Últimas noticias de la conquista

Se acerca otro 12 de octubre y aunque el actual presidente parece tener preocupaciones más locales y urgentes que la de liderar la batalla mundial contra el wokismo, como se ufanaba de hacer en Davos hace apenas ocho meses, no hay que descartar que nos caiga con otro videíto como el de 2024 en celebración del Día de la Raza (ni siquiera se tomó el trabajo de emitir un decreto cambiando la denominación oficial vigente desde 2010, Día de Respeto por la Diversidad Cultural: simplemente la ignoró). Así rezaba el texto: “El  12 de octubre de 1492, con la llegada de Cristóbal Colón a América, se abrió una nueva era de progreso y civilización en el Nuevo Mundo. Este hito histórico sin precedentes sentó las bases de la modernidad en América, marcando una influencia cultural, lingüística y económica que ha moldeado nuestra historia e identidad. Lejos de ser una simple expedición marítima, la llegada de Colón representó un cambio de paradigma global. Colón, como símbolo de la expansión y el progreso, nos recuerda la capacidad del ser humano para superar lo desconocido y buscar nuevas oportunidades para el desarrollo y la civilización”.

Estas palabras eran acompañadas por una serie de imágenes que alternaban fragmentos de alguna película sobre el tema con otras que parecen salidas de revistas y láminas escolares; todas centradas en los conquistadores, como si hubieran llegado a ocupar un territorio vacío, salvo una que los muestra pasando a caballo frente a la mirada sumisa de los indígenas conquistados; significativamente, las palabras “influencia lingüística” se ven acompañadas por la imagen de una pluma trazando letras –en español, qué duda– sobre un papel, sugiriendo que la escritura llegó con la conquista y soslayando los sistemas de escritura y notación de mayas, aztecas e incas, por nombrar solo a los más conocidos.

Dio la casualidad de que poco después me tocó participar de un encuentro auspiciado por la Universidad de Valladolid, centrado en la empresa de la conquista y colonización españolas y su prosecución por parte de las repúblicas independientes de Sudamérica. En el transcurso de las sesiones me pareció oportuno mostrar a los participantes el video de marras. Tras unos segundos de silencio estupefacto, uno de ellos resumió el sentir general en una frase: “Ni siquiera en España nos atrevemos a tanto”. Exageraba, por supuesto: para esos mismos días carteles con el eslogan “1492. Ni genocidas ni esclavistas: fueron héroes y santos” empapelaban varias ciudades de España, como parte de una campaña de la Asociación Católica de Propagandistas.

Pero ni siquiera en España se atreven a seguir llamándolo Día de la Raza: en 1958, en plena era franquista, la denominación oficial pasó a ser Día de la Hispanidad, que es la utilizada hoy día (aunque todavía hoy celebrado, lamento decir, con desfiles militares). La noción de raza, como cualquier estudio mínimamente serio demuestra, es un constructo ideológico sin ninguna base científica; es cierto que hasta mediados del siglo XX podía utilizarse como sinónimo de “pueblo”, y así Joyce pudo concluir su Retrato del artista adolescente con las palabras “parto a forjar en la fragua de mi espíritu la conciencia increada de mi raza”. Pero después de 1945 la palabra remite necesariamente a racismo, limpieza étnica y genocidio, nociones que no parecen intimidar al actual gobierno argentino.

En el mismo espíritu, el 16 de abril de 2025 celebró otro aniversario de la Conquista del Desierto con palabras como estas: “A 146 años del inicio de la gesta heroica comandada por el prócer de la Nación, el general Julio Argentino Roca, reivindicamos la Campaña del Desierto como un hito histórico fundamental en la historia de nuestra Nación, que significó no solo la extensión del territorio nacional, sino también la constitución del Estado moderno argentino”. La última vez que el genocidio programado de los pueblos indígenas por parte del Estado argentino había sido celebrado como “gesta heroica” fue, vale la pena recordar, para el centenario del desdichado evento, ocurrido durante la última dictadura.

Yo había sido invitado a Valladolid para presentar mi novela La jaula de los onas, que da cuenta de algunos episodios del genocidio del pueblo selk’nam en Tierra del Fuego, posterior a la conquista de desierto y realizado íntegramente con fondos privados, sin gasto por parte del Estado –algo que sin duda merecería la aprobación del actual presidente–. 

