Salud: un retroceso nacional y una incoherencia en la ONU

La política sanitaria que se está implementando desde el 10 de diciembre de 2023 en el país se caracteriza por constituir un retroceso de la salud pública y un abandono del Ministerio de Salud nacional de sus compromisos para asegurar el derecho a la salud en forma igualitaria para toda la ciudadanía en todo el territorio nacional. Esto se basa en una lectura textual de la Constitución nacional que en un país federal como la Argentina establece que la salud, al igual que la educación, son responsabilidad de las provincias. Esta interpretación textual de la Constitución justifica que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, se retire y minimice el aporte, tanto en lo económico como en insumos, en capacitación y otros aspectos, todos establecidos en general por leyes que indican son responsabilidad del Estado nacional, que debe compartirlos con las provincias. Los programas nacionales que crean estas leyes son en la gran mayoría básicos para cubrir necesidades de salud de importantes sectores de la población del país. El principal objetivo es que la atención que incluyen sea igual para todas las personas que residen en el país. Incluyen una gran variedad de necesidades de salud, el más antiguo y tradicional es el materno infantil, que junto al de la enfermedad de Chagas, tuberculosis, sífilis y otros fueron vitales para asegurar la salud de la ciudadanía desde hace décadas. A estos se suman otros, entre los más recientes podemos mencionar el de salud sexual y reproductiva, el de VIH/sida y enfermedades de transmisión sexual, el de cáncer y muchos más. Estos programas, además de contar con normas unificadas para las actividades que incluyen, se caracterizan por actualizar la capacitación del personal de salud y también proveer los insumos para la prevención cuando los hay y para el diagnóstico y el tratamiento. Todos estos programas, desde la asunción de gobierno actual, fueron disminuyendo en su accionar y su financiación desde el nivel nacional, a través del Ministerio de Salud de la Nación. Es así como pasan a ser de responsabilidad exclusiva de las provincias, con el consiguiente deterioro de su cobertura en cantidad y calidad, ya que las provincias tienen distinta capacidad económica, así como profesional y técnica, para asegurar atención de igual calidad en todo el país. Estamos en una situación crítica de la salud pública que ya venía deteriorándose y ahora se ha agravado en forma alarmante. El domingo pasado, en PERFIL se señala la Nación redujo en un 61% las transferencias a los sistemas de salud provinciales. El artículo, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, indica que las transferencias a las provincias cayeron en el primer trimestre de 2025; un Foro de Sociedades Médicas lo define como “una grave crisis que están viviendo los sistemas de salud, que afecta el nivel de atención de los pacientes y las condiciones de trabajo de los profesionales”. Esto es lo que se expresa en las demoras en los turnos de las prestaciones, la pérdida de profesionales en los servicios de salud, especialmente los públicos pero que también está afectando a los otros sectores porque muchos están emigrando a otros países donde, además de recibir mejores ingresos, tienen más posibilidades de desarrollarse profesionalmente, esto es muy grave y se ve en la falta de algunas especialidades médicas en las guardias hospitalarias. Este modelo está destruyendo lo que quedaba de los servicios públicos de salud, ya deteriorados en muchos casos, pero en otros no como el caso del Hospital Garrahan.

Esto no impidió que la Argentina rechazara el acuerdo considerado durante la Asamblea General de la ONU sobre las enfermedades no comunicables, enfermedades que son la principal causa de enfermedad y muerte en todo el mundo. Estas enfermedades, que dependen de la forma de vida y no de una causa infecciosa y que son mucho más difíciles de prevenir, requieren cambios que implican deconstruir hábitos como la alimentación, el ejercicio físico, el fumar y otros. Según expresión del ministro de Salud del país, no hay suficiente evidencia. Esto es algo increíble e insostenible en el ámbito internacional. Desde hace décadas hay suficiente evidencia, solo basta recordar todos los estudios sobre el impacto negativo de fumar en la salud, por eso negarla es mostrar ignorancia o evitar reconocerla para no tomar medidas que perjudiquen a productores ya sea de cigarrillos, comidas, bebidas y otras. No podemos pensar que en nuestro país se ignoran estas evidencias, entonces queda la segunda opción. Como argentina especialista en epidemiología, esto me avergüenza e indica una incoherencia que no se puede justificar y que afecta la credibilidad del país a nivel global.