Acusan al ERSEP de no defender a los usuarios y piden su intervención

El Legislador del Bloque Construyendo Córdoba Dante Rossi pidió el tratamiento sobre tablas en la sesión de mañana del proyecto de ley reclamando la intervención del Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP) por el término de sesenta días. Justificó la presentación del proyecto en la “falta de defensa a los usuarios”.

Como el ente cuenta con representantes de los partidos políticos, en la misma presentación se solicita que se deje “a salvo la representación de los partidos políticos, atento su carácter de sujetos de derecho público, y del Director elegido por la Asociación de Usuarios”.

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Para el legislador “el Ersep ha dejado hace mucho tiempo de defender a los usuarios para beneficiar a las empresas prestatarias de servicios públicos. En su momento suspendieron las audiencias públicas, y siempre los aumentos se otorgan casi con exactitud respecto de lo pedido por las empresas”.

La resolución que dejaría el accionar a su mínima expresión para el radical es la número 77 emitida este año, en donde “prácticamente autoriza a la EPEC a darse sus propios aumentos, sin participación del organismo, es un agravio para los usuarios”, indicó Rossi.

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La iniciativa del radical propone la designación de una interventora del organismo. Para esa función sugiere a la presidenta de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Unicameral a la legisladora Ileana Quaglino, “quien cumplirá su función sin percibir ningún tipo de retribución económica”, agrega.

La intervención tendrá varias tareas que enumera, pero se deberá iniciar realizando una auditoría y revisión técnica, jurídica y económica que evalúe el cumplimiento por parte del organismo, fundamentalmente en los aumentos a las empresas que brindar servicios públicos en territorio cordobés. El su primer punto de las tareas es revisar “la razonabilidad y legalidad de los estudios técnicos que avalaron el 314 % de aumento anual de la boleta de aguas cordobesas”; la “suspensión del procedimiento habitual de audiencias públicas previas al aumento de tarifas”, cuando lo estable la Ley 8835; la extensión del mandato del contador Mario Blanco, como presidente; y, los “estudios técnicos que avalaron el aumento del transporte interurbano durante el corriente año”.

Para Rossi, el organismo que nació a través de una ley “para defender a los usuarios, tal como está funcionando hoy, solo le sirve a las empresas”.