Una sociedad más longeva: el desafío político de pensar y gobernar un país que envejece
Hacia 2050, uno de cada tres trabajadores tendrá alrededor de 65 años. La caída de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida modificarán el mercado laboral, la educación, la salud y el sistema previsional. El debate ya no debería centrarse sólo en cómo aumentar los nacimientos, sino en cómo adaptar las políticas públicas a una sociedad con más personas mayores y menos jóvenes.
Durante décadas, la demografía fue un dato de contexto. La cantidad de nacimientos, la expectativa de vida y la composición etaria de la población aparecían en informes y proyecciones, pero pocas veces ingresaban de manera directa en la agenda política, económica o empresarial.
Ese escenario está cambiando. La caída de la natalidad y el envejecimiento poblacional comienzan a modificar actividades concretas y, hacia adelante, obligarán a repensar cuestiones centrales para el funcionamiento de los Estados: desde el sistema educativo y la salud hasta el mercado laboral y las jubilaciones.
Uno de los datos que permite dimensionar el cambio es que, hacia 2050, se estima que uno de cada tres trabajadores tendrá alrededor de 65 años. La participación de personas mayores en el mercado laboral crecerá, mientras que las generaciones jóvenes serán proporcionalmente menos numerosas.
Para Andrea Falcone, directora y cofundadora de The Shift, una ONG que trabaja con empresas y gobiernos en la adaptación a los desafíos demográficos, el principal error es pensar que se trata de un fenómeno demasiado lejano. “Creo que era uno de cada tres trabajadores va a tener cerca de 65 años en poco tiempo. No hablamos de medio siglo, estamos a 20 o 25 años. Y parece como que el largo plazo falta un montón, pero no falta nada. Vos pensás: ‘Bueno, en 25 años hay otro mundo’, pero ese mundo ya está impactando. La cantidad de gente que hoy tiene 65 años y está trabajando va a ser el doble en 25 años. Pero ya se duplicó desde 1980 y el período ahora se acelera mucho más”, advierte.
Argentina y América Latina, sostiene, están atravesando esta transformación a una velocidad superior a la que tuvieron otras regiones. Durante años, el envejecimiento poblacional fue asociado a Europa o Japón. Sin embargo, el fenómeno ya está impactando en la estructura económica local. “Cuando hablamos de envejecimiento poblacional y de baja natalidad, decimos: ‘Ah, eso pasa en Europa’. Bueno, está ocurriendo en Argentina aceleradamente en 10 años y en los últimos cinco la natalidad bajó 26,4%. Entonces, ese cambio ya te empieza a impactar en el negocio. Al que tiene colegios, al que vende juguetes, al que tiene maternidades, ya le pegó”, sostiene Falcone.
El impacto seguirá avanzando a medida que las generaciones menos numerosas crezcan. Primero llegará con mayor fuerza a la educación y luego al mercado laboral. “En cinco años lo van a ver en las universidades y en ocho va a impactar en las empresas. Cuando la empresa diga ‘yo quiero talento joven’, va a encontrar un 50% menos. Y eso cambia todas las estructuras, porque te cambia el trabajo”, plantea.
La demografía como problema de gobierno
Para Falcone, el desafío político consiste en modificar la pregunta. Frente a la caída de la natalidad, parte del debate se concentra en cómo lograr que las personas tengan más hijos. Pero considera que la experiencia internacional demuestra que no existen soluciones simples.
Los países que atravesaron antes este proceso probaron incentivos económicos y políticas para facilitar el cuidado de los niños. Sin embargo, la decisión de tener hijos está atravesada por múltiples factores. “Aprendamos colectivamente, porque esto nos está pasando a nosotros ahora, pero ya viene pasando hace muchos años en todos estos países. Ellos ya probaron un montón de cosas que no funcionaron. Probaron incentivar el nacimiento de hijos, probaron pagar, facilitar cuidados de niños, probaron un montón de cosas. Y no funcionaron porque lo que subyace es una decisión personal”, explica.
