Ley de Procedimiento Penal Juvenil: las claves de la nueva normativa para los menores que cometen delitos

La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles la Ley de Procedimiento Penal Juvenil, una normativa que establece nuevas reglas para el abordaje de adolescentes en conflicto con la ley penal. El texto introduce medidas de "resguardo institucional excepcional" para menores no punibles que hayan cometido delitos graves, junto con nuevas herramientas para la reintegración social.

El proyecto, presentado por legisladores oficialistas y con apoyo mayoritario de la oposición, establece un marco normativo diferenciado para jóvenes punibles y no punibles. A continuación, los principales puntos de la ley:

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Resguardo institucional excepcional. Cuando un menor de 16 años cometa un delito grave, como homicidio, robo agravado con uso de arma operativa o lesiones graves, el juez Penal Juvenil podrá ordenar su resguardo en un espacio específico dentro del Complejo Esperanza. Esta medida será por un máximo de 90 días, con posibilidad de prórroga por otros 90.

Medidas socioeducativas y reintegración. Se incorporan herramientas alternativas a la privación de libertad, como la Justicia Restaurativa, la Atención Temprana, la Supervisión en Territorio y la Libertad Asistida. Estas medidas buscan evitar la reincidencia y facilitar la reinserción social de los adolescentes.

Garantía del debido proceso. La ley establece reglas claras sobre los procedimientos, con objetivos, plazos y controles definidos. También fija criterios para que las intervenciones sean proporcionales y respeten los derechos de los menores.

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Creación de una Mesa de Seguimiento. Se conformará una Mesa de Coordinación y Seguimiento con representantes de los tres poderes del Estado, universidades y organizaciones civiles. Su función será monitorear la aplicación de la ley y proponer mejoras.

Actualización de la legislación provincial. La normativa se alinea con estándares internacionales y deroga o modifica artículos de la Ley 9.944 de Promoción y Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de adecuar las intervenciones del Estado a la realidad actual.