.000 millones de costo, “para una persona y la economía de su casa puede sonar mucho, pero para la economía del Estado no era mucho”. De hecho, “es un quinto de lo que ellos mismos perdonaron cuando eliminaron el impuesto a las transferencias de inmuebles argumentando que era de muy baja recaudación”. Por lo que, concluyó, “no se ponen de acuerdo con el criterio de qué es poco y qué es mucho”.

Desde Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) también se pronunciaron sobre estos anuncios: “Muchos de estos programas, como toda política pública, podían ser revisados, reformulados o incluso cuestionados. Pero nacieron para dar respuesta a un problema concreto y persistente: la violencia hacia las mujeres por razones de género, que requiere una intervención integral del Estado para poder dar una respuesta real y efectiva a las distintas formas en que se expresa”.