Las dificultades de acceso a la vivienda, los cambios culturales, las nuevas formas de construir relaciones y las expectativas de las generaciones más jóvenes forman parte de un fenómeno complejo.
Por eso, sin descartar políticas que eliminen obstáculos para quienes quieren tener hijos, Falcone considera que la agenda pública debe concentrarse también en cómo adaptarse a una nueva estructura de la población. “Creo que la decisión hoy de agenda política y de las organizaciones tiene que ser cómo gestionamos una sociedad donde va a haber muchas más personas mayores que personas jóvenes. ¿Cómo nos adaptamos? Para mí es más importante esa conversación. Porque las tendencias que estamos viendo son tendencias irreversibles”, sostiene.
La demografía tiene, además, una característica particular: permite anticipar buena parte de los problemas futuros. Un gobierno no puede conocer con certeza cuál será el nivel de inflación dentro de una década, pero sí puede saber cuántas personas nacieron y proyectar cómo cambiará la estructura de edades. “Lo bueno que tiene la demografía es que los datos ya los tenemos. Ya sabemos quiénes nacieron en 2010, ya sabemos quiénes nacieron en 2020. Entonces, es previsible lo que va a pasar en los próximos 10 años”, afirma Falcone. Y advierte: “Nos quedan 10 años para construir la infraestructura para sostener esta sociedad con una nueva demografía”.
Educación, salud y una vida laboral más larga
La adaptación del Estado deberá atravesar diferentes áreas. Una de ellas será la educación. La disminución de los nacimientos cambiará la demanda de jardines, colegios y, posteriormente, universidades. Pero el desafío no será solamente administrar una menor cantidad de estudiantes.
En una sociedad donde las personas vivirán más años y deberán atravesar carreras laborales más extensas, la formación también tendrá que ser pensada a lo largo de toda la vida. Falcone plantea el problema en tres dimensiones: las personas, las empresas y los gobiernos. “Tenemos que pensar cómo se adapta la persona, cómo se adapta la empresa y cómo se adapta el gobierno, qué decisiones toma. Nosotros trabajamos en esos tres niveles. Vivir 30 años más, si lo miramos como personas, es el mayor logro de la humanidad. Extendimos 30 años la expectativa de vida. Ahora, ¿cómo hacemos?”, plantea.
La mayor longevidad, sin embargo, puede convertirse en un problema si esos años adicionales se desarrollan con dificultades de salud, exclusión laboral o falta de ingresos. “Si es una sociedad donde cuando yo soy grande me discrimina, donde el pico de los despidos está alrededor de los 50 años, donde no tengo buena salud porque no se trabajó bien en la prevención, sumar 30 años más de vida no parece tanto un logro. No parece una oportunidad”, advierte.
Esto coloca al edadismo y a la prevención en salud dentro de la agenda económica y de política pública. Una sociedad con menos jóvenes disponibles no puede, al mismo tiempo, expulsar tempranamente del mercado laboral a trabajadores con experiencia.
El desafío de emplear a los mayores de 50
Para las empresas, la nueva demografía obligará a revisar sus políticas de contratación y capacitación. Falcone sostiene que la escasez futura de trabajadores jóvenes hará necesario ampliar el universo de personas disponibles y desarrollar procesos de actualización de habilidades.
La cuestión ya comienza a aparecer en sectores vinculados con proyectos de expansión. Falcone menciona el caso de una empresa petrolera que comenzó a incorporar la variable demográfica en su gestión de recursos humanos. “Vaca Muerta va a crecer muchísimo en los próximos años y la idiosincrasia de la generación más joven hace que no quieran ir a boca de pozo y quedarse cuatro meses. Entonces, no ven otra alternativa que generar la disponibilidad de ese personal haciendo reskilling de personas mayores de 50 años, que sí están dispuestas a movilizarse por una oportunidad laboral. Fijate cómo la demografía ya se les pone en el negocio”, señala.
