Gobierno abierto

Cuando en 2009 Barack Obama asumió la presidencia de los Estados Unidos, emitió una directiva en la que aseveró que su gobierno sería abierto, participativo y colaborativo. Estos valores, reunidos bajo el rótulo de Open Government (gobierno abierto), pronto se convertirían en los pilares de una filosofía y un movimiento que acabó por difundirse en todo el mundo.

Probablemente, Obama nunca imaginó la repercusión que tendría su declaración. Pero, desde entonces, el gobierno abierto se convirtió en una suerte de credo de la gestión pública que dio origen a interminables discusiones académicas acerca de su naturaleza y alcances, y generó múltiples iniciativas y compromisos que, en su nombre, promueven gobiernos de toda clase en los cinco continentes.

Ha transcurrido una década y media desde que se inició este movimiento. Son pocos los gobiernos democráticos que todavía no integran la Open Government Partnership (Alianza del Gobierno Abierto), creada en 2011 para promover la apertura de las instituciones estatales. Muchas cosas han ocurrido en este breve período. A la voluntad expresada por los gobiernos de abrirse a la ciudadanía siguieron similares manifestaciones por parte de Parlamentos y Cortes de Justicia, así como compromisos de los distintos poderes estatales para encarar esfuerzos conjuntos en esa dirección. Pronto se sumaron a esa corriente estados subnacionales, provincias, municipios e intendencias. Más recientemente, universidades, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil comenzaron a aportar sus recursos para avanzar en el conocimiento sobre esta filosofía y promover iniciativas para su materialización. También organismos supranacionales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, los bancos regionales, la OEA, la OCDE, el CLAD y otros han llevado a cabo proyectos, difundido declaraciones y publicado informes dirigidos a subrayar las ventajas de un gobierno abierto, sus desafíos y los factores críticos que se requiere encarar para lograr su institucionalización.

Un factor fundamental para que las organizaciones estatales puedan abrirse a la ciudadanía, a la que sirven, ha sido el extraordinario progreso que, desde fines del siglo pasado, se viene produciendo en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Si bien un gobierno puede ser transparente y participativo sin necesidad de apelar a herramientas informáticas, las TIC facilitaron enormemente la posibilidad de establecer una fluida comunicación de doble vía entre los ciudadanos y el Estado. La velocidad exponencial de estos desarrollos abre hoy nuevas perspectivas para transformar totalmente la modalidad tradicional de prestación de servicios públicos por parte de los gobiernos en una dirección de mayor proactividad. 

Todo apunta a que el gobierno abierto y sus principios de transparencia, participación, colaboración, rendición de cuentas e innovación para la apertura se conviertan en las nuevas reglas de juego que gobiernen las vinculaciones entre los ciudadanos y el Estado. Sin embargo, es posible que el optimismo que podrían trasuntar los párrafos precedentes sea prematuro.

Si bien ha habido progresos en esa dirección, parecen existir elementos suficientes para afirmar que, hasta ahora, solo se está atravesando la “etapa fácil” del gobierno abierto, visto como filosofía de gestión pública. O sea, la de su instalación pública; la de reafirmación permanente de su intrínseca legitimidad para que los ciudadanos ejerzan, efectivamente, su papel de mandantes de sus agentes, los funcionarios públicos; la de prometer que la democracia representativa se convertirá, a su tiempo, en una democracia deliberativa. Y, por supuesto, la etapa que ha visto surgir miles de planes de acción y compromisos de apertura que, si bien no son para nada despreciables, constituyen apenas “buenas prácticas” aisladas, que están muy lejos de reflejar una transformación decisiva en las modalidades de gestión de lo público.

Este libro ofrece al lector un análisis sobre la experiencia de la última década y media en la implementación de políticas de gobierno abierto. Propone para ello, en primer lugar, una discusión conceptual que permita comprender de qué hablamos cuando aludimos a un “gobierno abierto”.

En este sentido, se hará una revisión de la vasta producción académica en torno a un término que se convirtió en noción y acabó generando cierto consenso sobre su posible conceptualización. Analizaremos, al respecto, cuáles han sido las contribuciones teóricas para delimitar este campo de estudios, incluyendo una discusión sobre el grado de ruptura o continuidad del gobierno abierto respecto a otros paradigmas de gestión pública que lo antecedieron, así como su vinculación con los trabajos sobre el desarrollo de las TIC y la bibliografía sobre democracia y participación ciudadana.

*Autor de Abrir el Estado. ¿Quién tiene la llave?, editorial Prometeo (Fragmento).