De las aulas al delito: dos excompañeros de secundaria fueron condenados por evasión fiscal

El Tribunal Oral Federal Nº 1 (TOF1) de Córdoba condenó a cuatro años de prisión a Ricardo Esteban Cupper, Raúl Horacio Molina y Rubén Daniel Sánchez por crear y operar una organización dedicada a la evasión tributaria mediante el uso de facturas apócrifas, tal como lo solicitó la querella de Arca (exAfip) y el Ministerio Público Fiscal.

El origen del caso: una denuncia y una clave fiscal robada

La investigación comenzó tras la denuncia de Sandra Mónica Hurtado, una ciudadana colombiana que trabajaba como cuidadora. Hurtado señaló que Ricardo Esteban Cupper se había apropiado de su clave fiscal y, junto con Raúl Horacio Molina y Rubén Daniel Sánchez, la utilizó para emitir facturas falsas. Los acusados dieron de baja su monotributo, la reinscribieron en varios impuestos para emitir comprobantes truchos a su nombre.

Durante el juicio surgió un dato llamativo. Las víctimas a las cuales les usurparon sus claves fiscales eran casi todas mujeres, muchas extranjeras y en situaciones vulnerables. 

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Compañeros en el aula y el delito

Durante el juicio se comprobó que Molina y Sánchez  habían sido compañeros de secundaria en el Colegio Santo Tomás. Molina se graduó de licenciado en Ciencias Políticas y dio clases durante años en la misma escuela, hasta jubilarse. Con Sánchez, contador público, se unieron años después para montar un entramado delictivo, aunque cuidaron de no afectar su imagen.

Tenían bien identificados los roles: Cupper se encargaba de obtener claves fiscales de personas vulnerables, Molina de manipular los registros ante la Afip (hoy Arca) y Sánchez, de emitir las facturas apócrifas desde su estudio contable. Los comprobantes eran vendidos a clientes para reducir fraudulentamente sus impuestos.

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Cuatro años de prisión e inhabilitación profesional

La organización funcionó desde enero de 2016 hasta octubre del 2019 y facilitó la evasión de sus clientes por un monto que ascendió a $ 220 millones aproximadamente.

El tribunal condenó a los tres a cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, e inhabilitó al contador Sánchez para ejercer su profesión.