Doble femicidio en Córdoba: contención inmediata, familias de acogimiento y la evaluación judicial que definirá con quién vivirá el niño

Tras el doble femicidio que conmocionó a Córdoba, la ministra Liliana Montero explicó que el niño, hijo de Luna Giardina (24), una de las víctimas, permanece bajo cuidado especializado. La Provincia activó un protocolo de familias de acogimiento y descartó su institucionalización.

En diálogo con Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7), Montero precisó que se trabaja junto al gobierno de Entre Ríos, bajo el esquema de la Región Centro, para garantizar el resguardo emocional y físico del niño, y que la guarda definitiva será definida por un juzgado de familia.

Contención inmediata y acompañamiento técnico

La ministra detalló que la primera etapa fue coordinada con su par entrerriana, Verónica Berisso, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano de esa provincia, y que la articulación permitió una rápida respuesta institucional. “No hubo que presentarse ni improvisar —relató—; los equipos ya se conocen por trabajos previos dentro de la Región Centro”, destacó.

En ese marco, los equipos técnicos de ambas jurisdicciones intervinieron para trasladar y contener al niño, brindándole acompañamiento psicológico, afectivo y físico. Montero enfatizó que la prioridad fue “amortiguar el dolor y las consecuencias irreparables” de lo sucedido. “No se trata de una pérdida por enfermedad o accidente —dijo—, sino de un femicidio cometido por su progenitor. Esa verdad convierte la experiencia en algo ‘oceánico’, difícil de procesar emocionalmente”.

La funcionaria advirtió que el Estado debe sostener una presencia continua y respetar los tiempos terapéuticos: “A su debido momento, con acompañamiento profesional y familiar, será necesario hablar con él de esa verdad dramática”.

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Familias de acogimiento y decisión judicial

Montero confirmó que el niño no será institucionalizado “bajo ninguna circunstancia”. Explicó que Córdoba dispone de un Programa de Familias de Acogimiento, dentro del cual existe un subprograma de familias de emergencia, incorporado este año, pensado para casos extraordinarios.

“Estas familias —describió— suelen ser parte de la comunidad del niño, su escuela o su barrio, y asumen el cuidado temporal mientras se define la guarda definitiva”. Según Montero, en este caso la comunidad que rodeaba a la madre y la abuela del niño “se organizó con una fuerza esperanzada”, demostrando que “frente al odio desparramado, hay una esperanza comunitaria que abraza”.

La segunda fase, ya en curso, implica la evaluación técnica de las familias extensas que expresen voluntad de asumir la guarda. “Nuestros equipos realizan entrevistas, pericias y recomendaciones”, explicó. Luego, la definición final queda en manos del juez de familia interviniente, que decidirá quién ejercerá el cuidado legal y permanente del niño.

Montero aclaró que el Ministerio de Desarrollo Humano no interviene en la causa penal, sino en el resguardo de derechos y la protección integral del niño.

Cambiar la cultura: de objeto a sujeto de derecho

Consultada sobre el contexto social que habilita violencias de esta magnitud, la ministra reflexionó que el desafío es “no negar su existencia”. Describió cómo los llamados micromachismos operan en lo cotidiano: frases como “se puso los pantalones” o la naturalización de tareas domésticas femeninas “construyen jerarquías de poder invisibles” que relegan a la mujer.

“Durante siglos se enseñó que la mujer debía obedecer al varón. Por eso, revertir esa impronta cultural no se logra con una ley ni con una clase al año: es un trabajo sostenido, generación tras generación”, remarcó.

Para Montero, el sistema educativo es clave: las currículas deben incorporar de forma transversal la educación en igualdad. “Desde los dibujos animados hasta la formación docente, debemos revisar los mensajes —dijo—. Hoy muchos adolescentes ya no entienden por qué la diversidad sexual sería tema de debate. Llegará el día en que el femicidio sea socialmente intolerable”.

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Políticas públicas y la figura del femicidio

Montero sostuvo que, mientras tanto, los Estados deben reforzar políticas públicas y mantener recursos. “No se puede retroceder en derechos —alertó—. El desfinanciamiento o la negación del femicidio como figura penal implican desconocer los avances del derecho internacional”.

Recordó que Argentina cuenta con una legislación de avanzada en materia de género y que el femicidio es una figura agravante “porque la mató por ser mujer”. “En este caso —ejemplificó—, la víctima era quien tenía la guarda de su hijo; si no hubiera existido esa condición, no la habría matado. Por eso hablamos de femicidio”, precisó.

Finalmente, la ministra resaltó que hay otras víctimas directas: “Este niño se queda sin su madre y sin su abuela, y además deberá enfrentar la verdad horrorosa de que su padre es un asesino. Esas heridas son profundas y nos obligan como sociedad a acompañarlo”.