Nepotismo recargado: hijos de magistrados, la esposa de un diputado y una denuncia contra un juez

El informe que publica este domingo Perfil CÓRDOBA nació porque diferentes sectores de los tribunales federales acercaron dos resoluciones que firmaron en los últimos días la Cámara Federal de Apelaciones y el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2). Desataron una batalla interna por los apellidos que figuran en nombramientos, ascensos y efectivizaciones. Esta nota no pone en duda la capacidad e idoneidad de esas personas, sino que evidencia las operaciones internas en la compulsa de cargos. 

Una resolución regularizó al personal del Juzgado Federal 1, subrogado por el juez de Río Cuarto Carlos Ochoa. La Cámara Federal, con las firmas de Abel Sánchez Torres, Graciela Montesi y Eduardo Ávalos efectivizó a 22 trabajadores. 

La decisión fue celebrada por el gremio, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), porque no suelen producirse movimientos de trabajadores en juzgados sin juez titular. Los largos procesos en el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Congreso para cubrir las vacantes motivó la resolución. 

Inmediatamente, en la interna infernal, hay quien puso el acento en que Sánchez Torres —aún excusándose de intervenir por “decoro”— puso la firma en el acuerdo donde figura uno de sus hijos.

Casi en simultáneo se produjo otro ascenso en el TOF 2. Desde el cargo de jefa de Despacho, Carolina Aguad —con cuatro años de antigüedad, porque ingresó en noviembre de 2021— fue promovida al de secretaria. Por lo general, en la carrera de tribunales para llegar a ese rango el recorrido es de 20 o 25 años. En este caso, el ruido además se produjo porque saltó un escalón del escalafón, es hija del exministro de Defensa Oscar Aguad, con quien trabajó la presidenta de ese tribunal, Noel Costa, y esposa del diputado nacional con mandato hasta el próximo miércoles, Rodrigo de Loredo. 

Fuentes del tribunal señalaron que no hubo impugnaciones por parte de los dos prosecretarios que habrían podido ocupar ese cargo, quienes desistieron del ascenso por diferentes razones. Agregaron que la resolución, que lleva la firma de Costa y del vocal José Fabián Asís, se realizó con “consultas previas y consenso” con el personal.

También fue ascendida la hija de un exfiscal General de la Provincia de Córdoba a jefa de Despacho —una función de extrema confianza de los jueces porque son quienes redactan los fallos— y se sumó la reciente incorporación de la hija de un fiscal federal, que tiene menos de 20 años, egresó del secundario y accede al último cargo del escalafón con un sueldo de $2 millones, que cualquiera desearía tener.  ¿El hijo de cualquier vecino de la ciudad de Córdoba tendría idénticas chances de ingresar a un puesto de semejante calidad?

Este cuadro se suma a la denuncia penal y ante el Consejo de la Magistratura —en septiembre de este año— de la exsecretaria de la Cámara, Celina Laje, contra las máximas autoridades de ese tribunal por presunto maltrato laboral que se presentó tras un enroque de cargos. La Justicia dirá si hubo delito o no, y el Consejo resolverá si el caso amerita o no sanciones, pero a esta altura el escándalo por el cargo en disputa quedó instalado.

Desde el gremio deslizaron una posible nueva campaña al estilo de “los paracaidistas” cuando se opusieron al nombramiento de abogados que trabajaban en la Justicia Provincial cuando se creó el TOF3. En este caso, dicen oponerse a las “carreras meteóricas” y estar en contra de “los saltos de garrocha”, para exigir el cumplimiento a rajatablas de ascensos según el escalafón, sin premiar a nadie por ser “familiar de” o “tener vínculos con”. 

El gremio denunció al juez Vaca Narvaja ante la Cámara Electoral

El viernes pasado, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (Uejn) presentó una denuncia formal ante la Cámara Nacional Electoral contra el juez federal con competencia electoral en Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, y solicitó su intervención. La presentación lleva las firmas del secretario general Julio Piumatto, del titular del gremio en Córdoba, Juan Tripputi, y del secretario de Asuntos Electorales, Elías Ferrando.

En la presentación, acusan a Vaca Narvaja de liderar una “agrupación kirchnerista” a través de su secretario en el Juzgado Federal 3 (JF3) del cual es titular. No mencionan su nombre, pero se trata de Sitraju, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Argentina. 

Señalan que afiliados “se han sentido discriminados, hostigados y perseguidos por pertenecer y militar” en la UEJN; que Vaca Narvaja valida un mecanismo “inicuo” de “premios y castigos”, presiones a trabajadores y contratados, “para que participen de la referida agrupación”. Además, mencionan “violencia y maltrato laboral” y afirman que “empleados por él ingresados al Juzgado Federal N° 3 coordinan la militancia, en especial de las personas contratadas para cumplir funciones en el marco de las elecciones nacionales legislativas de medio término este año”.

Suman pruebas e imágenes de lo que llaman “bunker” que tendría Sitraju en el sótano de los tribunales federales, asignado a la Secretaría Electoral, espacio destinado a la preparación del material para las elecciones, como boletas y urnas. 

No es la primera vez que el gremio de Piumatto y Tripputi embate contra Vaca Narvaja. Meses atrás, el juez propuso designar secretaria a una abogada externa, sin carrera judicial en los tribunales federales.

La Uejn enervó una campaña fulminante —usaron la imagen de una vaca— acusándolo de hacer público “su desprecio total hacia los/as judiciales” en una entrevista que brindó a este medio. En aquella nota, Vaca Narvaja había señalado que combate “la endogamia del Poder Judicial”. 

La relación entre el gremio y el magistrado viene atravesada por un clima de enfrentamiento cada vez más virulento. El último episodio fue la denuncia formulada el viernes pasado. La Cámara Nacional Electoral deberá ahora analizar la denuncia y resolver si abre un procedimiento formal para evaluar los hechos. 

Qué dice el juez

Este medio consultó al magistrado denunciado sobre su vínculo con Sitraju. Respondió que no participa “en internas gremiales”. Dijo que el conflicto se da “por una interna” de la cual es “ajeno”. Recordó que en su pasado participó en un gremio obrero, el Sipos, donde fue delegado y secretario de prensa. “En la actualidad estoy afiliado a la Asociación de Magistrados, a la de jueces federales y a Justicia Legítima”, aseveró. 

Además, sostuvo que “el juzgado está al día en temas importantes como el hallazgo de restos humanos en La Perla (Espacio de la Memoria) y causas penales importantes de otros temas. Soy docente universitario y estoy haciendo mi doctorado. La verdad, mucho tiempo para otra cosa no tengo”.

Aludió a que “la acusación que se lee en los carteles es falsa e injuriante, como lo fue acusar a una de las mejores abogadas de la provincia de ‘paracaidista’, de forma machista y sin posibilidad de defensa”.

Agregó finalmente que "las elecciones salieron 10 puntos y los 50 contratados trabajaron magnificamente".