Feriado del 12 de Octubre: el Gobierno vuelve a llamarlo Día de la Raza

La Controversia de Valladolid tuvo lugar entre 1550 y 1551, y los dos principales oponentes fueron fray Bartolomé de las Casas, defensor de los derechos de los pueblos indígenas, y Juan Ginés de Sepúlveda, que proclamaba el de los españoles a hacerles la guerra y someterlos si se oponían a la evangelización. Fue tal vez la primera vez que un imperio en expansión sometió a debate la legitimidad de sus conquistas, y al menos en los papeles resultó en un hecho inédito: el rey Carlos V puso la conquista en modo “pausa” durante cinco años, hasta que la cuestión fuera zanjada. Los conquistadores que ya estaban en América y los que fueron llegando no se dieron por enterados, desde ya, pero a partir de la Controversia la Iglesia y la corona trataron de ponerles límites –algo que desde la óptica libertaria sería otro ejemplo de la nefasta injerencia del Estado en los emprendimientos privados–. De haber estado en Davos, Carlos V habría bajado la vista al suelo, avergonzado: sería el perfecto ejemplo de un gobernante confundido y emasculado por el wokismo imperante.

El actual gobierno no se queda en palabras y videos: el 10 de diciembre de 2024 derogó la Ley Nacional 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, sancionada en 2006 con el objetivo de suspender los desalojos y reconocer la posesión de las tierras por parte de los pueblo originarios; también disolvió el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como organismo descentralizado y lo integró a la Jefatura de Gabinete, abriendo la puerta a su posterior vaciamiento en personal y presupuesto. El Plan de Inteligencia Nacional 2025 de la SIDE, revelado en mayo por el periodista Hugo Alconada Mon, pone entre los actores peligrosos que deben ser vigilados a aquellos “que en función de la protección de patrimonios culturales y/o sagrados para las comunidades locales deriven en la obstrucción de proyectos” –una transparente referencia a los indígenas y sus representantes–. La conquista del desierto continúa.

Los gobiernos provinciales no se quedaron atrás. En Río Negro y en Chubut se aprobaron en 2024 leyes que implementan los mecanismos de consulta previa, sin participación de las comunidades indígenas; en Chubut se sancionó además La Ley de Registro de Comunidades Indígena, que somete al arbitrio de un funcionario la decisión de reconocerlas o no. Pero la palma de la insidia y de la infamia se la llevó la Cámara de Diputados de Mendoza, que el 29/3/2023 aprobó la Resolución  Nº 1390, que afirma que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y Tratados Internacionales”; es decir, los llegados a partir del siglo XVI les niegan el título de originarios, y por lo tanto sus derechos, a los llegados en el siglo XII, si no antes. La estigmatización del pueblo mapuche no es privativa del actual gobierno, escaló notoriamente durante el de Mauricio Macri y se prolongó a este de la mano de la ministra de Seguridad de ambos, Patricia Bullrich. 

Distinta parecía ser la relación de las autoridades mendocinas con el pueblo huarpe millcayac, ya que la Ley 6.920 reconoció en 2001 su preexistencia étnica y cultural y declaró sujetas a expropiación las tierras ancestralmente ocupadas por dichas comunidades para serles entregadas junto con las fiscales. Pero en 2025, tal vez aprovechando la nueva coyuntura, el gobernador Cornejo envió a la Legislatura un proyecto de ley tendiente a derogarla. La cuestión está, por el momento, irresuelta. 

Racismo: los libros no muerden, la historia no miente

El gran precursor provincial de los atropellos nacionales, el entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, reformó en junio de 2023 la Constitución provincial, abriendo la implementación de proyectos extractivos en territorios ancestrales indígenas. Más de 400 comunidades se pronunciaron en contra y la protesta, bajo el nombre de Tercer Malón de la Paz, llegó a Buenos Aires. Recuerdo que todos los días, cuando bajaba del subte en Tribunales, atravesaba el acampe de los participantes, que se habían venido con gran esfuerzo de su lejana provincia, y a veces también los veía encadenados a los pasamanos de Tribunales, y más tarde, desde la ventana de mi estudio, marchando por Avenida de Mayo. Mal momento eligieron para la protesta: el triunfo de Milei y la ola revanchista y reaccionaria que puso en marcha acabó con las ínfimas posibilidades que tenían de ser escuchados, y los pocos que quedaban fueron desalojados el 16 de diciembre por la Policía de la Ciudad. Su historia nos deja una triste enseñanza: cuando los pueblos originarios protestan, ni siquiera la calle les pertenece.

Los ataques del actual gobierno a los jubilados, los discapacitados, las minorías sexuales y de género, la educación y la salud públicas han merecido la respuesta de las marchas, el repudio en las urnas, las medidas de gobernadores y legisladores, más recientemente. Pero sus agresiones igualmente mezquinas y feroces al medioambiente y a los pueblos originarios han quedado por ahora sin respuesta. Sus derechos, en el momento actual, son los más vulnerables de todos. Y nadie marcha por ellos.  

*Escritor.