Militancia rentada presente en dos causas judiciales: Mario Rey y Guillermo Kraisman

Dos procesos judiciales separados por más de una década muestran un hilo conductor sobre el sistema político de prebendas para gratificar a la militancia partidaria. Ambos adquirieron notoriedad durante la última semana, de allí la relación posiblemente caprichosa, pero tangible.

El domingo pasado, Perfil CÓRDOBA publicó una entrevista exclusiva realizada en el complejo penitenciario de Bouwer a Guillermo Kraisman, detenido en enero de este año e imputado por “defraudación a la administración pública en grado de tentativa”. En ella reconoció que el contrato legislativo que intentó cobrar y pertenecía a otra persona era parte de un “acuerdo político” para pagar el trabajo territorial de una militante.  

El otro caso involucra a Mario Rey, exsubsecretario de Servicios Generales durante la primera gestión municipal de Ramón Javier Mestre. El jueves pasado declaró ante el tribunal que lo juzga por “extorsión” junto a otros dos funcionarios que le seguían en el organigrama, Alejandro Rezk y Guillermo Medina. En esa exposición, mencionó “listas” de personas que se entregaron a dos empresas contratadas para la vigilancia en objetivos municipales. Dijo que él no las entregó, pero al pasar deslizó que pudo haberlo hecho el área de Gobierno. 

El dato no pasó desapercibido a este medio. El juicio que se realiza en la Cámara 3ª del Crimen, integrada con jurados populares, intenta develar si a los pocos días de asumir, en diciembre de 2011, efectivamente Rey, Rezk y Medina presionaron, sugirieron u obligaron a las firmas Visión Nocturna y Centinela a contratar militantes radicales que habían trabajado en la campaña electoral. 

El caso Rey

La imposición, según confirmaron testigos durante la audiencia, podría haber sido la condición para permanecer como proveedores y que los pagos por los servicios prestados a la Municipalidad fueran ejecutados con mayor celeridad. 

Además, hay otra cuestión que emergió en el debate: un aparente “tarifario” que procuró generar coimas. Según la antigüedad de la deuda, habrían solicitado porcentajes del 20%, 15% o 10%. El intento naufragó por la realización de una cámara oculta que llevó en su cuerpo Alfredo Escribano, dueño de Visión Nocturna, ya fallecido, y que luego fue transmitida por el programa ADN conducido por Tomás Méndez y emitido por Canal 10 en 2012. Así estalló el caso e impactó en los tribunales con la apertura de la investigación judicial.

El jueves pasado, Rey negó todo. Dijo que no se exigieron coimas, tampoco “gestos de buena voluntad” a las proveedoras y que él no entregó ninguna “lista”. Pero, sobre este último punto, agregó que si alguien pasó nóminas fue desde el área “de Gobierno” del municipio. En síntesis, no desmintió la existencia de nombres de militantes que llegaron a los responsables de ambas empresas. Sólo dijo que él no las elaboró ni las pasó.

María Almada, viuda de Escribano, es querellante. En la audiencia dijo que a Visión Nocturna le impusieron una nómina de 50 personas –“militantes radicales”– para contratar. Los entrevistaron e hicieron una purga, ya que había muchos que no quisieron el contrato porque el sueldo era bajo. Finalmente, afirmó que tomaron a poco más de una decena y les pagaron el sueldo hasta marzo de 2012. Ese acuerdo incluyó a Mario Santony –sobreseído en la causa por fallecimiento– quien desempeñaba tareas como operador en la Municipalidad, pero recibía el sueldo de la firma de vigilancia. 

Algo similar sucedió con la empresa Centinela. Uno de sus responsables, Roberto Domingo, señaló en el juicio que cuando los contactaron para comenzar a prestar servicios a la Municipalidad de Córdoba le dijeron que tenía que contactar a Santony, ya que era “el que hace el trabajo sucio”. 

Ellos no contrataron a militantes, pero sí aceptaron incluir como personal propio a Alicia Rómoli. Están las facturas pagadas por Centinela a su nombre. Ella se encargó, según testigos, de hacer los trámites en la Municipalidad para que aceptaran a la firma como proveedora. Le pagó la empresa, pero trabajó en el municipio. El hecho de que la firma no incorporara personal de la lista de militantes –un testigo señaló que varios eran de la Juventud Radical– desembocó en la cancelación del contrato. 

El caso Kraisman

El exfuncionario municipal peronista Guillermo Kraisman continúa detenido e imputado por presunta defraudación a la administración pública. Fue apresado cuando, junto a Luciana Castro –también imputada pero en libertad– intentaron retirar $950 mil del Banco de Córdoba, en enero de este año. El monto había sido depositado por la Legislatura de Córdoba a nombre de Virginia Martínez, hija de la dirigente barrial Patricia Defunchio.

En la entrevista publicada el domingo pasado, Kraisman le puso nombre a lo que todos sospechaban: contratos para gente que hace “trabajo territorial” pero los paga la Unicameral. Son nombres que figuran como “asesores”. 

El imaginario hacía pensar que son profesionales especialistas en diferentes ramas, que estudian materias incluidas en las leyes que proponen y aprueban los legisladores. Sin embargo, Kraisman blanqueó que también hay “acuerdos políticos” para que militantes que trabajan en los barrios tengan un contrato legislativo. Así se paga el trabajo “en el territorio”.

La elevación a juicio de Kraisman y Castro –por tentativa de defraudación a la administración pública– y Martínez –por falso testimonio–, que promovió el fiscal Anticorrupción Franco Mondino, incluye a los tres, pero no profundizó sobre las contrataciones de la Legislatura. Inicialmente, el fiscal imputó por tentativa de estafa, delito entre particulares pero el juez cambió la calificación legal a la defraudación contra la administración pública, que coloca al Estado Provincial como perjudicado. 

A pesar de todas las alarmas y señales que presentó el caso, el fiscal Mondino no amplió la pesquisa a la lista de contratados legislativos para saber quiénes son y qué tareas cumplen. Solo comprobó que Virginia Martínez no trabajó en la Unicameral, se le acreditó solamente un mes de sueldo porque apenas estalló el escándalo, las autoridades la dieron de baja. 

Tanto Kraisman como Rey admitieron sin sonrojarse que hay militancia rentada. En el primer caso, lo paga la Legislatura; en el segundo quedó patente que fue una condición impuesta a privados para mantenerse como proveedores del Estado.

Dos causas judiciales que involucran a partidos diferentes aunados en una práctica común que naturaliza la corrupción política.