El mismo razonamiento debería trasladarse a las políticas de empleo. Si la expectativa de vida aumenta y las sociedades necesitan una mayor participación laboral de las personas mayores, los gobiernos deberán crear condiciones para que esos trabajadores puedan seguir activos. Eso incluye capacitación, reconversión laboral y medidas para combatir la discriminación por edad. La discusión, por lo tanto, no se reduce a decidir si se debe aumentar la edad jubilatoria. Antes o al mismo tiempo, debe discutirse qué oportunidades laborales tendrá una persona de 60 o 65 años.
Jubilaciones: el problema argentino va más allá de la edad
La sostenibilidad previsional será uno de los principales desafíos de las sociedades que envejecen. Una población con una mayor proporción de jubilados y menos trabajadores jóvenes modifica la relación sobre la que fueron construidos muchos sistemas previsionales. Falcone considera que las reglas deberán cambiar, aunque introduce una particularidad argentina: elevar la edad jubilatoria no resuelve el problema central.
“Primero, el sistema previsional como lo conocemos para los que tenemos menos de 50 años terminó. Las reglas van a cambiar muy rápidamente. ¿Cómo lo adaptamos? Con reformas, reformas de adecuación acompañadas de mayor empleabilidad en el segmento más 50. Es muy importante: si les vamos a correr la edad jubilatoria, tenemos que crearles oportunidades de seguir trabajando”, afirma.
En Argentina, además, la informalidad y la dificultad para completar los años de aportes agregan una complejidad específica. “¿El cambio de la edad jubilatoria es importante en Argentina? Te voy a responder que no, es irrelevante. Porque en Argentina sólo el 30% de las personas alcanzan los 30 años de aportes a la edad de poder jubilarse. Con lo cual, hoy la discusión es más grande: cómo generamos mayor empleabilidad y cómo bajamos la informalidad”, sostiene Falcone.
La situación previsional argentina, según plantea, ya tenía problemas estructurales antes de que el envejecimiento poblacional comenzara a ejercer una presión mayor. “Pensemos que el Estado financia el 52% de los pagos y eso ocurre hace mucho tiempo. El déficit de ANSES está sostenido por cuestiones coyunturales de Argentina. A eso se le suma ahora una cuestión demográfica que nos atraviesa a todos los países, pero ya de por sí nosotros estábamos en una situación muy compleja”, describe.
Una nueva agenda de desarrollo
El cambio demográfico no representa solamente una presión sobre las cuentas públicas. También puede abrir nuevos sectores de actividad y oportunidades de desarrollo vinculadas con la salud, los cuidados, la educación continua y las tecnologías orientadas a una población más longeva.
Falcone menciona avances en países como Uruguay y Colombia y plantea que Argentina podría incorporar con mayor fuerza esta discusión en las políticas de innovación. “Colombia está avanzando, Uruguay está avanzando. Hubo una cumbre regional sobre población y un foro específico para el sector privado, para las empresas. Empiezan a poner el foco ahí. Nosotros firmamos un acuerdo regional con la ONU para acompañar empresas en la adaptación al cambio demográfico”, explica.
En el caso de Córdoba, identifica incluso la posibilidad de vincular el desafío demográfico con la economía del conocimiento. “Se podría trabajar mucho en Argentina, incluso en la provincia de Córdoba. Se puede pensar en un polo de economía del conocimiento para todas las startups que estén creciendo, que estén preparando soluciones para esta nueva demografía y que esa solución sea escalable”, plantea.
La transición demográfica, en definitiva, no es solamente un problema de población. Es un desafío de gobierno. Obliga a anticipar cómo se financiarán las jubilaciones, cómo funcionará el sistema de salud, qué tipo de educación necesitarán personas con vidas laborales más extensas y cómo se evitará que millones de trabajadores queden excluidos del mercado por su edad. La diferencia con otros desafíos es que buena parte de esta transformación puede preverse.
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