Ley de Emergencia en Discapacidad: la oposición busca en el Congreso el emplazamiento de la moción de censura contra Guillermo Francos

"El Gobierno inventó un sexto paso para las leyes: discutirlas", así resumió Esteban Paulón la decisión del oficialismo de no implementar la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad —oportunamente vetada por el presidente Javier Milei, bloqueo que luego fue rechazado por las dos cámaras del Congreso de la Nación, dejándola firme—. El Ejecutivo supedita su puesta en funcionamiento a que los legisladores especifiquen su fuente de financiamiento. Invitado al piso de “QR!”, el diputado nacional explicó con detenimiento el derrotero de la norma y por qué decidió impulsar una denuncia judicial contra distintos funcionarios apuntados por la no ejecución de la ley.

Paulón mencionó que la ley se encuentra en un "limbo jurídico", apuntó directamente contra la secretaría Legal y Técnica a cargo de María Ibarzabal, y también cargó contra el director del Boletín Oficial, Walter Rubén González y el ministro de Salud, Mario Lugones por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Constituye una ampliación de la misma presentación hecha ante la Justicia donde previamente el legislador había denunciado a Javier Milei y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El Ejecutivo publicó la norma en el Boletín Oficial, pero su correspondiente decreto de promulgación suspende su aplicación hasta que el parlamento defina nuevamente de dónde saldrán los fondos para financiarla. Con sarcasmo, para Paulón la maniobra implica “una innovación inconstitucional”, ya que las fuentes de financiamiento ya habían sido debatidas y aprobadas durante el trámite legislativo. “Estamos frente a una de las cosas más graves de la semana: un decreto que viola la Constitución Nacional y pone en jaque la división de poderes”, afirmó el diputado en el programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22.

El legislador señaló que varios bloques ya trabajan en una moción de censura contra Francos, con números que podrían alcanzar los 129 votos necesarios en Diputados para que sea removido de su cargo.

“Se negaron a garantizar derechos a personas con discapacidad alegando falta de fondos, pero al mismo tiempo condonaron más de 1600 millones de dólares a agroexportadoras al eliminar retenciones”, contextualizó Paulón, evidenciando una contradicción en el discurso y el accionar del Gobierno.

Crisis en Discapacidad: los testimonios de familias a la deriva

Paulón advirtió que si el Gobierno insistiera en sostener la suspensión de la ley, “podría ser causal de juicio político al presidente Javier Milei, porque ningún mandatario puede ignorar la Constitución Nacional”, advirtió.

La discusión seguirá en el recinto la próxima semana, cuando se espera que avance el emplazamiento de la moción de censura. Mientras tanto, el escenario político suma un nuevo capítulo de alta conflictividad.

LB / FPT